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El laberinto español

Los peores pronósticos han venido cumpliéndose. La bicefalia que ha zanjado notables grietas y desencuentros parece estar avanzado con mayor rapidez de lo previsto en la reconversión del sistema de control parlamentario, el desconcierto social, la ingobernabilidad y la implantación de mecanismos de control ciudadano. Alicientes que encajan a la perfección en la narrativa populista que pretende dar paso a un sistema de dudosa fiabilidad, cuyos referentes más cercanos son los experimentos totalitarios de la izquierda latinoamericana en el siglo XXI, pero con orígenes más preocupantes en la propia Europa del siglo XVI, hasta su atroz implantación en el siglo XX, mediante crímenes tan comparables al nazismo que, sin embargo, fueron ocultados con la anuencia de la maquinaria propagandística soviética.

El devenir de la España bipartidista, otrora garante de estabilidad y gobernabilidad, ejemplo también para otras democracias jóvenes y nacientes en el ámbito iberoamericano –con sus desperfectos indeseables– desembocó en la actual situación con una multiplicidad de actores que, más que enriquecer el debate político, han degradado la institucionalidad democrática y entorpecido la gobernabilidad en el país.

Una multiplicidad de actores que, lejos de apoyar al régimen constitucional y velar por la unidad de España, esgrimen de forma premeditada y a conveniencia, epítetos inflamados contra las autonomías locales y la figura de la monarquía –augurando además la pronta extinción de esta última– pues constituyen un muro de contención a sus planes.

Finalizaba el año 2019 con la exhumación del caudillo Francisco Franco y la acometida expulsión de los restos del último dictador de España, del Valle de los Caídos. La promesa de campaña se había consumado. Lo que vino después de este episodio, fue la conformación en enero de 2020 de un gobierno de coalición entre la tradicional izquierda socialdemócrata personificada en el PSOE, con la izquierda radical española que, aunque aguarda en su séquito a jóvenes cuadros con efervescente discursiva, no deja de ser vetusta y enfebrecida.

En poco más de tres meses y en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de más de veinte mil (20.000) españoles, cuyo tratamiento debiera ser responsable y avocado; hemos asistido las últimas semanas a un completo desacierto en el manejo de la crisis, agravada por la falta de mesura de las corrientes decisorias internas y la inapropiada toma de decisiones que han puesto en evidencia la naturaleza premeditada de éstas.

Marzo se convirtió así en el mes en que se adelantaba de forma sorpresiva, la posible gracia o condonación de pena de los políticos catalanes presos por subversión y desacato a la norma constitucional. Al mismo tiempo, una de las cabezas de ese Frankenstein vertía a través de sus redes una singular interpretación del artículo 128 de la Constitución española, dejando a entrever la posibilidad de declaratoria de interés público, bienes, propiedades, servicios y medios de producción, a consecuencia de la tragedia de la covid-19.

Abril, por su parte, abría con el otorgamiento de una subvención de 15 millones de euros a modo de compensación temporal, tratándose en realidad de una inyección pública de capital a fondo perdido, para los conglomerados mediáticos Atresmedia y Mediaset, ambos de reconocida y aceptada línea editorial izquierdista. Todo ello, en medio de la abrumadora crisis que arrojaba muertes por falta de camas de hospitalización y equipos sanitarios en el país.

Pero la cosa no se detuvo allí y escaló un peldaño más con la amenaza muy latente de ocupación de propiedades, como garantía del otorgamiento de vivienda a quien la necesite, incluso si aquello repercutiere, como es lógico, contra la propiedad privada –garantizada en el artículo 33 del mismo texto constitucional citado– toda vez que, su uso dependerá del estado de necesidad a criterio de quien interprete la norma.

Asimismo, llama poderosamente la atención la medida tomada en horas recientes sobre la garantía de la renta mínima vital. Algo que supondría hundir un poco más en el cuenco del déficit a la economía española que ya cuenta con una previsión deficitaria del 9,5% (en cálculos del Fondo Monetario Internacional) y cuyo financiamiento, ante el bajón en la producción nacional (PIB), el ensanchamiento de los niveles de paro y la caída general de la economía tendrá que hacerse con más endeudamiento. Es decir, las “medidas de protección” distan mucho de serlo, y en cambio, ampliarán el rango de dependencia de los ciudadanos frente al estado, ocasionando un impacto directo a los bolsillos de los españoles, trayendo a colación la tan mentada freidora fiscal de la campaña electoral, de cara a los ejercicios 2020 y 2021.

Testeado caldo de cultivo propicio a un clima de constante tensión social, tendiente a la conculcación de las libertades, el socavamiento de la prosperidad y un paso más allá en ese tira y encoge que, por un lado resta propósitos al control parlamentario del ejecutivo y, por otro, ejerce mayor intervención en la economía y en la cotidianidad social.  

No es difícil escudriñar en el propósito de medidas tan inapropiadas en medio de la dramática situación que vive el país; con un sistema sanitario hacinado, que responde como puede, gracias a la implicación de los profesionales de la salud. Con las morgues colapsadas y los servicios funerarios cerrados y sin insumos; con el colapso, asimismo, de las estadísticas oficiales en torno a la pandemia que ya no garantizan la veracidad de las cifras aportadas; con una pugna absolutamente innecesaria entre los diferentes niveles de la administración y con el reclamo social que ejercen los más variados gremios del país, cada uno golpeado a escalas preocupantes.

España asistirá a la peor crisis económica e institucional de toda su historia. Lo hará con un apoyo insuficiente de la Unión Europea, en medio de una narrativa antisistema muy marcada y con un monstruo de mil cabezas que, deliberadamente, se ha propuesto aniquilar progresivamente las libertades y su sistema político. Ojalá el espíritu que orientó el régimen constitucional del 78 y que ha garantizado la convivencia democrática prevalezca sobre todo orden sedicioso.