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España y el atajo de la violencia

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De acuerdo con el sociólogo alemán Franz Oppenheimer, sólo existen dos formas de obtener los medios necesarios para satisfacer nuestras necesidades y deseos. La primera es mediante nuestro propio trabajo y el intercambio voluntario con los demás miembros de la sociedad, forma a la que denominó «medios económicos». La segunda consiste en la apropiación violenta de la riqueza de los demás, a la que por contraste denominó «medios políticos».

El hecho de denominar «medios políticos» al empleo de la fuerza, a la extracción forzosa de recursos de las demás personas, no es casual. Una de las mayores fuentes de violencia en nuestras sociedades no es otra que su propio gobierno, su clase política. Como bien decía Ludwig von Mises en La Acción Humana, «conviene recordar que la interferencia del gobierno siempre significa acción violenta o la amenaza de dicha acción. Aquéllos que piden más interferencia gubernamental están pidiendo en última instancia más coacción y menos libertad».

Lo que el liberalismo propone es minimizar el uso de la coacción en la vida en sociedad. Es sobre los pilares de la libertad y el respeto a la propiedad privada sobre los que deben descansar las relaciones humanas. Son, precisamente, los «medios económicos» que describe Oppenheimer, la libre cooperación social en el marco de la división del trabajo y el intercambio voluntario, el ideal que defiende el liberal no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde una perspectiva práctica. Libertad y propiedad privada tienden a traducirse en prosperidad. Coacción y violencia, si bien pueden ser una gran tentación a corto plazo, a la larga siempre devienen en conflicto y miseria.

En España, una buena parte de la ciudadanía cada vez clama de manera más clara por una mayor coacción y menos libertad. El resultado electoral de las elecciones europeas es una buena muestra de lo poco que han calado las ideas liberales. El peso del liberalismo es cada vez menor dentro de los grandes partidos, y los pocos partidos minoritarios que han ofrecido una propuesta liberal han salido escaldados de las urnas. Una gran mayoría de la sociedad española está cada vez más lejos de creer que la mejor solución a los problemas sociales y económicos pasa por el camino de la libertad, por respetar la propiedad de los demás y permitir que sean los propios ciudadanos los que se organicen de la mejor manera posible para solucionar dichos problemas de manera pacífica.

Hay que entender que una gran parte de la sociedad española está desesperada por el efecto de la larga depresión económica. No sólo porque el desempleo lleva años superando el 25%, los salarios están por los suelos y muchas familias están sumidas en la pobreza. Lo más desesperante para una buena parte de la población es la percepción de que no se ve luz al final del túnel, de que esto aún va a seguir así mucho tiempo. La gente, aunque escucha que estamos en el inicio de la recuperación, sigue viendo muy lejos un escenario en el que algo tan básico como encontrar un empleo para mantener a su familia no sea misión imposible.

El problema es que la desesperación es el caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos populistas que aboguen por ofrecer a sus votantes soluciones inmediatas por medio de la fuerza. Es en este contexto en el que irrumpe en la escena política española un partido como Podemos. Más de 1,2 millones de ciudadanos han optado por respaldar con su voto a un partido cuyo programa es un completo disparate.

Uno de los problemas del programa de Podemos es que no se puede pagar. El partido dirigido por Pablo Iglesias propone una cantidad de gasto estratosférica. Además del deficitario Estado de Bienestar existente y toda su batería adicional de propuestas de gasto público, el plan estrella de Podemos consiste en el pago de una renta básica para todo el mundo, sea pobre o rico, a cargo de los presupuestos del Estado. Leyendo el programa queda claro cómo se pretende financiar todo este supuesto jardín del edén: impuestos desorbitados y, sobre todo, emisión de moneda por parte del banco central para pagar directamente los gastos del Estado. La hiperinflación, la pobreza y el caos social están garantizados.

Sin embargo, lo más preocupante no es que el programa económico no pueda pagarse, ni las nefastas consecuencias económicas de la propuesta política de Pablo Iglesias. Lo peor es que todo el programa rezuma violencia. Supone el auge de lo que Oppenheimer denominaba los «medios políticos», es decir, el uso de la fuerza para obtener los bienes y servicios que demandamos. Es, en resumen, toda una negación de la libertad individual y del derecho de propiedad. Expropiaciones de viviendas, de hospitales y de tierras; planificación centralizada y control político directo sobre un sin fin de sectores, como la energía, la alimentación, el transporte, las telecomunicaciones, la sanidad, el sector farmacéutico o el educativo; creación de una banca pública al servicio de la política; fiscalidad confiscatoria e impuestos sobre la riqueza; prohibición de los despidos para las empresas con beneficios y fijación estatal de los salarios. No es una política simplemente equivocada. Es una política destinada a desatar la miseria y a provocar la ruptura de la cooperación social.

El ascenso de partidos como Podemos y otras fuerzas políticas que proponen similares soluciones puede explicarse por la desesperación de mucha gente que no ve salida a la crisis y por repulsa a la actual clase política. De esas entendibles causas, sin embargo, no sigue que el populismo estatista que se abre paso en España vaya a solucionar los problemas. Más bien, los agravaría. La única solución, ética y práctica, pasa por ir hacia un marco institucional basado en la libertad individual, la cooperación social voluntaria y el escrupuloso respeto a la propiedad privada. Ése es el único camino a la prosperidad. El atajo de la violencia que propone Podemos no lleva a otro sitio que a la catástrofe.

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