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¿Espía el Gobierno a los jueces incómodos para el Gobierno?

El hecho de que alguien del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisara a Ramoncín de que se estaba investigando a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) resulta de por sí escandaloso. Al fin y al cabo, el cantante es un ex directivo de la organización sometida a escrutinio y amigo personal del principal sospechoso de los presuntos delitos. Pero hay algo que ha quedado relegado a un segundo plano en este asunto, y cuya gravedad puede ser mucho mayor.

Para poder filtrar dicha información a un interesado, los servicios secretos españoles debían de estar al tanto de la investigación de la Audiencia Nacional. Sin embargo, esta todavía no eran pública y el centro de inteligencia no tenía por qué haber sido informado de ella. Así que se plantea una cuestión importante: ¿Se dedica el CNI a espiar a la Audiencia General? Sospechamos que sí. ¿Somete a esta vigilancia, prohibida por la ley, al conjunto de dicho órgano judicial o tan sólo a algunos de sus magistrados en particular? Es de temer que nunca lleguemos a saberlo, aunque realmente se trata de algo secundario. Con independencia de cuál sea la respuesta, es algo que no debería ocurrir.

En cualquier caso, resulta llamativo que la investigación en cuestión estaba siendo llevada a cabo por el juez de instrucción Pablo Ruz. Se trata del mismo magistrado que está investigando a altos mandos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior por el chivatazo al grupo terrorista ETA conocido como "caso Faisán".

EL CNI está adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa, pero trabaja bajo la tutela de una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Esta está presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe el presidente del Gobierno, e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, del Interior y el de Economía y Hacienda, además de por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del propio Centro Nacional de Inteligencia, que actúa como secretario de la misma.

Dicho de otro modo, estamos ante la más que probable posibilidad de que el CNI, dependiente de forma directa del Gobierno, haya estado espiando las actividades investigadoras de un magistrado incómodo para ese mismo Ejecutivo. Se trata de un supuesto en grado extremo grave, puesto que podríamos estar ante un intento de adelantarse a cada paso de ese juez con el objetivo de borrar cualquier rastro incómodo que pudiera encontrar el togado en sus pesquisas.

La naturaleza de los servicios secretos es siempre conflictiva y sus actividades, por definición, siempre bordean el límite de la legalidad y en no pocas ocasiones los rebasan. Pero incluso ahí deben existir límites. Y uno de ellos es respetar el poder judicial y sus actuaciones. Resulta muy probable que el chivatazo a Ramoncín haya dejado al descubierto una evidente violación de las leyes y los principios más básicos de la democracia. Ahora sólo falta que algún político de la oposición o algún juez tenga el valor de actuar para intentar que estos hechos queden aclarados.