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El tonto de la gorra de plato y el abogado del Estado

Cuando tratas con personas alejadas del mundillo político y empiezan a intuir que tus ideas son muy raras, siempre surgen las mismas preguntas: ¿es que quieres que vivamos en anarquía? ¿Y qué haces con los que no pueden pagarse todo? Y la más clásica: entonces, ¿quién pagaría las carreteras?

Cada uno tiene su propia forma de afrontar estas situaciones. La mía es explicar cómo tener un punto de vista liberal sobre la vida pública puede ser un buen antídoto para evitar la proliferación de lo que se viene popularmente a llamar tontos con gorra de plato.

Dice el dicho popular que si a una persona poco inteligente le pones una gorra de plato (símbolo de autoridad caído en desuso), esta se creerá automáticamente general de infantería, y será un incordio para los demás.

Es un buen ejemplo porque todos hemos sufrido a personajes de ese perfil en el sector público y en el privado. Por ejemplo, hace unos cuantos años participé en la elaboración de unas normas a seguir a la hora de implementar ciertos proyectos para una gran empresa. Inmediatamente formamos dos grupos enfrentados: por un lado, estábamos los que queríamos dar toda la flexibilidad posible a las personas que realmente afrontan el proyecto y sus particularidades, y regular solo lo imprescindible para garantizar unos mínimos de calidad, seguridad y utilización de estándares de la industria. Por el otro lado estaban los que querían regular hasta lo más mínimo basándose en su (corta) experiencia y (poco) conocimiento de ese tipo de proyecto.

Ya fuera por desmérito de nuestros argumentos o porque esto es España y hay cosas que no se pueden cambiar, el criterio de los segundos se terminó imponiendo. El resultado fue una lista interminable de herramientas, metodologías, checklists, etc., que hizo imposible que ningún proyecto pudiera cumplir las normas (los había que ni siquiera se las llegaban a leer todas) y, por tanto, todos seguían su propio criterio, ignorando de facto la regulación.

El problema es que las regulaciones, aun cuando puedan ser ignoradas, pasan una factura muy abultada. Por un lado, está el tiempo que se pierde redactándolas y aprobándolas y, por otro, el que se pierde leyéndolas y/o fingiendo que se cumplen.

Hasta aquí parece que hay poco liberalismo. El principio de pocas normas y que se cumplan lo pueden sostener personas liberales o no liberales. El problema es que cuando llegamos al Estado y a la regulación de ciertos temas polémicos los liberales nos quedamos solos sosteniendo la bandera del sentido común.

Y aquí llegamos al ejemplo número dos: hace unos años un amigo intentó convencerme para sacarnos la licencia de armas de tipo deportivo. Creo que se llamaba, y sigue llamándose, licencia del tipo F. Fuimos a internet a informarnos de las condiciones y descubrimos el maravilloso mundo de la regulación de armas de fuego del Estado español. Sin ánimo de entrar en detalles, al burócrata que la redactó solo le faltó precisar la presión que tienes que hacer al apretar el gatillo

Que nadie me malinterprete. Es lógico, aunque debatible, que el Estado impida que la gente vaya con armas en espacios públicos. La seguridad es su monopolio y puede imponer restricciones. Lo que llama la atención es el número de estas, su detalle y lo arbitrario de su interpretación.

Y aquí continúo con mi anécdota. Al ver que habíamos entrado en un nuevo universo donde cualquiera que no fuera funcionario de clase A se ve perdido al tercer apartado del reglamento segundo, se nos ocurrió ir a informarnos en persona acudiendo a una fuente de conocimiento asequible para el común de los mortales; preguntamos a un grupo de personas que ya tenían esa licencia y había sufrido la regulación.

En la mayoría de los pasos y normas a seguir hubo bastante consenso, y descubrimos que al contario que otras regulaciones, con esta de las armas no había forma de saltarse ninguno de sus farragosos pasos. Lo divertido fue que al llegar a ciertos requisitos cada uno daba una versión de las normas distinta a los demás, llegando a discutir entre ellos y mostrando con ejemplos reales que cada uno llevaba la razón.

Una de estas normas es la de si se permite a una persona con licencia del tipo F portar el arma de su domicilio a la galería de tiro fuera de un maletín de transporte. Al parecer la norma está redactada de tal modo que queda claro que el titular de un arma de este tipo no la puede usar nada más que para disparar en la galería de tiro. Hasta aquí es lógico, para eso es la licencia. El problema es que como ciudadanos tenemos el derecho a la legitima defensa. Y claro, si da la casualidad de que alguien pone en riesgo tu vida o al de otros y tú llevas tu arma encima nadie te puede impedir su uso.

Aquí entra el factor tonto con gorra de plato, o su variante estatal más elevada: el abogado del Estado. Se puede optar por una visión liberal de la sociedad y entender que si a una persona le estás autorizando que use un arma para entrenar y competir en su habilidad de usarla es bastante lógico que le permitas llevarla encima en sus trayectos a la galería de tiro, y si se da la casualidad de que tiene que hacer uso de ella para salvaguardar su vida o la de otros, que así sea. Pero el abogado del Estado, el técnico comercial del Estado, y el gorra de plato del Estado no ven el mundo así. Para estos elementos el ciudadano ha solicitado una licencia del tipo F, y esa licencia da derecho a disparar x balas en un recinto homologado y bajo supervisión estatal. Si el ciudadano se ve envuelto en una situación donde tenga que defender su vida o la de otros tendrá que cumplimentar el correspondiente formulario de ayuda, porque su arma va a ir en un maletín descargada y quedará al criterio de la autoridad estatal si de verdad el transporte es sincero o está encubriendo que lleva el arma encima para defenderse.

Y aquí no estamos hablando de una norma que se redacta para evitar la picaresca de personas que quieran portar un arma por seguridad y utilicen una licencia de tipo deportivo. Para eso existe la norma que solo autoriza al transporte del arma en los trayectos a la galería de tiro. Y sí, uno puede decir que va a la galería de tiro o vuelve de ella cuando no es verdad, pero la policía no suele registrar a las personas en trayectos normales. Les registran en bares, en controles nocturnos, zonas con mucha afluencia de público, etc. Casi todas, circunstancias que impiden que te inventes que estás de camino o de vuelta de practicar una actividad deportiva.

Y, por supuesto, se descarta la voluntad del legislador de evitar que se use el arma para agredir a otras personas, dado que su propietario, ni siquiera en un momento de acaloramiento, tendría ningún problema en sacar el arma de su maletín y cargarla para hacer uso de ella. Por lo que no se conseguiría ningún efecto en ese sentido.

Por lo que queda claro que el espíritu de la norma es evitar que estas personas puedan usar su arma para ejercer su derecho a defenderse. Y es así porque el burócrata antepone el derecho del Estado a estipular con pelos y señales qué hacer con el arma que graciosamente ha decidido que puedes poseer, al sentido común y al derecho a la defensa propia.

Por supuesto, el sentido común no es ajeno al Estado. Y muchos policías, guardia civiles, fiscales y jueces obviaran el espíritu liberticida de la norma. Pero el hecho es que esta existe. Y sin personas que pongamos mala cara, protestemos y nos saltemos en la medida de lo posible las mil regulaciones que ciertos personajes grises quieren imponer a nuestra vida, al final terminaran saliéndose con la suya en todo.