El modelo de financiación estatal debería asegurar el mismo acceso a los servicios públicos a toda la población, como dice la diputada del PSOE, Patricia Hernández Gutiérrez, independientemente de donde vivas. No se trata de que quien más paga, más exige. Eso es propio del ámbito privado, donde si has pagado un hotel de cuatro estrellas, tienes derecho a exigir servicios estándares de cuatro estrellas, y si no es así puedes denunciarlo. En el ámbito público, dado el principio de solidaridad interterritorial, las cosas funcionan de otra forma. Así que puede ser que te toque vivir en una Comunidad Autónoma que aporta mucho y recibe poco, o en otra que aporte poco y reciba mucho. Pero la universalidad de los servicios públicos debe estar asegurada.
El problema, más allá del ataque frontal a la existencia del Estado, que no es dogma de fe del liberalismo, sino solamente una opción, es cómo se delimita el conjunto de servicios que deben ser universales. Porque podemos pensar en la educación y la sanidad, pero en esas categorías, muy importantes y a la vez muy amplias, caben muchos epígrafes que no son la atención médica estricta o la investigación o el salario de los profesores o la calefacción de las aulas. Lo ideal sería que la administración dispusiera de un presupuesto tan generoso como para que todos pudiéramos exigir jacuzzi individual, clases de violín, instrumento incluido, puesto de trabajo vitalicio, pisito con garaje, etc., financiado por el Estado, simplemente por ser residente español.
Pero no es el caso. La situación es otra. Los impuestos no cubren los gastos, y no lo hacen desde hace mucho. ¿Cómo hemos llegado a ser titulares de una deuda estatal que en el segundo trimestre del 2014 representaba algo más del 96% del PIB?
Y aquí es donde hay que reflexionar acerca de ese "nuevo" modelo de financiación que dice que necesitamos la socialista canaria, afiliada al PSOE desde los 18 años y diputada con 24 por esas cosas de la cuota. ¿Qué modelo necesitamos? Obviamente, uno que ajuste ingresos y gastos. Pero a la vez, uno que asegure la universalidad de los servicios públicos. Y eso implica reducir la lista de servicios públicos, desglosar las partidas de gasto, revisar qué es imprescindible, qué es necesario y qué es superfluo. Porque lo que está muy claro es que este modelo de financiación no da más de sí. Yo me temo que su señoría no se refería a eso, supongo que la idea de Patricia Hernández era la cuadratura del círculo, aumentar el gasto para que quienes viven lejos no se vean perjudicados y puedan disfrutar de servicios universales y que el déficit sea sostenible.
Esa mentalidad es el origen del problema y es una herencia del mal llamado "estado del bienestar" que, lejos de asegurar la mejora de la condición de los menos favorecidos a costa de la solidaridad de todos, consigue que nos acostumbremos al recurso a la deuda, a una deuda creciente, hiperinflada y difícil de asumir.
La idea de un "estado asistencial" que supere los límites de la subsidiaridad es la semilla del problema. El Estado debía hacerse cargo de todos los males de la sociedad. Después, debía hacerse cargo de asegurar derechos universales cuya lista no tiene final. El resultado es que se puede retrasar pero no eludir por completo la quiebra de este modelo asistencial y engañoso con un nombre que ha calado hasta los huesos de todo el mundo. Y cuanto más deteriorada es la situación económica, más se agarran nuestras mentes al sueño imposible de mayor bienestar para los menos favorecidos, a la idea de "un mundo feliz" dictado desde arriba y al que hay que someterse.
Un breve análisis de la señora diputada de su propia frase podría llevarle a plantearse que tal vez, así no.
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