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Democracia, impuestos y socialismo

En su obra The political order of a free people (1976), Hayek advirtió de que “la democracia actual es la causa fundamental de la progresiva y acelerada hipertrofia del sector público”. En el caso español, el paso de la dictadura de Franco a la democracia supuso que en sólo seis años el gasto público se cuadruplicara en términos nominales. La reforma del IRPF de Fernández Ordóñez y la creación de las autonomías, máximas conquistas democráticas en el orden económico y político, provocaron un incremento de fondos en manos del Estado sin parangón en la historia del país.

En la actualidad el gasto público total español ronda en torno al 40% del Producto Interior Bruto y eso después de que los gobiernos de Aznar redujeran su peso relativo, que durante el felipismo sobrepasó ampliamente el 50%. En otras palabras, el Estado se incauta actualmente de casi la mitad de la riqueza nacional para realizar sus funciones, que en un régimen de partidos giran necesariamente en torno a la satisfacción de los deseos de sus clientelas políticas pues, en democracia, no interesa tanto el bien común como el ganar las elecciones.

La situación se agrava cuando los gobiernos están sostenidos por una mayoría minoritaria, como ocurre actualmente en el caso de España, pues entonces la necesidad de compensar los apoyos parlamentarios de las minorías se traduce en un incremento de las transferencias de fondos con destino a sus respectivas clientelas. El caso del PSOE y ERC, por evidente, nos exime de insistir en este extremo.

La experiencia, el sentido común y los economistas solventes nos dicen que el desarrollo económico de un país se produce a través de una elevada inversión privada, bajos impuestos y equilibrio presupuestario. La voracidad fiscal de PSOE, consecuente con su condición socialista, continúa reduciendo el peso del sector privado, amenaza con una subida de impuestos que ya empieza a tomar carta de naturaleza en los presupuestos del año próximo y no contribuye al sano equilibrio presupuestario que hasta los responsables comunitarios han dejado de exigir con carácter imperativo.

A comienzos del Siglo XIX el gasto público estaba en torno al 8%. Hoy en día, los países democráticos conviven con una incautación estatal de riqueza de casi la mitad del producto nacional. Sin embargo, el desempleo está en los niveles más altos de la Historia, la deuda pública se sitúa en niveles astronómicos y la seguridad social está de hecho en bancarrota. La solución a estos problemas que propugna el régimen de partidos es mayor intervención estatal, con lo que se entra en un círculo vicioso de final necesariamente desastroso. El doctor democracia ha agotado su farmacopea. Es hora de la cirugía.