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Desafíos al Estado de derecho: el cibercrimen (IX)

Tal y como hemos venido analizando a lo largo de esta serie, las tecnologías, que están evolucionando a velocidades increíbles, aportarán al mundo -tal y como ya lo están haciendo- unas posibilidades para que los hombres se desarrollen y vivan cada vez en mejores condiciones, realmente impensables hace sólo unas décadas. Pero, a la vez, esa misma evolución tecnológica, en manos de personas con malas intenciones, crea unos riesgos importantísimos para todos, que afectarán a nuestros móviles, a nuestros automóviles, a todos los dispositivos del hogar que tengamos conectados a la red (que cada vez serán más), a los robots de cuidado personal, a los dispositivos médicos implantados en nuestros cuerpos, etc., pero también a los sistemas eléctricos y de agua de nuestras ciudades, centrales nucleares, drones y demás material militar.

Y es que, por un lado, si no se descentralizan las infraestructuras tecnológicas, a los cibercriminales les bastaría, por ejemplo, con dejar sin electricidad a una ciudad para dejarla, a la vez, sin internet, con lo que no habría distribución de agua, o producción y distribución de alimentos, transacciones financieras, comunicación o transporte (con lo que la gente no podría trabajar), no funcionarían los hospitales ni los aparatos médicos de los que dependerán las vidas de muchas personas, tampoco funcionaría correctamente la policía o el ejército, muchas de sus armas… con riesgos notables para la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad.

Por otro lado, mientras las herramientas tecnológicas que utilizamos unos y otros sean también las mismas (idénticos softwares), con las mismas capacidades, pero, también, con los mismos puntos vulnerables, la posibilidad del cibercriminal de replicar el mismo crimen en miles, millones, de personas es tremenda, con lo que la motivación y el aliciente es infinitamente mayor que hasta la fecha. Basta con descubrir el fallo de seguridad de un programa concreto muy generalizado para poder atacar a miles de empresas, cientos de miles de trabajadores, millones de hogares, poniendo a disposición del criminal enormes cantidades de información susceptibles de hacer mucho daño económico, físico y moral. Cuantos más datos conservemos en nuestros dispositivos, mayor es el riesgo y mayor la necesidad de protección.

El problema, además, se agrava dado que es muy difícil combatir algo que no se ve, cuando los intrusos a los que te enfrentas no están físicamente próximos a ti y contra quienes los paradigmas de seguridad actuales (armas de fuego, fuerza física, fronteras o vallas o muros de gran altura) sirven para poco. Si a ello le añadimos el hecho de que los criminales pueden estar actuando desde países o territorios que los protegen y a los que no se puede acceder para perseguir, capturar y condenar al culpable, la impunidad, la motivación del criminal, los escasos riesgos que asume, etc., hacen que estén más dispuestos a seguir en su actitud y con su actividad.

Las facilidades que crea la propia red para que los criminales se comuniquen entre sí, para que colaboren entre ellos (pueden ser miles los que colaboren en un mismo ciberataque) sin tener que conocerse, escondidos, ocultos tras un pseudónimo, hacen que la ecuación se complique de manera exponencial.

Todos esos retos hacen que los Estados tal y como están concebidos hasta la fecha, con su monopolio de la fuerza y todas sus prerrogativas, no sirvan, nos pongamos como nos pongamos, para hacer frente, por sí solos, a todos esos riesgos. Y no sólo por los clásicos problemas de información e incentivos que utilizan los teóricos liberales. Las “armas” -en sentido amplio- de las que disponen los Estados han dejado de ser útiles contra los nuevos criminales. La respuesta, por tanto, sólo puede venir de la sociedad civil.

El inconveniente de que las respuestas vengan desde los propios individuos, desde su libertad, desde su espíritu empresarial, y tras un continuo ensayo de prueba y error, es que las soluciones que le acabemos dando a estos problemas son, hoy por hoy, imprevisibles, y, por tanto, es muy difícil escribir un artículo enumerándolas. Pero está claro por dónde acabarán llegando: en primer lugar, será necesario que cada uno sea responsable de sus actos, de sus bienes, de su información, consciente de los riesgos que lo amenazan y dispuesto a actuar en consecuencia, dado que nadie va a poder venir a defenderle. En segundo lugar, la “colaboración” entre millones de personas, tanto en sus actuaciones como en la utilización de información, también será, previsiblemente, muy necesaria: dado que los cibercriminales se alían entre ellos, no creo que una respuesta sólida a sus ataques pueda venir de personas individuales si están desconectadas y no colaboran entre sí. En tercer lugar, la libertad individual y el espíritu empresarial en sana competencia será también imprescindible para ir atajando los distintos problemas que vayan surgiendo: de igual forma que los cibercriminales están innovando continuamente, buscando respuestas a los frenos con que se enfrentan a ellos las gentes de bien, éstas no podrán hacer otra cosa sino innovar continuamente, sin desfallecer, en un proceso continuo y con libertad para que vayan siendo los mejores quienes dirijan las distintas batallas.

Esas recetas no son nuevas y nos suenan mucho a los liberales. El problema, como siempre, es el riesgo terrorífico de que venga el Estado a limitar todavía más nuestra libertad para evitarnos todos esos riesgos que hemos señalado más arriba. El consuelo es que, aunque el Estado, políticos y burócratas nos pisoteen todavía más, lo estarán haciendo, como siempre, “por nuestro bien”. Triste consuelo.