Usted está aquí

El fracaso de la sociedad ISO 0803:2020

Cualquiera que haya encarado una crisis personal o laboral sabe que, una vez superado lo peor, es fundamental dedicarle algo de tiempo a repasar qué hemos aprendido de todo ello. Sobre todo, cuando se vislumbra en el horizonte nuevos problemas que van a requerir toda nuestra atención, y que van a poner en peligro nuestra capacidad de sacar algo en claro de todo lo que estamos viviendo.

La pandemia debería marcar un antes y un después en el análisis de nuestra sociedad. No porque el mundo haya cambiado en exceso, sino porque al someterse a un evento tan traumático nos ha permitido ver sus problemas de una forma mucho más nítida que antes.

Organismos como la OMS, el CDC estadounidense o el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias español tienen una razón de existir: evitar lo que nos ha pasado. No lo han hecho, así que habrá que preguntarse por qué.

Por desgracia, solo existen dos tipos de análisis; los complacientes: la ciencia tiene sus límites, no se podía saber, a posteriori todo es muy sencillo; y los críticos que se centran en responsabilidades personales: la OMS estaba vendida a China, el CDC se vio entorpecido por Trump, y, en España, Fernando Simón y el Gobierno del PSOE antepusieron el 8M a la salud pública.

Hay algo de verdad en todos los análisis, pero quedan cojos todos aquellos que no se preguntan qué tienen en común la OMS, el CDC americano y el CCAES español. Los tres son organismos burocráticos centrales cuyos responsables trabajan en amenazas cuya probabilidad es alta en largos periodos de tiempo, pero muy baja en el corto intervalo en el que ocupan sus puestos.

Las personas tendemos a despreciar riesgos como las pandemias por una serie de razones bien documentadas, y que residen en nuestra propia naturaleza. Crear instituciones cuyo objetivo sea neutralizar esta debilidad puede ser muy razonable. El problema es que la propia naturaleza del Estado tiende a convertir a estos organismos en prolongaciones burocráticas de su propio poder, anulando su función y convirtiéndola en contraproducente.

Y esta es una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Bien porque creen que el Estado es todopoderoso, bien porque, aunque no lo sea, no tenemos una alternativa mejor.

Lo cierto es que el caso de las mascarillas pone en cuestión ambas premisas. El Estado no solo no es todopoderoso, sino que no ha sido capaz de dotar a su población de algo tan sencillo de fabricar como una mascarilla. Y como garante de la salud pública es tan torpe, que ha mentido sobre una herramienta tan fundamental para controlar la pandemia simplemente porque no podía pedir a la población que utilizará alternativas caseras no homologadas por él.

Los políticos y altos funcionarios anteponen sus costumbres burocráticas a la salud pública (y a cualquier otra cosa). Es su naturaleza. Si esto dejará de ser un conocimiento solo al alcance de los liberales la crisis nos habría traído algo bueno.

Las mascarillas han supuesto el mayor fracaso de la sociedad ISO 0803:2020, pero no el único. Que en los medios de comunicación españoles siga apareciendo una cifra 15 mil fallecidos por debajo de la real simplemente porque el Gobierno central ha decidido que no es el momento político de reconocer la realidad es simplemente espeluznante. El sentido común, dos organismos estatales, las funerarias y las propias comunidades autónomas, han dejado negro sobre blanco que la cifra real de fallecidos supera los 40 mil y es posible que esté cerca de los 50 mil. Pero por una extraña razón hay que esperar a que el Gobierno central lo reconozca para darlo por cierto.

Al parecer la verdad, al igual que las mascarillas, solo es válida si tiene su sello CE impreso. Motivo más que suficiente para catalogar a buena parte del periodismo como un cuerpo burocrático estatal más.

Este culto a lo oficial también nos ha supuesto tener que acatar una serie de normas a cada cual más absurda. Confinamiento total en zonas donde es más fácil cruzarse con cuatro especies distintas de animales que con otra persona, multas por ir a coger setas en solitario o unas franjas horarias de paseo humillantes, son solo unos ejemplos de los miles de casos que nos han hecho retroceder décadas en libertades básicas, y que han convertido a los diferentes cuerpos policiales del país en una autoridad al servicio de lo arbitrario, con muchos de sus agentes excesivamente motivados y sin ninguna capacidad de aplicar el sentido común.

Y esto nos recuerda que herramientas como las constituciones están muy bien, pero no pueden ser la única barrera que salvaguarde nuestros derechos del Gobierno. Llevamos más de 80 días de estado de alarma con nuestras libertades limitadas con el segundo y el tercer partido del parlamento votando en contra desde hace semanas. Una constitución que permite esto, y al final todas lo permiten si nadie se opone con suficiente fuerza desde la sociedad civil, pierde mucho de su valor.

Como individuos nos toca reflexionar sobre este y otros temas, pero seguramente el más incómodo de todos, y el que más se va a politizar cuando llegue a los tribunales, es qué ha pasado con las personas mayores de las residencias. Todo indica que se han dado órdenes tanto a nivel estatal como autonómico para no hospitalizar a este colectivo y así dar prioridad a las personas no dependientes. A algunos les parecerá lógico, a otros repugnante. Pero para empezar habrá que decir la verdad. Poner a la sociedad, y al Estado, frente al espejo y que se plantee si la imagen que tiene ahora es la que quiere tener en la siguiente crisis. 

Y es que la mentira ha dominado estos meses. Mentiras sobre la gravedad del virus, sobre el uso de mascarillas, sobre el número de muertos, sobre la capacidad de los Estados, sobre los bailes en los balcones mientras se amontonaban los ataúdes.

Ya nos avisó Jean François Revel, la primera fuerza que dirige el mundo es la mentira. Pero hasta ahora no la habíamos visto campar a sus anchas mientras que una burocracia disfrazada de ciencia nos impedía asistir al entierro de nuestros seres queridos.