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España no es una constitución

Ante la aciaga batalla dialéctica, política y mediática por los intentos secesionistas de una parte de la sociedad catalana, ha revivido un profundo afecto por la Carta Magna española. Un texto que entre otras cosas somete la propiedad privada al interés general (sea lo que sea eso), abre la puerta a la planificación económica o sacraliza el derecho a huelga. Casi nadie sabe el contenido de esta norma, desconocen en su mayoría su trascendencia jurídica y, por supuesto, no habían pensado en ella hasta que fue necesario desempolvarla para arrojársela a la cara del contrario. Alguna vez que otra la han tocado para cambiar el escudo cuando empezó a ser molesto, limitar el despilfarro presupuestario (sin éxito) y poco más.

La Constitución Española, que en eufemísticos términos bebe de otras de nuestro entorno continental (una forma elegante de decir que supuso un corta y pega de los textos supremos de nuestros vecinos) no puede ser fuente para otorgar derechos, sino en todo caso, su reconocimiento. Creer que la libertad, la propiedad o la vida de las personas existen en tanto en cuanto una ley democráticamente aprobada lo contenga en su articulado y esperar al momento de que un boletín oficial lo publique para poder defender aquello, es sencillamente absurdo. ¿Cómo se puede creer que el derecho a algo que se basa en una ley votada es inamovible? ¿Y si la mayoría quiere lo contrario? ¿Y si la mitad más uno estuviera en contra de sacrosantos derechos del primer mundo como las paguitas o la huelga?

España no es ni debe ser su constitución. La libertad de uno no se puede basar en una ley que coaccione al resto para respetarle, sino en el derecho de ese mismo a no ser coaccionado por los demás; sea por las armas o sea con los votos. Que los partidos que no defienden la ruptura -llamados, dicho sea de paso, constitucionalistas- esgriman el texto como ultima ratio es un suicidio en diferido. Una huida hacia adelante. Al mal hay que combatirlo con el bien, no con buenismo ni benevolencia. Estos políticos animan a los nacionalistas a ir por la vía legal del artículo 167 de la Constitución, y a lograr de forma tasada su objetivo creyendo que así, ofreciendo un supuesto derecho a la sedición, conseguirán frenarlo porque no existe mayoría suficiente. Pero esos mismos son los que en los primeros días del 15-M animaban a los de la tienda de campaña, el perro y la flauta a constituirse como partido y concurrir a las elecciones. Entonces, ilusos, creían que eso nunca sucedería. ¿Y qué pasó? Cinco millones de votos. Y han venido a la política para quedarse.

Poner en pie de igualdad la virtud con la maldad bajo la premisa de que en un Estado de Derecho todas las ideas son respetables nos conduce al caos. Hacía falta que alguien alzase la voz en el año 2014 y dijera que buena parte de las ideas del movimiento 15-M no eran más que marxismo, colectivismo y dictadura de la mayoría. Era necesario que entonces no se hubiera pasado la mano por el lomo a los que pretendían imponer la renta básica, el crecimiento del Estado y el fin de la libertad individual. Entonces se les debería haber dicho: ustedes son el mal, y sus ideas lo representan. Hoy, del mismo modo, no se puede ser condescendiente ni dorar la píldora a los que, en clara manipulación política pretenden dejar sin nacionalidad, derechos ni paraguas diplomático a ocho millones de españoles. Este cuento no va sobre un clamor de más de tres cuartas partes de la sociedad catalana, que se echa a las calles a reclamar la libertad de su pueblo oprimido bajo la esclavitud del Estado español. Más bien, la realidad es que una ligerísima mayoría de la región con más abstención de toda Europa, pretende crear un Estado aún más usurpador, confiscatorio y gigantesco que el actual. Y en su empeño usan televisiones, radios, escuelas y hospitales, todos ellos financiados vía presupuesto público, para lograr su objetivo. La batalla que se libra en Cataluña no se debe defender con las leyes, soflamas y mucho menos con la Constitución. Porque tan democrática fue su aprobación como podría ser su destrucción. La mejor arma para defender la unidad de España es la de la libertad. Decir a los que huyen a Bélgica o a sus amigos, que duermen en Soto del Real, que con un voto en una urna no se puede obligar a la gente a quemar su pasaporte, verse sometida a la vigilancia de otro Estado o más simple aún, a tener que abandonar su hogar porque se lo imponga.

Alberto Benegas Lynch, Premio Juan de Mariana 2017 afirmó al recoger el galardón que: “(…) el verdadero conservador es aquel que conserva los principios liberales.” Sigamos así: conservemos nuestra libertad. Y no dejemos que la papeleta rasgue el mapa.