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Esquizofrenia energética

De todo el sinsentido que inunda la política, quizá el que afecta a las políticas energéticas es uno de los más evidentes y destacados. Una de las líneas de acción más populares en este sector es la llamada descarbonización, que supone, a partir de un momento dado, la disminución del CO2 generado en los procesos de obtención de energía hasta su supuesta desaparición. Para ello se vienen utilizando tecnologías y fuentes de energía distintas de las habituales, que desde hace décadas han estado ligadas a los hidrocarburos. De esta manera, se han popularizado motores eléctricos o energías renovables, pero dadas las limitaciones que tienen ambas tecnologías y que impiden cubrir las necesidades totales de la ciudadanía en el espacio y en el tiempo, estamos ante un proceso lento y no carente de dificultades.

La descarbonización es una las líneas de la UE y, aunque en España fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien la impulsó, su sucesor Mariano Rajoy Brey está cómodo con ella, en parte porque está de acuerdo con esta política, en parte porque la normativa europea le obliga. Las empresas que en España dan este servicio tampoco es que tengan muchas opciones, así que les es más fácil colaborar que enfrentarse al Gobierno y la UE, ya que son ellos los que imponen normas y regulaciones, y el enfrentamiento supondría un daño mayúsculo para accionistas, clientes y trabajadores. Estamos pues en un “mercado cautivo”, en el que las decisiones se toman en el corto o medio plazo, pues es difícil buscar estabilidad en el largo, con fuerte carga política y no siempre con acierto[1].

A lo largo de estos últimos años, ha habido un incremento de la potencia instalada en energías renovables y, todo hay que decirlo, una mejora en la eficiencia, sobre todo de la eólica[2], aunque no es todavía la adecuada para las necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, al depender de la meteorología (aire, insolación, precipitación), es imposible su continuidad, por lo que son necesarios refuerzos. Dentro de las fuentes que lo hacen están las centrales térmicas.

Las centrales térmicas queman básicamente hidrocarburos, en especial carbón, pero no exclusivamente; de hecho, hay centrales de este tipo que queman también gas natural. Las eléctricas han ido cerrando poco a poco las centrales térmicas más antiguas, adaptando las que podían a otro tipo de generación y dejando las que más impacto social tienen, generalmente ligadas a zonas tradicionalmente mineras. Sin embargo, los nuevos requerimientos europeos en lo que se refiere a emisiones de CO2, otros gases y contaminantes, han hecho que las empresas se encuentren en una diatriba: realizar las inversiones necesarias, con el efecto negativo en su contabilidad, o cerrarlas.

Pero cerrar las térmicas no es una labor fácil, pues no es una decisión económica o empresarial, sino una decisión que se debe tomar ponderando efectos sociales y políticos. Y aquí es donde asistimos a la esquizofrenia.

Durante años, las zonas mineras han recibido ayudas públicas de España y Europa para que llevaran a cabo su reconversión hacia otras actividades, ya que la eficiencia de estas explotaciones era cada vez menor y la calidad del carbón no se adecuaba a las nuevas tecnologías y requerimientos medioambientales. Sin embargo, en algunas de ellas el dinero no se ha usado para ello, pero las eléctricas han mantenido en funcionamiento las térmicas (aunque en algunos casos, la contaminación era evidente y excesiva) y, en este sentido, han colaborado en el mantenimiento de la actividad. Los políticos lo han permitido porque evitan el descontento social, ha sido fuente de votos y, cuando los sindicatos han sido fuertes, han buscado evitar problemas laborales y sociales. Y toda esta caldera acaba de explotar en las narices de todos.

Las eléctricas, en función de sus políticas empresariales y los criterios medioambientalistas de Bruselas, han tomado una serie de decisiones que se pueden resumir en que se va a mantener un puñado de ellas, las mejor colocadas, con inversiones para adaptarlas a las nuevas normativas que implican cantidades por central de en torno a 200 millones de euros, y darles así una nueva vida de al menos 25 años, y el resto, cerrarlas (en algunos casos se pueden hacer cambios menores que permiten su salvación).

La presión de los trabajadores, los sindicatos y, sobre todo, de los Gobiernos regionales (Asturias, Aragón y Castilla y León básicamente, que ven cerca las elecciones regionales) han propiciado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se plantee sacar una ley de la chistera en la que se impida el cierre de las térmicas si ello supone un impacto social elevado y que se articularía con tres criterios: que afecte al precio del pool, que tenga efectos medioambientales importantes o que ponga en riesgo la estrategia energética del país. Este último es un cajón de sastre que todo permite. Esta ley obligaría a hacer los cambios adecuados a las normas comunitarias o vender las centrales al mejor postor y sin que la propietaria pueda intervenir en el proceso. Qué decir tiene que esta decisión supondría un desastre desde el punto de vista económico para las empresas, al tiempo que abriría la puerta a otras decisiones/normas políticas del mismo carácter en este u otros sectores estratégicos. Y todo ello por un puñado de votos.

La esquizofrenia es evidente entre los partidos. Mientras que el PSOE defiende, desde su sede nacional en Ferraz, las energías renovables y la descarbonización del sector energético, la economía y la sociedad, en las Comunidades Autónomas de Asturias, Aragón y, en menor medida, Castilla y León (donde no gobiernan), los socialistas defienden no sólo la existencia de las térmicas, sino la supervivencia del sector minero, de forma que el carbón autóctono (caro y de calidad mejorable) forme parte del mix energético, lo que permitiría mantener el sector minero y su entorno, pese a que nos saldría muy caro. Algo similar sucede con Unidos Podemos, que en este asunto demuestra estar poco unido precisamente. Mientras la formación de Pablo Iglesias apuesta por el cierre de las térmicas, la más clásica IU, con un firme apoyo por tradición en los sindicatos mineros, apuesta por el mantenimiento de las minas y las térmicas que queman su carbón. Y el Gobierno del PP no puede ser menos. Mientras Nadal pergeña el decreto para evitar el cierre de las térmicas con la excusa de la seguridad del sistema, la ministra Tejerina, que lo es de Agricultura y Medio Ambiente, insiste en que la reducción de emisiones es lo primero.

Estamos, por tanto, ante el Estado clientelar carente de coherencia y ética. Esta ley, de aprobarse, mostraría de manera más evidente, si cabe, cómo las empresas del sector no tienen libertad de acción[3], sino que deben negociar con los ministros, consejeros e incluso concejales de turno. En todo caso, los activos de las eléctricas pueden ser expropiados y reasignados con mayor o menor descaro. ¿Quién habla de mercado libre en el sector energético?

[1] Un ejemplo de ello sería el apoyo a los ciclos combinados del ministro socialista Miguel Sebastián, que generó ingentes inversiones en el sector y se tradujeron en centrales casi paradas o en perspectiva de cierre.

[2] No fue hasta 2015 cuando se puso en funcionamiento el primer parque eólico que no recibía primas y aún hoy son pocos los que renuncian a ello.

[3] Tal es el caso de Iberdrola. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha recibido críticas (y algo más que críticas) por tratar de cerrar las centrales de Lada y Velilla, las últimas térmicas de Iberdrola en todo el mundo, siguiendo así la estrategia del grupo centrada en la generación renovable. Esta política empresarial supuso hace ya años el cierre de la central de Longannet, la mayor del grupo y la segunda mayor de Europa.