Consumismo estatal

Todos los años por estas fechas suelen aparecer mensajes en contra del insostenible consumismo al que nos abocan las grandes multinacionales capitalistas. A los ojos de estos austeros neocarcamales, los individuos estamos manipulados por la irresistible publicidad que elimina nuestra auténtica capacidad de elección; motivo que serviría para justificar la intervención y coerción del Estado sobre la soberanía del consumidor.

Estos primitivistas desconocen por entero el papel del consumo en el sistema económico, ya que precisamente el capitalismo se basa en la acumulación de capital y por tanto en la necesidad de ahorrar (restringir el consumo) para invertir e incrementar nuestra riqueza.

Con todo, la parcialidad de sus críticas resulta aun más llamativa que su ignorancia económica. Si tanto les molesta el excesivo consumo de la sociedad, uno esperaría que una parte sustancial de sus críticas estuvieran dirigidas hacia uno de sus principales promotores: el Estado. Sin embargo, esta estructura compulsiva sólo recibe halagos y vergonzantes pleitesías por parte de estos enemigos de la soberanía del consumidor.

Baste esta lista no exhaustiva de intervenciones nunca criticadas por los supuestos anticonsumistas y que aun así contribuyen enormemente a incrementar el consumo de los individuos:

• La inflación: La continua pérdida de valor del dinero incentiva a que los individuos lo gasten cuanto antes. La inflación dificulta el ahorro y el atesoramiento de la riqueza en dinero, de ahí que convenga desprenderse de él cuanto antes. El Estado es culpable de la secular inflación debido a la instauración del dinero fiduciario y del continuo incremento de la masa monetaria no respaldada.
• Reducciones del tipo de interés: Aunque la inflación sea su consecuencia más vistosa, las reducciones artificiales del tipo de interés promovidas por el Banco Central también permiten un incremento de la inversión por encima del ahorro real de la economía, esto es, un incremento del gasto en inversión sin que disminuya el gasto en consumo. Suponen por ello un consumo neto del capital acumulado sin que los individuos sean conscientes de ello.
• Déficit público: El déficit público supone una captación de ahorro privado por parte del gobierno para emplearlo en gastos corrientes o en inversiones que no generan el flujo de ingresos necesario para amortizarlas; en otras palabras, son inversiones cuya rentabilidad se desconoce y que, por tanto, su mantenimiento se salda a través de ahorros que no son repuestos.
• Propiedad colectiva: Todos aquellos bienes (como el agua) cuya privatización impide el Estado están sujetos a la famosa "tragedia de los comunes", es decir, un consumo del valor del bien por encima de los fondos dedicados a amortizarlo. Ante la inexistencia de un derecho de propiedad, los distintos usuarios no destinarán sus ahorros a preservar un bien que otros usarán más adelante sin que él pueda impedirlo. Cada usuario exprimirá al máximo el bien sin tratar de conservarlo.
• Pensiones públicas: Las pensiones públicas están basadas actualmente en un sistema de redistribución intergeneracional, por el cual los jóvenes trabajadores pagan su pensión a los jubilados. Dado que estos jóvenes trabajadores tienen una predisposición a ahorrar parte de su renta para el futuro y los jubilados tienen una tendencia a consumir durante sus últimos años de vida su renta disponible y acumulada, el sistema público de pensiones propicia el consumismo.
• Subsidio de desempleo: Cuando una persona pierde su empleo debería reducir su consumo o seguir consumiendo con cargo a sus ahorros previos. Los subsidios de desempleo permiten al individuo carecer de cualquier tipo de ahorro (esto es, consumir la totalidad de la renta mensual percibida) y aun así seguir consumiendo cuando es despedido.
• Subvenciones: Hay multitud de individuos y asociaciones (sindicatos, partidos políticos, cineastas…) que son incapaces de generar riqueza pero que, aun así, perciben una renta gracias a la gracia estatal. Obviamente, en estos casos el consumo es mucho mayor al que podían alcanzar sin subvención.
• Renta básica: La renta básica consiste en un derecho universal a percibir una retribución incondicional por el Estado. Se habilita a todos los individuos a consumir aun cuando no produzcan ni hayan ahorrado previamente de un modo similar, pero más generalizado, al de las subvenciones.
• Impuesto sobre sucesiones: El impuesto sobre sucesiones disminuye la riqueza que percibirán los herederos, de modo que los propietarios actuales tienden a reducir y dilapidar sus patrimonios en mayor medida. Dado que no pueden transmitirlo íntegramente a sus sucesores, el consumo presente se vuelve más intenso.
• Impuesto de sociedades: El impuesto sobre sociedades grava los beneficios de la empresa y, por tanto, disminuye el montante de ahorro empresarial que podría haberse reinvertido. Dado que no se permite su capitalización, las compañías tienen una tendencia muy clara a incrementar todos los gastos deducibles (como el salario de los directivos, las cenas de empresa, los regalos de Navidad…) para disminuir la base imponible (los beneficios) y reducir la cuota efectivamente pagada.
• Gravamen de las plusvalías: La tributación de las plusvalías es un caso claro de doble imposición, ya que el incremento del valor bursátil de la empresa proviene de la capitalización de unos beneficios que ya han sido gravados por el impuesto de sociedades. Aparte de esta duplicación del atraco, el impuesto sobre plusvalías disminuye la rentabilidad de la inversión y, por tanto, convierte el ahorro en una opción menos atractiva.

Además existen dos diferencias esenciales entre el consumo privado y el consumo estimulado por el Estado: la voluntariedad y la auténtica sostenibilidad. Por un lado, el consumo privado es de carácter voluntario y pacífico, todas las partes de la transacción salen mutuamente beneficiadas; el consumo estatal se basa en la redistribución coactiva, el pillaje y la violencia. Por otro, las empresas destinan una porción de sus beneficios a amortizar sus estructuras productivas: un consumo por encima de ese mínimo capaz de regenerar los insumos empleados supone la depreciación progresiva de la compañía y su expulsión del mercado. En el caso del consumo inducido por el Estado la amortización ni siquiera es posible ya que el individuo que se ha de beneficiar de los servicios de la estructura productiva (o del montante de ahorros) no es el mismo encargado de amortizarla.

Casualmente ninguno de los autoproclamados enemigos del consumismo ha dedicado ni un segundo en criticar alguna de las intervenciones económicas que incentivan esta "plaga de nuestro tiempo". Parece más bien que el consumismo sea sólo una excusa vistosa para reclamar que el Estado cercene nuestra libertad de elección y estrangule el capitalismo.

Consuman y ahorren cuanto quieran durante estas fechas: un deseo que va mucho más allá de lo que les permite el Estado y de lo que los tontos útiles del auténtico consumismo insostenible están dispuestos a tolerar.