Si mañana el Estado decidiera prohibir las relaciones homosexuales, tendría que acompañar la medida de un despliegue coactivo de tal envergadura que inmediatamente provocaría el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad. Los medios de comunicación difundirían imágenes de homosexuales pacíficos siendo detenidos, o testimonios emotivos de los que hubiera preferido esconder su orientación sexual antes de ir a la cárcel. Toda persona sensata, al ver a gente pacífica siendo acosada de tal modo, estaría escandalizada y exigiría al gobierno que rectificara dicha medida de inmediato.
Si preguntáramos a esos ciudadanos por qué se oponen a la prohibición, muy pocos contestarían que, simplemente, a ellos les parece bien ser homosexual y por tanto el Estado debe legalizar esta orientación sexual en concreto. No, la mayoría basaría su posición en que el Estado no puede prohibir algo que se hace libremente entre dos adultos y que no perjudica a nadie.
Por desgracia, esta posición tan razonable, o bien no se ha interiorizado, o bien se abandona a las primeras de cambio en cuanto el algo que se hace libremente no es del agrado del que juzga.
El ejemplo más claro es la prostitución en adultos. Al igual que con las relaciones homosexuales, se trata de dos o más adultos actuando de mutuo acuerdo, y sin hacer daño a nadie. Pero claro, cuando algo no te gusta, ahí están las excusas argumentales para hacer que sea fácil tirar tus principios por el desagüe; por ejemplo, que la supuesta falta de dinero del que presta el servicio le obliga a dedicarse a esos menesteres, y de ahí la ilegitimidad de ejercer esa profesión.
Por suerte, en este tema la sociedad está avanzando y cada vez más voces se levantan a favor de la legalización total.
Por desgracia, hay otros temas en los que la coacción estatal aún campa a sus anchas con el beneplácito de la mayor parte de la población; me refiero a la persecución fiscal a causa del llamado Estado de bienestar.
Al Estado de bienestar se le ataca desde el liberalismo por muchas cosas, y todas son importantes. Pero en lo que no se hace suficiente hincapié es que, al igual que todos los entramados mastodónticos Estatales, se sustenta en algo muy simple: la coacción sobre el individuo pacífico que no hace daño a nadie. O lo que es lo mismo, sobre la violencia gratuita.
Al igual que el homosexual o la prostituta, la persona que decide no usar los servicios del Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones, etc.) no hace ningún daño a nadie. El disfrute de los servicios puede ser, y es, restringido y por tanto nadie que no participara en su financiación podría ser excluido sin el más mínimo problema.
Pese a esto, millones de personas que suscriben sin ningún pudor la máxima del vive y deja vivir se manifiestan a favor de monitorizar, auditar, perseguir y meter en la cárcel si es necesario a todos los ciudadanos del país con tal de que nadie se escape de mantener esa maquinaría de gastar dinero que tanto les gusta.
Pues ya va siendo hora de que se empiece a decir alto y claro que se puede estar a favor de los servicios públicos del Estado de bienestar. Pero siempre que se deje perfectamente claro que se está en contra del vive y deja vivir. Porque todo defensor de lo público es alguien que no deja vivir a los demás. Alguien que sustrae dinero, y por tanto horas, ideas, esfuerzo, y en general, la vida a otros, en nombre de lo que él cree adecuado por su moral, sin importarle lo que la otra persona piensa o lo que podría hacer con esos recursos si tuviera la oportunidad. En otras palabras: alguien que cree en la violencia y desprecia la libertad.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!