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Del (falso) cierre de las térmicas…

El pasado 30 de junio echaban el cierre siete de las quince centrales térmicas de carbón que a esa fecha aún estaban activas en España. Así, Compostilla II (Endesa) y La Robla (Naturgy) en León, Andorra (Endesa) en Teruel, Velilla (Iberdrola) en Palencia, Narcea (Naturgy) en Asturias, Meirama (Naturgy) en La Coruña y Puente Nuevo (Viesgo) en Córdoba dejaban definitivamente de funcionar. La decisión de cerrar estas plantas se basa en tres razones. La primera es una decisión empresarial, que está muy influida por las circunstancias políticas y legislativas, y no porque esta fuente de energía sea, con la tecnología actual, ineficaz. La segunda tiene que ver con la legislación energética y medioambiental de la UE, que obligaba a las empresas a realizar adaptaciones técnicas para este tipo de centrales de cara a reducir las emisiones tanto de CO2 como de los habituales contaminantes. No todas las infraestructuras de generación eran adecuadas para tales cambios, bien por obsolescencia de estas, bien porque no fuera rentable realizar la adaptación, o bien por ambas. Sin embargo, la principal razón por la que el conjunto de térmicas de carbón va a ser cerrado en unos años ha sido la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de adelantarse a otros países en la descarbonización de la economía española, a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que pretende un marco normativo e institucional nuevo, así como una serie de cambios de conductas de la ciudadanía en relación con el uso de la energía y, en general, con su interacción con el medio ambiente.

El anuncio de esta ley, en febrero de 2019, pilló a las eléctricas con la guardia baja[1]. Algunas de ellas habían presupuestado y empezado a cambiar las instalaciones de algunas térmicas de carbón. En concreto, Endesa ya tenía en marcha los cambios y, por tanto, planes de futuro para sus centrales térmicas de carbón de As Pontes en La Coruña y Litoral en Almería. Con inversiones en torno a los 200 millones de euros en cada una de ellas, ahora, ambas instalaciones deberían ser cerradas entre 2021 y 2025, junto a dos grupos de Alcudia en las Islas Baleares, Los Barrios (Viesgo) en Cádiz, y Aboño y Soto de Ribera (ambas de EDP, con plazo hasta 2030) en Asturias[2]. Estos cierres responden al periodo de vigencia del Plan Nacional Transitorio. Estamos ante una ley tan ambiciosa en términos medioambientales como dudosa en términos de rentabilidad económica. Estamos ante una ley que, pese a la difícil situación económica en las que vivimos por los efectos de la pandemia de la covid-19 y una política típicamente socialista para afrontarla, no sólo no se ha frenado, retrasando al menos algunas medidas, sino que mantiene su vigencia y parece que quiere aprovechar la situación para forzar algunos de esos cambios sociales y económicos. Estamos ante una ley que interviene en un mercado, el energético, que se encuentra lejos, muy lejos de eso que se llama “libre mercado”, pero al que se culpa cuando la intervención termina en desastre, como ya ha ocurrido. Para ser justos, las empresas están muy implicadas en acelerar el proceso, ya que sacarán pingües beneficios a través de incentivos a la inversión, ya sea en centrales renovables o en redes.

En este primer tramo, las térmicas han cerrado y, para paliar los efectos negativos de los cierres, el Gobierno ha anunciado la firma de “convenios de transición justa[3]” que resuelvan o minimicen los efectos dañinos en el empleo de la zona y para salvaguardar las poblaciones afectadas, evitando la emigración de la zona. Es en estos convenios donde vemos la picaresca de los políticos, pero también la ceguera de la población ante un fenómeno que se venía anunciando desde hace años. En el primer caso, los convenios de transición se han firmado tarde, cuando el cierre de la central era inminente. Se ha intentado atraer empresas para sustituir a las que se van, de forma que se garantice al menos buena parte del empleo perdido. Se ha pedido a las eléctricas, incluso en términos que podrían considerarse amenazas, que aseguren el trabajo de empleados directos o de las subcontratas que realizan labores auxiliares, como los servicios de limpieza o el transporte de mercancías. Las eléctricas han buscado soluciones típicas, como las prejubilaciones, recolocaciones a los que quisieran y pudieran moverse en otras plantas o la creación de nuevos puestos de trabajo ligados al desmantelamiento u otro tipo de generadoras que podrían sustituir a las que cierran, como parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Desgraciadamente, todo lo que se ha construido en torno a un monocultivo, el energético (restauración, hostelería, servicios diversos), se perderá como lágrimas en la lluvia, ya que sólo vivía para ello. Es difícil atraer a una localidad tan poco preparada para otra cosa que no sea la térmica a nuevas empresas de sectores poco relacionados con el energético. Esta labor se tenía que haber hecho antes, durante años, independientemente del color político de los Gobiernos locales, regionales o centrales. La rapidez de los socialistas por lo verde ha precipitado el desastre, a la vez que ha acrecentado conflictos políticos que nada tienen que ver con las empresas y los ciudadanos.

Sería injusto echar la culpa sólo a los políticos, pues la ciudadanía no debería haber sido ciega a las señales, algunas de ellas muy claras. Las eléctricas, en algunos casos, hace años que anunciaron su interés en marcharse de ciertos territorios. Al menos, en estos, la población y las autoridades locales deberían haber empezado a prepararse para la situación y quizá atraer a las ahora tan soñadas empresas alternativas. Las autoridades regionales podrían haber empezado a invertir en infraestructuras viarias o medidas fiscales[4] que hubieran hecho atractivos estos territorios. El caso de los regantes del Guadalope, cerca de la turolense localidad de Andorra, es un claro ejemplo. Durante años, en virtud de un convenio con Endesa, y al usar la eléctrica el agua del río, esta pagaba buena parte de la factura del riego. Durante años, los regantes se han beneficiado de un precio del agua muy competitivo frente a otros agricultores. Cuando Endesa empezó a anunciar un más que posible cierre de la térmica, deberían haberse preparado para incrementar los costes de explotación o para buscar algún tipo de acuerdo con otras empresas. Nada de ello se hizo, o al menos nada de ello llegó a buen puerto y ahora, no les queda otra que triplicar el precio que pagan por el agua. De la misma manera, la población de las localidades afectadas debería ser consciente de que la gallina de los huevos de oro se puede morir y no por ninguna conspiración del capitalismo internacional, por políticas antisociales o cualquier otra excusa izquierdista, sino porque las cosas cambian. En un mercado libre, la población está más preparada para hacer frente a estos cambios, mientras que, en un mercado regulado y un Estado de bienestar, su preparación está ligada al victimismo, la queja y que lo resuelva el poder político. Ambos lo pasarán mal, tendrán dificultades, incluso ambos se quejarán y podrán culpar a terceros con o sin razón, pero en el primer caso, las oportunidades de buscar un nuevo trabajo son más probables que en el segundo, donde es más fácil caer en la ayuda y la subvención para hacer del ‘ir tirando’ un estilo de vida. No es la primera vez que las reconversiones generan malestar social, incluso manifestaciones y violencia.

He titulado el cierre de las térmicas como falso porque, si bien en España estas terminarán cerrando, en el resto del mundo esta situación no es cierta. Países como China, La India o Indonesia tienen grandes centrales que usan carbón. Japón ha hecho pública la decisión de construir 22 centrales térmicas de carbón. Muchos países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo tienen este tipo de fuente energética. Un país tan cercano a nosotros como Alemania no tiene previsto eliminarlas en el medio plazo, incluso se ha permitido el lujo de dar lecciones de ecologismo y reprimendas a terceros países de la UE, después de abrir una térmica de carbón de 1,1 GW a finales del pasado mes de mayo.

Aunque en términos globales, puede que sí que haya una reducción, estamos muy lejos de la descarbonificación de la economía. La decisión de España es una decisión de carácter político que, como se ve, no tiene nada que ver con una realidad más global; es el esnobismo de ser de los primeros, cueste lo que cueste y afecte a quien afecte. De hecho, el desarrollo tecnológico permite que la emisión de contaminantes y de los tan temidos gases de efecto invernadero sea mínima o incluso inexistente, retrasando el cierre y esperando a que haya una adaptación más sostenida.

Otro asunto que no acompaña es la naturaleza del Gobierno español, formado por dos partidos, uno de índole socialista, con ciertos atisbos de socialdemocracia, y otro comunista, con no poca identidad revolucionaria. Para Pablo Iglesias o Alberto Garzón (Unidas Podemos), el control de los sectores económicos estratégicos es un objetivo y la nacionalización de las empresas, una herramienta. Es cierto que, en tanto estemos en la UE, esta posibilidad es nula, pero la alternativa, la hiperregulación, es posible y en ella se está trabajando, pues a una parte del PSOE no le importa, incluso favorece sus políticas de transición ecológica. En una entrevista aparecida en varios medios regionales el fin de semana del 5 de julio, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, decía que tenían que trabajar por una política industrial de carácter público que esté alineada con la transición ecológica y que garantice nuevas oportunidades y empleo de calidad. Esta bicefalia económica no hace atractiva la inversión en España.

La realidad es que las renovables van a sustituir a las térmicas de carbón y, en el futuro, a otros combustibles fósiles, y que en 2050 deberían suponer en España el 100% de la energía consumida. Este futuro posible debería ir haciendo pensar a las poblaciones que albergan un ciclo combinado de gas en buscar alternativas, aunque queden 30 años para otra nueva realidad. Y la nueva proliferación de renovables, además de dar para otro artículo, es un desmadre.

[1] Aunque el anteproyecto fuera de 2011.

[2] Quedarán algunas activas, incluso usando carbón o, en la medida de sus posibilidades, otros combustibles. Serán pocas, por razones locales y operativas, y en términos cuantitativos, poco relevantes.

[3] Eufemismo que tiene mucho tirón mediático, pero que, en la práctica, es un concepto hueco, lleno de probabilidades y de pocas certezas y que parece más ligado a dar falsas esperanzas y evitar el conflicto social, al menos el más violento.

[4] Aunque ahora cualquier incentivo fiscal es susceptible de ser tildado de competencia desleal o algo peor por parte de la izquierda.

 

Comentarios

Anónimo

Las renovables son ineficientes en muchos aspectos. La vida de mucha gente depende de la existencia de energía eléctrica suficiente para todos los procesos productivos, entre los que cabe contar el buen funcionamiento de los hospitales y la producción y distribución de medicamentos y otro material sanitario. ¿Están intentando reducir forzosamente la población de España hasta el punto en que las renovables puedan ser eficientes para sostener las vidas de estas personas, o bien están intentando meternos con calzador esta desastrosa tecnología prohibiendo la competición para reducir la población?
¿Cuántos vamos a morir sacrificados en el altar de la religión ecologista? ¿No vamos a hacer nada para impedirlo?

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