Uno de los errores más comunes del ciudadano medio es pensar que tiene derecho a tal o cual servicio público porque está al día en el pago de sus impuestos. Y es que los impuestos tienen como característica principal que no necesitan de una contrapartida del Estado para ser cobrados.
Dicho de forma más clara: los impuestos son aquello que el Estado nos puede quitar simplemente por el hecho de que tiene que pagar los gastos que provoca su existencia con el dinero ajeno.
Como los que defienden el Estado no son idiotas, hay toda una maraña de argumentos para intentar defender que gracias al sustento de ese mastodóntico Estado podemos llevar una vida digna sin morirnos de hambre, ser esclavizados o devorados por fieras salvajes.
El hecho es que si esto fuera así no sería necesario tener el sistema impositivo que tenemos. Bastaría con un sistema de tasas por las cuales pagáramos los servicios estatales que disfrutamos de forma transparente.
Por ejemplo, igual que la empresa pública de turno cobra el servicio que nos da al llevarnos agua potable a nuestro domicilio, se nos factura una tasa fija para poder disponer de él, más el consumo que realizamos del mismo, el resto de servicios se podrían cobrar exactamente igual. A saber, si la función de la policía es proteger la vida y propiedades de los ciudadanos, nada más fácil que cobrar una tasa fija por propiedad y persona a proteger, más el coste del servicio que puntualmente nos presten en un momento dado.
A la gente le puede parecer una barbaridad que la policía te cobre si les llamas, pero es lo que hacen los bomberos desde hace años y nadie ha muerto quemado por falta de fondos. Las compañías de seguros se pueden hacer cargo sin mucho problema de la mayoría de intervenciones policiales, y las más complejas siempre pueden ser absorbidas por la parte fija del servicio, liberando así del pago de investigaciones costosas de forma individual.
Y si esto se puede hacer con algo tan delicado como la policía, con más razón se puede aplicar al resto de los servicios públicos.
Una posible crítica es que al crear una tasa por cada servicio se complicaría el pago de impuestos. Cualquiera que haya hecho una declaración de la renta sabe que este argumento se cae por su propio peso, ya que el sistema actual es el más complicado de los posibles. En todo caso las tasas se pueden cobrar de forma conjunta por propiedad o persona sin mucha dificultad.
Por ejemplo, si existen tasas sobre personas físicas sobre seguridad, medioambiente, sanidad y justicia, siempre se pueden cobrar por la misma administración de forma conjunta y con la misma periodicidad. Es lo que hacen muchos ayuntamientos y no parece que a la gente se le complique mucho la vida por ello.
Así que una vez que hemos visto que no habría ningún problema en que el Estado financiara sus maravillosos servicios de forma que sus sufridos contribuyentes supieran qué están financiando y por cuánto le sale broma, habrá que empezar a pensar por qué prefiere un sistema impositivo opaco que separa totalmente los servicios de su financiación.
Y a poco que pensemos nos encontramos con la excusa de siempre: la dichosa justicia social, igualdad socialista o como la queramos llamar.
Volviendo al ejemplo anterior, si un sujeto A, con una renta de 20.000 euros paga 200 €, un 1% de su sueldo, por tener un servicio de policía, mientras que un sujeto B, con una renta de 200.000 € paga una tasa igual, que supone un 0,1% de todo lo que gana, la injusticia, se dice, es manifiesta.
Para desmontar esta creencia sólo hay que razonar un poco. Para empezar, el servicio de partida que da la policía a estos dos sujetos es el mismo, porque no hay ningún indicio que permita sostener que proteger la vida del sujeto A es menos costoso que proteger la del sujeto B. Por lo tanto tildar de injusto pagar la misma cantidad por un servicio igual, es bastante delirante. Y hay un pequeño detalle que se le olvida a los defensores de la justicia social, y es que una cosa son las tasas que se pagan individualmente, y si todos somos iguales no tiene sentido que estas sean distintas, y otras las que se pagan por propiedades. Y aquí es donde la desigualdad de las tasas se cae por su propio peso, ya que esos 200.000 euros de renta del sujeto B pueden ir destinados, bien a un depósito bancario, bien a una propiedad. Y, mira por dónde, tanto uno como otro sí que están bajo la tasa de propiedades. Y no hace falta decir que un banco pagaría bastante más de 200 € como tasa de seguridad, con lo que el sujeto B tendría que hacer frente a un coste mayor por garantizar la seguridad de sus propiedades, al ser éstas superiores a las del sujeto A.
Como última y desesperada crítica siempre se puede recurrir a las personas que no pueden afrontar el pago de ninguna tasa por carecer de medios para ello. Como argumento es bastante absurdo porque al ser servicios del Estado nada impide que éste libere de pagar, total o parcialmente, a las personas que cumplan ciertos criterios, repartiendo el coste de esta medida entre los que sí están en disposición de pagarla.
Por supuesto este razonamiento no le vale a ningún socialista, porque el fin de cobrar impuestos nunca ha sido el de prestar servicio público alguno, sino el de controlar toda la actividad de la población para poder sacar provecho de cada céntimo de riqueza que se genere, y así hacer crecer el Estado, no porque sea necesario, sino simplemente porque todavía queda riqueza que se puede rapiñar para alimentarlo.
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