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Es hora de progresar

Cada vez son más evidentes, y para más cantidad de gente, los graves problemas que presentan los sistemas democráticos. No en vano, la democracia es considerada por los sabios, no el mejor de los sistemas de gobierno, sino el menos malo.

¿Qué problema social trata de resolver un sistema democrático, qué necesidad de los individuos trata de satisfacer? Resulta fácil identificarlo en el sistema inglés que es el precursor de los sistemas actuales: habida cuenta de que es necesaria la violencia para la protección de la propiedad individual (entiéndase en sentido amplio), y de que se considera que la forma más eficiente de gestionar tal violencia es tenerla en un monopolio (el del rey, en ese momento), se configura un cámara democrática en la que los elegidos, en representación de la sociedad, establezcan las normas por las que se va a regir dicho monopolio.

Lo primero sobre lo que hay que llamar la atención es que dicha cámara no pretende establecer normas para el comportamiento de los individuos, sino exclusivamente para el funcionamiento de la institución monárquica o estatal. En terminología legal, la cámara de representantes solo podía emitir normas de derecho administrativo. Hayek distingue con gran claridad entre estas normas administrativas dimanadas del aparato democrático, y las reglas espontáneas de convivencia, lo que él llama Rule of Law.

La distinción parece haber estado clara y sido respetada hasta la Primera Guerra Mundial y la Revolución bolchevique, con el importante lapso de la Revolución Francesa. Es en estos sucesos donde se ponen las bases para el poder omnímodo del pueblo vía el régimen democrático, y es aquí cuando se empieza a pensar que se puede subvertir el orden espontáneo mediante la proclamación de nuevas normas a gusto del mandatario, y, por supuesto, el uso de esa violencia monopolizada por el Estado. La Revolución bolchevique ahonda en esa línea hasta sus últimas consecuencias, con los resultados bien conocidos para la URSS, aunque también es cierto que nada más lejos de una democracia que el régimen soviético.

Sin embargo, es tras la Primera Guerra Mundial cuando las cosas cambian de verdad y en general. La Gran Guerra, como se la conoce en el resto del mundo, fue implícitamente imputada a los perdedores de la misma, los regímenes monárquicos prusiano y austrohúngaro, y se aprovechó para cambiar todo a regímenes republicanos democráticos. En 25 años veríamos que los regímenes democráticos pueden ser aún más destructivos que los monárquicos, pero ya no hubo vuelta atrás.

Sin embargo, de estos desastres algo se aprendió, y los regímenes surgidos tras la Segunda Guerra Mundial volvían a ser extremadamente escépticos con el poder centralizado, aunque dimanara de la voluntad popular libremente expresada, escepticismo ya patente en la Constitución de los EE. UU. En esta situación, los sistemas democráticos establecidos han permitido la creación de enormes cantidades de riqueza, al abrir espitas de libertad que habían quedado cerradas tras la Primera Guerra Mundial. Pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo: en términos de libertad, no es alcanzó el nivel previo a la Gran Guerra (ni posiblemente tampoco el ritmo de creación de riqueza per cápita, aunque esto no lo voy a discutir sin la pertinente investigación).

El caso es que esos regímenes democráticos han ido degenerando a mayor o menor ritmo, en función de las instituciones de cada país. La causa básica de tal degeneración hay que buscarla en la merma del respeto a los derechos de propiedad, paralela al creciente poder de los gobiernos democráticos amparados en su supuesta representación del pueblo. Si el pueblo es omnímodo, ¿por qué se habrá de resistir algo o alguien a su voluntad? Todo lo que se haga por el bienestar social estará justificado, todo se puede sacrificar al pueblo.

Esto resulta en una tremenda pérdida de eficiencia, y una creciente incapacidad para generar riqueza, visible en muchos países de la vieja Europa, anquilosada por las regulaciones que los representantes democráticamente elegidos imponen al pueblo por su bienestar. Y ello sin contar con situaciones coyunturales, como las que se están viviendo en Cataluña, España o Italia. Son indicios de que las democracias están a punto de hacer estallar las costuras de la sociedad a la que pretenden servir.

Por eso, parece llegado el momento de progresar, de abandonar una herramienta que nos ha sido útil durante un tiempo, pero que se ha quedado desgraciadamente obsoleta, y que cada vez crea más problemas de los que resuelve.

Una posible solución sería poner límites al ámbito sobre el que pueden actuar nuestros representantes. Dejar claro que ningún poder tienen sobre las relaciones interpersonales y sobre la propiedad privada, y que lo único que pueden hacer es regular ese Estado monopolista de la violencia, precisamente para proteger dicha propiedad. Esto es lo que se supone que consigue la separación de poderes, pero ya se puede observar su poca efectividad. Y es que, como decía De Jouvenal, la separación de poderes no refleja otra cosa que tres facetas de un mismo poder (al menos, en los regímenes continentales) y por lo tanto no suponen contrapesos mutuos. Como dijo Montilla in illo tempore, quiénes son los jueces para oponerse a la voluntad del pueblo catalán.

Pero, ¿por qué limitarse a estos apaños de dudoso funcionamiento? Con el estado de la tecnología actual, ¿es realmente necesario mantener un monopolio legal para la violencia? ¿No pueden la seguridad y la justicia ser prestadas por el libre mercado? Por supuesto que sí: la teoría económica no encuentra ningún carácter específico en dichos servicios que justifique que su prestación sea más eficiente con un régimen especial. En otros momentos de la historia, quizá la única solución viable era un monopolio legal de la violencia regulado por un sistema democrático. Pero ya no es así.

Es el momento de progresar: abandonemos el monopolio legal de la violencia y el concomitante régimen democrático, antes de que sea demasiado tarde y no se pueda impedir la catástrofe que nos está rondando.