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El método Guttman y la enorme responsabilidad de Ciudadanos

En unos tiempos marcados por la enumeración a raudales de acontecimientos más que por la reflexión, es muy posible que haya pasado desapercibido que desde hace dos años se producen en las mismas fechas del mes de abril detenciones y registros retransmitidos por televisión de los “corruptos oficiales” del momento. Es cierto que nunca se podrá garantizar la discreción de todos los participantes en una instrucción judicial que afecte a algún personaje con cierta notoriedad, dados los numerosos funcionarios de los juzgados, la fiscalía y la policía judicial que tienen conocimiento de las decisiones del juez instructor. Ahora bien, la reiteración de este tipo de espectáculos y la anticipación con la que se producen las filtraciones a determinados medios de comunicación, abren las sospechas de una manipulación de la justicia para fines, aún poco claros, apetecidos desde el poder.

Algunos medios de comunicación apuntaron al interés que tendría el presidente del gobierno y su pintoresca camarilla de acólitos en activar esta fulminante operación para difuminar la repercusión de su citación para declarar como testigo en la vista de la primera parte del caso Gürtel durante el periodo 1999-2005, aún pendiente de concretar, que afecta también a la financiación de su partido. Sin embargo, por un lado no parece muy creíble una preocupación real por un asunto cuyo juicio oral se celebra sin acusación alguna contra los dirigentes del PP, incluido Mariano Rajoy Brey, quienes, como él, desfilarán como simples testigos. Y, por otro lado, tampoco está muy claro hacia dónde pueden conducir las sinuosas conexiones entre imputados que apuntan unas diligencias judiciales muy parcialmente conocidas.

Mucho más verosímil parece que haya cundido cierto nerviosismo entre los actuales mandarines del Partido Popular por otros dos procedimientos que afectan a simple vista a toda la organización y no simplemente a partes del mismo, por más que, desde una perspectiva política, todos los actuales dirigentes de ese partido han quedado ya totalmente deslegitimados para continuar desempeñando esas funciones por la concatenación de escándalos de corrupción que les enfangan.

Me refiero, en primer lugar, a la reapertura el pasado 1 de marzo del sumario por la contabilidad paralela (los llamados papeles de Bárcenas) de la que se derivaría el reparto de sobresueldos entre los dirigentes del partido provenientes de sobornos de adjudicatarias de obras públicas. Incluso a pesar de que Francisco Correa, Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez se negaron a declarar ante el juez central de instrucción, se acerca, en segundo lugar, algún desenlace a la destrucción en julio de 2013 de los discos duros de sendos ordenadores de Luís Bárcenas en la sede del PP cuando se requirió oficialmente a ese partido la aportación de los mismos para analizar su contenido. Esta destrucción de pruebas tan grosera, con independencia de que penda o se retracte de litigar por su propiedad el anterior tesorero del PP, dio lugar a una deducción de testimonio para que un juzgado de instrucción ordinario investigara el caso. Tras muchas peripecias, como el “extravío” durante un año de la causa  en la Audiencia Provincial de Madrid, donde, sin embargo, se revocó el archivo inicialmente acordado sin practicar diligencias, otra magistrada dirigió en julio de 2016 el procedimiento penal, por los delitos de encubrimiento y daños informáticos, contra el Partido Popular, la tesorera que sucedió a Bárcenas, Carmen Navarro, el asesor jurídico Alberto Durán y al informático que, utilizando el método Guttman, formateó los discos hasta 35 veces antes de rayarlos. La batería de recusaciones formulada por el PP contra la instructora, rechazadas ad limine por ésta, ha supuesto que la causa se haya paralizado hasta principios de este año en que la audiencia provincial desestimó una de las recusaciones, pero ordenó a la juez tramitar debidamente otra.

En definitiva, la destrucción de los discos duros de Bárcenas, que constituye un hecho de por sí enormemente grave –pero qué es esto comparado con la destrucción de los trenes del 11M, que ha colado, se habrán dicho cínicamente en el PP- podría ocultar la investigación del asunto principal que afecta a los dirigentes del PP de toda una época, incluido Mariano Rajoy Brey, pero tener unas consecuencias letales para su supervivencia, desde una perspectiva jurídica, si el asunto termina con una condena del partido, como persona jurídica, a tenor de una reforma legislativa del Código Penal (Arts 31 y ss.) de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores.

Ante esta tesitura, y, dado que el gobierno de Rajoy Brey cuenta con una exigua mayoría parlamentaria, la responsabilidad que contrae una partido político como Ciudadanos, aun siendo cuarta fuerza política en el Congreso de los diputados, se incrementa de manera directamente proporcional al vacío que provoca esta corrupción sistémica, de un lado, y la irrupción de unos populismos de izquierdas, de otro. Aunque no pueda descartarse la aparición en España de un populismo de derecha (tipo Marine Le Pen), con evidentes similitudes entre sí, los dirigentes de Podemos (pero con inquietante capacidad de arrastre en el PSOE) son los adalides de un intervencionismo aun más arbitrario, más impuestos, más gasto del Estado y el ilusionismo de las nacionalizaciones de empresas con las sempiternas apelaciones al pueblo, al tiempo que destruyen las bases de la libertad, como son la propiedad privada y el imperio de la ley.

Con buen criterio en este sentido, aunque muy criticable en otros, los dirigentes de esta formación destacaron que la corrupción sistémica del régimen de la transición no se resuelve con las descalificaciones gruesas al contrario de PSOE y PP, sin que se atajen los defectos estructurales del sistema. Lo cual no debe ser óbice para emprender iniciativas en todos los ámbitos, donde tienen influencia y donde adolecen de ella ¿Por qué no empezar exigiendo a los gobiernos que apoyan una reducción y liquidación inmediata de ese sector público empresarial hecho para saltarse los controles administrativos, que ha permitido medrar a personajes como Ignacio González, Chávez y Griñán o Tania Sánchez? ¿Y qué decir de la contratación de obras y servicios públicos? Son unos primeros pasos, pero, sobre todo resulta urgente que asuman rápidamente el peso de un discurso diario, alternativo a la demagogia rampante y a unos pícaros que no tienen otro proyecto que permanecer en el poder.

Por último, frente al método Guttman para destruir pruebas, aparte de la exigencia de depuración de las responsabilidades penales, no excluyan en última instancia clamar: “váyase, señor Rajoy”.