Usted está aquí

Desfachatez y fatalidad

La grotesca explicación ofrecida por representantes del Partido Popular para justificar el borrado de los discos duros de sendos ordenadores que su anterior tesorero y gerente Luis Bárcenas Gutiérrez utilizaba en su sede nacional, malogrando una clonación de su contenido como diligencia de una instrucción criminal, ha entrado ya, con independencia de las posibles consecuencias penales para sus autores, en la amplia muestra de las sinvergonzonerías con las que los políticos españoles asombran al mundo (que no le queda otro remedio que prestarles alguna atención).

Junto a otras notas que se repasarán, recuerda, por su pasmoso parecido, a la estrategia de los dirigentes del PSOE cuando saltó el escándalo de su financiación ilegal en 1991 gracias a las denuncias de su contable, Carlos Van Schouwen. Ante dos negativas a entregar al juez Marino Barbero Santos la contabilidad de su partido del año 1988 a 1992, solo las órdenes de entrada y registro de su sede, del Banco de España y el Aresbank para incautarse de documentación, impidieron que se malograra del todo la instrucción. Entonces los socialistas en el gobierno alegaban que no tenían obligación de guardar documentos contables, por estimar que eran propios de una empresa y no de un partido político. Denunciaron al juez instructor ante el Consejo General del Poder Judicial por "conculcar sus legítimos derechos" y organizaron una campaña utilizando todos los resortes a su disposición para desprestigiar y torpedear su labor. El juez, coaccionado y humillado, renunció a su puesto en la carrera judicial después de que el gobierno de los jueces le denegara el amparo frente a las presiones de todo tipo que recibió. Aguado convenientemente el sumario por el rechazo de la Sala segunda del Tribunal Supremo a su petición de suplicatorio del aforado Alfonso Guerra González y la faena de control de daños del magistrado Enrique Bacigalupo Zapater -quien redujo el número de procesados a 12, de los 50 que habían sido imputados-, las sesiones del juicio oral comenzaron en septiembre de 1997. El Tribunal Supremo terminó condenando a penas de prisión a los personajes de segunda fila acusados, pero la historia real solo la suponemos.

Ahora los dirigentes del partido donde Bárcenas prestó servicios durante más de 20 años, incluido un tiempo después de saltar el escándalo, pretenden hacer creer que un perdido artículo (92.4) del reglamento de la Ley de protección de datos de carácter personal les obligó a borrar los discos duros donde se registraban movimientos y operaciones con trascendencia contable. Sin embargo, apoyarse en la existencia de esa legislación para escamotear una información interna requerida por el juez que investiga la comisión de unos delitos cometidos en el seno de esa organización (cohecho, blanqueo de los capitales obtenidos por esa vía, falsedad y contra la Hacienda Pública) reviste indicios de una lisa y llana destrucción de pruebas que puede calificarse, por lo menos, como un delito de encubrimiento. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso así lo ha apreciado, deduciendo testimonio y remitiéndolo (tal vez precipitadamente porque podría ser un delito conexo) a los juzgados ordinarios para que investiguen los hechos.

En sus tiempos, los prebostes del PSOE organizaban campañas contra los jueces que se atrevían a actuar contra sus desmanes, y ponían en marcha su maquinaria propagandística en los medios de comunicación y la academia adicta para limitar la intervención de la acusación popular en los procedimientos penales que se seguían contra ellos. El Partido Popular, por cierto, ejercitó esa acción en alguna de esas causas. Ahora, en cambio, sin cargar directamente contra el juez -dado que éste no ha decidido hasta ahora apuntar a niveles más altos del escalafón o conectar el asunto que le ocupa con la trama Gürtell- el partido que sustenta al gobierno se enzarza en maniobras de distracción como pedir la "expulsión" de las acusaciones populares ante la fiscalía (un órgano que no puede tomar esa decisión) o denunciar ante la Agencia de Protección de Datos a su rival. No obstante, hasta que fue expulsado del procedimiento, mantuvo la ficción de que actuaba como acusación particular por la actuación de un individuo que, presuntamente, recaudaba donaciones en dinero negro para, entre otros fines, pagar sobresueldos a sus altos cargos. Como si del guión de una película mala se tratara, el presidente del gobierno miente en el Congreso de los diputados sobre la duración de la colaboración de su partido con su anterior tesorero. Poco después, su vicepresidenta responde sobre la desaparición de los discos duros originales que "tampoco podemos entrar a valorar las decisiones de los partidos" cuando "están actuando como empresa, sea el partido que sustenta al Gobierno o sea cualquier otro".

Los años transcurridos entre dos grandes casos corrupción de los principales partidos refuerzan la idea de que los políticos españoles que detentan el poder siguen pautas muy similares en situaciones semejantes. La diferencia estriba en la acumulación de casos que afectan a todos los partidos con poder real en España –PP (Bárcenas/Gürtel), PSOE (EREs), CiU (Palau/ vástagos de Jordi Pujol Soley)- y la constatación de que su contumacia en incumplir leyes penales básicas forma parte de la estructura política del sistema.

Esta comparación incompleta ofrece elementos que permiten aventurar a corto plazo el comportamiento de los actores principales en una situación política tan grave como la de España, que se suma a la profunda recesión que sufre su economía. La experiencia apunta a que, por mucho que avancen las investigaciones judiciales, no cabe predecir que se produzcan las dimisiones normales en un sistema de democracia representativa sometido a una ética política que conlleva la apariencia de gestión honrada de los asuntos públicos. Asimismo, las estructuras jerárquicas de los partidos politicos dominantes impedirán cualquier tipo de renovación interna. Antes al contrario, consideran que el atrincheramiento en el poder les permitirá obstaculizar la sustanciación de las responsabilidades penales que les puedan afectar.

El descrédito de este estamento político está lejos de ser generalizado, empero, ya que según las encuestas más de un cincuenta por ciento de los españoles, continúa manifestando abiertamente que votaría a esos partidos. Acaso por falta de alternativas. Se da el peligro, además, de que los partidos suban más peldaños en su desafío abierto a las leyes (CiU y PNV, tutelados en su vesania nacionalista por la ERC y los restos de la ETA) la demagogía peronista (IU y PSOE) y las recetas socialdemócratas (PP) para desviar la atención sobre su responsabilidad en el actual estado de cosas. Y, sin embargo, la necesidad para los españoles de liberarse del entramado de corrupción político mercantil que le oprime (aunque muchos no se quieran enterar) pocas veces se ha percibido de forma más clara.

Es por esto por lo que debería ser el momento para que otras opciones políticas cuajaran y se presentaran al pueblo español para regenerar un sistema refractario al cambio racional y que, paradójicamente, amenaza con arrastrar en su derrumbamiento a quienes lo padecen. Desde una perspectiva liberal que no quiere confundirse con las tendencias socialdemócratas de los programas de UpyD y Ciudadanos, sería deseable la evolución hacia un partido independiente de Reconversión, si sus promotores se desprenden por fin de las ataduras al PP, y la consolidación del Partido de la Libertad con un genuino programa liberal avanzado, aunque necesitado de cierta maduración. Que no sea por falta de alternativas.