En España la propiedad privada fuera de los núcleos urbanos está desprotegida ante la intromisión de los funcionarios del Estado. Los guardas forestales, que tienen carácter de "agentes de la autoridad" y la consideración de "Policía Administrativa Especial", pueden penetrar e investigar en cualquier monte o terreno forestal sin previa autorización de los propietarios de la misma y sin necesidad de autorización judicial.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner fin a esta flagante violación del derecho de propiedad en la Ley de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que también contiene puntos de un intervencionismo brutal como la prohibición de construir edificios de más de cuatro alturas. Esta norma obliga a los guardas forestales a disponer de autorización judicial para poder penetrar en terrenos privados. Ante esto, la reacción de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona ha sido desmesurada. Por una parte ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Por otra ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tanto en el Congreso de los Diputados como en declaraciones a los medios.
Narbona ha acusado a Aguirre de "romper España, al establecer una menor garantía de los derechos de los ciudadanos de Madrid con respecto al resto de las comunidades autónomas". Más equivocada no puede estar. Con la nueva norma jurídica, los habitantes de la Comunidad de Madrid disfrutarán precisamente de una mayor garantía de sus derechos como ciudadanos. Desde ahora, los propietarios de terrenos no urbanos en la región tendrán más protegida su propiedad privada ante los posibles abusos de los agentes de la autoridad. Esto es especialmente positivo cuando el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un proyecto de Ley de Patrimonio, Medioambiente y Biodiversidad que da a las autoridades un poder casi ilimitado para poder expropiar hasta el 25 por ciento del territorio español.
Por supuesto, dado lo poco o nada amantes de las libertades individuales que son la mayor parte de las organizaciones ecologistas y los guardas forestales (que, como tantos otros funcionarios, protestan ante cualquier reducción de su poder ante los ciudadanos) se han puesto de lado del Gobierno. Al final, la batalla terminará en el Tribunal Constitucional. Si los magistrados deciden dar la razón al Gobierno se habrá dado un terrible paso hacia una mayor colectivización del país. Sería una terrible noticia para quienes aman la libertad.
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