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El día después

Cualquiera que sea el destino que aguarde a la convocatoria por parte de su gobierno autónomo de un referéndum para votar sobre la independencia de Cataluña, conviene aclarar algunas cuestiones básicas, que deberían servir, además, para mantener una discusión racional y hallar soluciones válidas desde una perspectiva liberal, más atenta a la consolidación de instituciones que garanticen la libertad individual que a los movimientos políticos que prometen la “liberación” de colectivos bajo el yugo de un nuevo Estado.

En primer lugar, aunque los nacionalistas periféricos -los catalanes solo actúan como ariete- pretendan escamotear esta realidad, no cabe hacer tabla rasa de las previsiones de la Constitución española de 1978. Con todos sus defectos, esta Ley Fundamental de la comunidad política que históricamente ha llegado a ser España fue promulgada con todas las garantías; aprobación abrumadoramente mayoritaria de las Cortes Generales y el refrendo popular de los españoles, incluyendo los catalanes. Tampoco puede olvidarse el ordenamiento jurídico derivado o adaptado a la misma, especialmente los estatutos de autonomía y los tratados constitutivos de la Unión Europea, mediante los cuales se establece un complejo sistema de poderes públicos y de reparto de competencias entre ellos. Añadamos, por lo demás, que todo ese inmenso tinglado de Derecho público cercena diariamente los derechos individuales de muchos europeos y privilegia a otros.

Llamarse a andana o actuar como si no existiera la Constitución para disimular que se ataca su contenido esencial o, peor aún, pretender que se ha fundado un nuevo Estado que todavía no tiene su propio ordenamiento –de ahí la esperpéntica aprobación de una “Ley de transitoriedad”- coloca a los infractores en una posición de uso ilegítimo de la violencia, aunque hasta ahora no hayan instigado una rebelión armada o una sedición tumultuaria. Saben perfectamente que están delinquiendo gracias a los precisos dictámenes redactados por los letrados de la Cámara catalana, que recordaron la obligación de cumplir la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que anuló la convocatoria de referéndum de 9 de noviembre de 2015. No resulta aceptable el argumento de que nos encontramos ante un conflicto entre dos legitimidades, pues solo existe una dentro de ese marco de convivencia pacífica. Los nacionalistas catalanes han utilizado las instituciones autonómicas derivadas de la legalidad española para subvertirlas y preparar esta sublevación, probablemente convencidos de que el miope y corrupto estamento político que ha dirigido los gobiernos centrales durante años aceptaría una vez más los hechos consumados.

Así ha sucedido desde que el profeta del proceso independentista Jordi Pujol i Soley consiguió la victoria, por una mayoría simple inferior al treinta por ciento de los votos emitidos, en las primeras elecciones autonómicas de 1980 hasta que cedió el testigo en 2003 a Artur Mas. Visto con perspectiva, no cabe sino admirarse de las victorias graduales de este astuto político y su movimiento, capaz de simultanear una estrategia en búsqueda de la independencia y exhibir una táctica pactista que determinó en gran medida la política general y se proyectó más allá de sus mandatos como presidente de la Generalidad.

Desde el sobreseimiento del caso Banca Catalana, pasando por la anulación de la LOAPA por el Tribunal Constitucional, la imposición del adoctrinamiento de generaciones enteras de catalanes en un nacionalismo victimista y narcisista, gracias al control y manipulación de la enseñanza y los medios de comunicación; los logros para su causa apenas han quedado mitigados por la lenta instrucción criminal para esclarecer el origen de su fortuna. Incluso lo que en su día fue juzgado como un fracaso, el desastroso resultado electoral del Partido Reformista Democrático en 1986 -capitaneado por su segundo en Convergencia, Miquel Roca i Junyent, pero presidido por Antonio Garrigues Walker- le permitió replegarse a Cataluña, al tiempo que reprochaba a los electores que no hubieran entendido otra forma de hacer España y, de paso, se aseguraba unos cuantos deudores de la aportación convergente a la llamada Operación Roca. He de confesar que cometí el error de votar a ese partido confundido por su etiqueta liberal y porque de verdad creí que el habilidoso Roca ayudaría a solucionar el problema nacionalista. En definitiva, que Pujol, a sus ochenta y siete años, debe saborear los honorarios que se adjudicó a sí mismo por este proceso de “construcción nacional”, acaso lamentando el ligero resquemor de que quedaron cerradas para él las puertas de la tierra prometida por su avaricia en la extorsión.

En segundo lugar, es coherente que la Constitución de un Estado federal (o el híbrido autonómico español) prevea mecanismos de defensa extraordinarios en manos del gobierno y el parlamento federales en caso de incumplimiento por parte de un estado federado (o Comunidad Autónoma) de las obligaciones impuestas por la Constitución. Siguiendo la estela de la República Federal alemana, los ponentes españoles copiaron casi literalmente el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. La versión española (Art. 155) permite al gobierno central asumir la dirección de las autoridades autonómicas, dado que puede impartirles instrucciones con el objetivo de revertir la situación de incumplimiento, previo requerimiento al Presidente autonómico y una vez autorizado por el Senado. También en el caso de que dicha Comunidad atentare gravemente al interés general de España, concepto que debe concretarse en la justificación del requerimiento, según el artículo 189 del Reglamento del Senado.

Este mecanismo de defensa político constitucional de última instancia complementa, por lo demás, una larga panoplia de controles legales y económico contables, previstos en el artículo 153, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y, obviamente, la aplicación del Código Penal, que es común en toda España, por parte de los tribunales previstos en las leyes procesales.

En tercer lugar, lo realmente chocante en toda esta historia del “procés” no estriba tanto en la contumacia del movimiento nacionalista catalán por declarar un Estado independiente, aprovechando los resortes de coacción gubernamental que ha gozado durante años, como en la inhibición de los gobiernos españoles por evitar los evidentes incumplimientos de la legalidad que la ejecución de ese proyecto anunciado ha venido dejando por el camino.

La constatación de esta dejación de funciones resulta todavía más chirriante en este segundo intento protagonizado por el presidente Carles Puigdemont, dado que ya se contaba con el precedente de la consulta del 9 de noviembre de 2014, convocada y celebrada por mucho que el Tribunal Constitucional la declarase nula. Esperar a que delitos que tienen como objetivo quebrar los mismos fundamentos del sistema constitucional se cometan y agoten sus efectos roza la imprudencia temeraria.

A pesar de tres años seguidos de explicaciones por parte de los promotores de lo que podríamos calificar desde el punto de vista penal como una gran conspiración (Art. 17.1 CP) para cometer un delito de rebelión o sedición (Art. 543 y 544 CP) el gobierno central dirigido por Mariano Rajoy Brey no ha entendido que la respuesta proporcional no puede ser el mero ejercicio de acciones penales contra los autores una vez que los delitos se han consumado o de recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes autonómicas que implican el incumplimiento de toda legalidad. La tardía querella presentada por el fiscal ante el TSJ de Cataluña contra la mesa del Parlamento y los miembros del gobierno autónomo por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se topará con problemas logísticos obvios si, como parece, se suman cientos de alcaldes a la comisión de los delitos, por no hablar de los miles de participantes en la organización del referéndum.

La crisis constitucional abierta exige una actuación que anule toda posibilidad de actuación al gobierno autónomo, lo cual solo se estará en disposición de conseguir mediante la activación del procedimiento del artículo 155 de la Constitución, que permitiría al gobierno central, entre otras medidas, avocar para sí el ejercicio de las funciones atribuidas por el Estatuto de Autonomía al ejecutivo catalán actual. Aunque llegaría muy tarde, la mayoría absoluta del PP en el Senado le garantizaría el apoyo necesario para adoptar las medidas necesarias.

En cuarto lugar, con carácter simultáneo a la intervención en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el gobierno debería promover, al menos, reformas en la legislación general de enseñanza para evitar el adoctrinamiento colectivista. Profundizando en los aspectos más liberales del artículo 27 de la Constitución, debería facilitar que los padres eligieran el tipo de educación para sus hijos en cualquier comunidad autónoma, introduciendo un cheque escolar canjeable en colegios públicos y privados, así como permitirles la educación en casa con exámenes periódicos externos.

En quinto lugar, no debería omitirse el debate sobre las aspiraciones independentistas de muchos españoles que quieren dejar de serlo. El nacionalismo identitario excluyente que les ciega debería enfrentarse con las consecuencias reales de esa opción en el mundo actual. Dado que la Constitución se basa en la unidad de la nación española y radica la soberanía nacional en el pueblo español (Art. 1.2 y 2) solo cabrían, a mi entender, dos combinaciones para contemplar legalmente la secesión de una parte: bien mediante una consulta en un referéndum previo y no vinculante  (Art. 92) a toda la comunidad política sobre la pertinencia de un cambio constitucional que permitiera esa posibilidad, seguida de la tramitación de una reforma material a instancia de cualquiera de los legitimados para hacerlo (Art. 166 y 87 ) entre los cuales se encuentran las asambleas legislativas de las comunidades autónomas; o bien, prescindiendo del primer paso, abordar directamente la reforma constitucional según el procedimiento establecido en el artículo 168.

Por último, en caso de que se consagrara ese derecho a la secesión, resultaría plausible el desarrollo de una ley de referéndum que estableciera para su validez una participación mínima del 70 por ciento en una comunidad autónoma dada, la necesidad de obtener una mayoría del 70 por ciento para aprobar la opción independentista, así como una regulación que permitiera la secesión sucesiva de las provincias donde no se alcanzaran esos requisitos, para permanecer en España y su Estado o fundar uno nuevo.