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El problema de los controladores aéreos

Llevamos unas semanas enfrascados en el debate sobre las condiciones laborales de los controladores aéreos. Como no puede ser de otra forma, es un debate alimentado desde el Gobierno con el objetivo bastante explícito de rebajar los beneficios de dicho colectivo, con el apoyo de la opinión pública.

Esta clase de polémicas serían algo inimaginable en el libre mercado, donde los agentes se coordinan espontáneamente y el sueldo de la gente no está al arbitrio de los votos, sino, simplemente, del dinero que las demás personas estén dispuestas a pagar.

La opinión pública tiende a pensar que las condiciones salariales de los controladores aéreos son espectaculares, muy por encima de las que disfruta el común de los mortales. Y la verdad es que es un hecho objetivo que sí lo son, tanto en lo referente a salario, como a horarios, descansos y jubilación. Esto no se puede negar, pero tampoco supone mayor problema. Hay muchos otros individuos que perciben prestaciones muy superiores a la media, como deportistas o artistas, por actividades que cabría calificar de menor importancia para sus conciudadanos.

Ocurre que la prestación por el desempeño de un trabajo, como todos los precios en el libre mercado, se fija por el juego de la oferta y la demanda. Incluso los trabajos más importantes para la vida humana pueden tener precios muy bajos si hay mucha gente capacitada para hacerlos. Por el contrario, trabajos completamente prescindibles, pero que poca gente puede desempeñar, pueden dar lugar a sueldos de infarto. Por ello, el problema de los controladores aéreos hay que analizarlo desde sus vertientes de oferta y demanda.

Empecemos por la oferta: pudiera ser que muy poca gente tuviera la capacidad y el deseo de ser controlador aéreo, por las razones que fuera. Por mucho que se propugne la igualdad sin cortapisas, Pau Gasol sólo hay uno, y por eso gana lo que gana. No todos podemos ser Pau Gasol. ¿Ocurre lo mismo con los controladores aéreos? Un repaso a los requisitos para esta profesión (que se pueden consultar en las bases de la oposición) nos confirmará que no hay falta de individuos capacitados para desempeñar el oficio. Son ciertamente exigentes, pero nada que no pueda dar lugar a una saneada colección de voluntarios.

Si no hay problemas en la oferta que justifiquen unas condiciones laborales tan magníficas, habrá que volverse al lado de la demanda. ¿Y qué nos encontramos aquí? Ya se podía adivinar. Los controladores aéreos son contratados por las empresas que gestionan el tráfico homónimo. En nuestro país, solo hay una empresa, más bien un ente público, que desempeñe tal tarea: AENA. Así, que el lado de la demanda lo constituye una empresa pública con un monopolio legal. No se puede imaginar un escenario peor desde el punto de vista de la sociedad, ni mejor para los grupos organizados que se puedan beneficiar del mismo.

Como monopolio legal, no confronta amenazas de entrada, por lo que puede obtener rentabilidades superiores a la de mercado. Como administración pública se puede permitir no orientarse a los clientes, sino a finalidades de otro tipo (por ejemplo, el “interés general”), dado que siempre están los impuestos para las chapuzas.

Así pues, en ausencia de la disciplina que pone el mercado, el colectivo de controladores aéreos ha podido satisfacer sus intereses por el simple procedimiento de presionar, de una forma u otra, a los compradores de sus servicios. Un empresario en el libre mercado no hubiera podido ceder a esta coacción sin llevar a la quiebra a la empresa: su exceso de costes hubiera supuesto una desventaja competitiva con otros emprendedores. Pero AENA no es una empresa en el libre mercado. Y las condiciones laborales de los controladores, tampoco, en consecuencia.

Ahora bien, como siempre ocurre con la intervención estatal, se pretenden solucionar los problemas creados con una nueva intervención. Es claro que la única forma de resolver el problema de los controladores aéreos es abrir el mercado de aeropuertos a la competencia, y privatizar AENA al mejor postor, pues se ha mostrado que esta es la causa del problema.

Dado que el gobierno no parece dispuesto a esto, opta por someter a consideración de la opinión pública el sueldo del controlador aéreo. Tan arbitrarias eran las condiciones laborales anteriores como las que se puedan imponer ahora. Y seguirá sin solucionarse el problema, aunque por el camino se hayan ahorrado unos cuantos euros los de AENA.

Y es que el precio de las cosas no lo puede poner el gobierno a su antojo; el único mecanismo válido, que no genera distorsiones, es del mercado sin intervención. Lo contrario nos lleva a colectivos privilegiados, como los controladores aéreos (posiblemente) y los políticos (estos, seguro).