De los delitos y las penas

En 1764, Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, publicó una obra señera llamada De los Delitos y las Penas. En ella, Beccaria sentaba las bases de los futuros estudios acerca de la proporcionalidad de los castigos respecto a la trascendencia de las infracciones. También planteaba Beccaria el sentido de la reclusión y la importancia de que al salir, el delincuente estuviera dispuesto a vivir conforme a las leyes.

Para ello, por supuesto, es imprescindible una legislación adecuada. En el capítulo XLI, el autor llega a la conclusión de que el fin de toda buena legislación no es castigar los delitos sino evitarlos y que no hiciera falta penalización alguna. Una manera de prevenir los delitos es el de interesar a la ciudadanía, que debe ejecutar las leyes, más en la observancia de éstas que en su corrupción. Otro método es el de recompensar la virtud, de modo que el ciudadano sienta que no sólo cumple para no ser castigado, sino para ser premiado. Pero por encima de todo, para Beccaria, seguidor de John Locke, Montesquieu, Claude Helvetius y Étienne Condillac, es la educación el mejor camino para conseguirlo y, por ello, cree que el perfeccionamiento de la educación es la mejor prevención.

Siglos después, Gary Becker, premio Nobel de economía en 1992 por sus aportaciones microeconómicas en torno al comportamiento y las relaciones humanas, también dedicó una parte de sus investigaciones a analizar la racionalidad del comportamiento delictivo, entre otros sitios, en la colección de ensayos Essays in the Economics of Crime and Punishment. Becker considera necesario hacer un análisis coste/beneficio, no solamente desde el punto de vista del legislador, sino también desde la perspectiva del delincuente. Así, habrá que considerar la eficiencia del aumento en el gasto en fuerzas de seguridad del Estado respecto a la disminución de los delitos, o el coste implícito en la remodelación de la legislación en términos del ahorro que supondrá la disminución de los delitos como consecuencia de dicho cambio legal. Pero Gary Becker va más allá, y entiende que los delincuentes también se harán ese planteamiento. De esta forma, seguirán delinquiendo en función de la posibilidad de ser capturados, lo penoso del castigo y la ganancia potencial, no solamente monetaria, sino también en cuanto a prestigio social.

El 29 de septiembre pasado, los sindicatos mayoritarios se sumaron a la huelga general convocada por los sindicatos europeos. Apenas hubo seguimiento. Para quienes vivimos en Madrid la huelga fue menos dañina que una nevada. La vida transcurrió prácticamente igual. Pero en otros sitios de España, como Barcelona, la huelga sirvió de excusa para el vandalismo. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a 43 personas solamente en Barcelona. Y del total de arrestados, hasta 34 eran conocidos por la policía por desórdenes, daños y desobediencia. Los servicios de asistencia se ocuparon de 81 personas durante la jornada de paro, 49 de ellas mossos d’Esquadra, 31 ciudadanos y un enfermero. El edificio del Banco Español de Crédito de la Plaza de Catalunya fue ocupado y destinado a cuartel general de las hordas vandálicas y tuvo que ser desalojado por las fuerzas de seguridad.

Pues bien. De los 43 detenidos, solamente 10 han declarado ante el juez y, de ellos, solamente dos han ingresado en prisión. El resto están en libertad a la espera de ser llamados a declarar. Pero puesto que la mayoría son extranjeros residentes en España, es posible que sigan su tournée Erasmus-borroka y si te he visto, no me acuerdo.

¿Qué mensajes se lanzan a los ciudadanos con esta actitud de la justicia española?

Primero, las fuerzas de seguridad no pueden defenderte siempre. A veces, la corrección política es más importante que cualquier otra cosa aunque la población sea agredida (físicamente y en su propiedad).

Segundo, los vándalos deben atentar aprovechando los eventos políticos. En esas ocasiones todo vale y los “compañeros y las compañeras” te van a apoyar, aunque a ti solamente te importe montar bulla o conseguir unos pantalones vaqueros.

Tercero, incluso si te pillan, el sistema judicial es tan incompetente que no te va a pasar nada.

Solamente se puede añadir que quienes defienden un Estado mínimo (y con más razón quienes defienden un Estado obeso) pretenden que las funciones del Estado deben ser la justicia y la defensa de la población.

Saquen consecuencias.