Hoy, 9 de noviembre de 2007, día en el que se cumplen 18 años del derribo del Muro de Berlín, arranca Medicina en libertad.
Medlib.es es un proyecto en el que participa de manera destacada el Instituto Juan de Mariana cuya misión es elaborar y divulgar propuestas de reforma en el campo de la medicina siguiendo los principios de la libertad individual, el respeto por la propiedad privada y el acatamiento de los contratos libremente acordados. Los médicos y expertos en políticas públicas de Medicina en Libertad creemos que la relación libre y voluntaria entre médico y paciente debe ser el eje central cualquier modelo de salud que pretenda tener consistencia ética y ser al mismo tiempo eficaz.
El comentario de hoy del Instituto Juan de Mariana es la primera columna de Medicina en Libertad. Deseamos que con ella y con las que le seguirán podamos contribuir a derribar un nuevo muro: el de la medicina estatalizada.
Las agresiones a profesionales sanitarios en los hospitales públicos, que en tan poco tiempo se han puesto a la orden del día, son la manifestación visible de que el histórico descontento del público con los pequeños defectos del sistema sanitario se está convirtiendo en un grave problema de insatisfacción con una prestación que no responde a la demanda real de salud. Cada día tenemos noticia de que alguien a nuestro alrededor ha tenido una nueva lamentable experiencia en esta sanidad pública nuestra, masificada y con una gran falta de recursos. En este contexto, no es de extrañar que un paciente o sus familiares se irriten y lleguen incluso a agredir al médico que les trata cuando reciben una atención sanitaria que con frecuencia es deficiente y dista mucho de ser la que su salud necesita. Es comprensible, pero es injusto. Quizá pasen por alto que los médicos somos víctimas de un sistema que no nos permite ejercer nuestro arte de la manera que consideraríamos más oportuna.
En nuestro sistema de salud pública, financiado a partir de los impuestos que pagan los contribuyentes, el médico no es un empleado del paciente, sino del Estado, y como tal su ejercicio está supeditado a los designios de la administración pública. Rara vez es nuestra entera potestad dar al paciente el servicio que a nuestro juicio requiere su salud: carecemos por lo general de instalaciones y material adecuado para ofrecer al enfermo consultas e ingresos dignos, trabajamos bajo una enorme presión por tener muchos más pacientes por día de los que somos capaces de atender, hay procedimientos diagnósticos y terapéuticos eventualmente necesarios que estamos obligados a sacrificar en aras de un aprovechamiento eficiente de los recursos, y con el mismo motivo se limita nuestra libertad de prescripción de medicamentos. Y pienso que no les revelo ningún secreto si les digo que los recursos son cada vez más escasos y que desde las autoridades sanitarias se está incentivando el ahorro de manera desesperada porque la situación no se mantiene. ¿Cómo no van a notar los españoles que su asistencia sanitaria se resiente?
Sin embargo, los profesionales sanitarios somos la cara al público del sistema nacional de salud, y por tanto la cara que recibe los golpes de los pacientes a los que ya no les queda paciencia. Pagamos incalculables seguros de responsabilidad profesional para protegernos de demandas por mala praxis, gran parte de las cuales nunca se nos pondrían si en libertad pudiésemos elegir nosotros el manejo de nuestros pacientes. Pagamos sufriendo pésimas condiciones de trabajo y nuestro prestigio se ve perjudicado cada vez que, por estar sobreempleados, desatendemos a un enfermo. Y, por si fuera poco, ahora pagamos con nuestra integridad física. ¿En qué quedamos? ¿Somos o no responsables de nuestra práctica médica?
Creo en un sistema de salud basado en un contrato libre entre el paciente y su médico. Un contrato en el que el médico sea libre de ejercer enteramente con arreglo a su juicio profesional y sólo deba rendir cuentas ante cada paciente al que voluntariamente se vincula, y en el que el paciente se haga responsable de su salud y asuma libremente los límites económicos y los riesgos de su tratamiento, y pueda exigir directamente a su médico el cumplimiento de las condiciones contractuales. Este ideal dista mucho de la realidad española, en la que la relación médico-paciente está intervenida por una tercera parte -el Estado- que distorsiona el acto médico arrebatando a las partes muchos de sus derechos y desdibujando los límites de sus respectivas responsabilidades. Dicho de otro modo, en nuestro sistema, los pacientes no pueden elegir el volumen de recursos materiales y humanos que se invierten en su salud, sino que tienen que conformarse con la parte del presupuesto estatal que se redistribuye entre todos los ciudadanos, contribuyentes y no contribuyentes. Ustedes no pueden reclamar más gasto ni más dedicación, y nosotros, el personal sanitario, no podemos dárselo, aunque ambas partes queramos.
Las autoridades sanitarias deben analizar seriamente el presente y el futuro del sistema de salud. Y, desde luego, urge una respuesta al profundo descontento de los españoles y un remedio al empeoramiento progresivo de la asistencia. Hacen falta alternativas, y una alternativa sostenible no es pretender que el presupuesto dedicado a la sanidad se estire hasta la infinitud. Entretanto, los profesionales sanitarios esperamos que las autoridades se responsabilicen de sus fallos y reparen el daño, redimiendo la profesión médica ante la opinión pública y reconociendo nuestros esfuerzos.
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