En los últimos meses resulta difícil adquirir algún diario en que no aparezca reproducida la palabra crisis. La inflación está en niveles que no se veían hacía años, las previsiones de crecimiento del PIB cada día son menos halagüeñas, el sector financiero está preocupado por la solvencia de sus deudores, el número de viviendas cuya construcción se ha iniciado decrece si se compara con respecto a años anteriores, el nivel de desempleo aumenta y la subida media salarial parece que se situará por debajo de la inflación.
En efecto, ninguna de las previsiones anteriores resulta esperanzadora, y parece indicado señalar que nos encontramos ante el inicio de una crisis económica que puede ser más o menos pronunciada, y con una duración que nadie parece aventurar con mucha seguridad.
Ante esta situación cabría plantearse la pregunta de qué rumbo tomar. La respuesta será distinta para cada persona, pero lo que está claro es que consumidores, empresarios y administraciones públicas tendrán que prepararse para esta eventualidad, para responder a un entorno de desempleo, inflación y pérdida de rentabilidad de determinadas inversiones.
Como individuos habrá personas que estén preocupados por la posibilidad de que sus salarios reales decrezcan, o que incluso se queden sin trabajo. Es por estas razones por lo que estas personas buscarán reducir su nivel de gastos, para responder a estas contingencias, adquiriendo menos bienes o servicios o buscando aquellos más baratos.
Ante estas nuevas demandas de los consumidores, los empresarios se encuentran frente a un doble reto. De un lado habrá quien descubra nuevas oportunidades de negocios a la hora de satisfacer a clientes que buscan adquirir bienes y servicios más baratos. Otros verán como disminuyen sus ventas por este entorno adverso. En ambos casos, se hace imprescindible adaptar la empresa, de una manera rápida, a este nuevo entorno, lo que implica, por lo general, una reducción de costes, para ofrecer lo que demanda el consumidor, productos más baratos.
Una vez detectados los principales problemas a los que se van a enfrentar tanto los consumidores como los empresarios a la hora de satisfacer las necesidades de los anteriores en un entorno de crisis, los gobernantes deberían actuar en consecuencia. Para ello debería tener en cuenta la existencia de un factor común en ambos, la necesidad de reducir los costes. En este sentido las administraciones públicas son un factor esencial en la formación de costes, ya que su actividad genera un coste común para ambos, los impuestos. Al igual que consumidores y empresarios se tienen que adaptar a un nivel de ingresos inferiores, reduciendo para ello sus costes, la administración pública debería emprender su propio proceso de reforma con el mismo objetivo, reducir costes. Ello le permitiría prepararse para una menor recaudación impositiva fruto de una peor situación económica, y, sobre todo, facilitar la adaptación de consumidores y empresas reduciendo su carga impositiva.
Otra medida que pueden tomar las administraciones públicas es eliminar la existencia de costes indirectos, derivados de legislaciones innecesariamente complicadas o con exigencias no requeridas por el mercado. Estas complejidades legales elevan tanto los costes como los tiempos de respuesta de las empresas, y acaban también afectando a los propios consumidores que ven como los bienes demandados son más caros y tienen características que ellos no han demandado y por las que tienen que pagar un precio adicional.
Por último las administraciones también influyen en el acceso a las fuentes de financiación por parte de empresarios y consumidores. Si los gobernantes realizan una reducción impositiva, sin adaptar sus costes, tendrá que buscar financiación ajena, vía deuda pública. En este caso, individuos, empresas y administraciones públicas competirían en los mercados en búsqueda de financiación, elevándose los costes de la misma.
Si el legislador opta por simplificar su burocracia y normativa, por bajar los impuestos y por acometer su propio proceso de reducción de costes de manera que no se acuda a la deuda pública, sin duda alguna la salida de la crisis estará más cerca para consumidores y empresarios. En caso contrario, si se busca «corregir» la demanda con medidas keynesianas elevando el gasto público, los impuestos e introduciendo nuevas complejidades burocráticas, empresas y consumidores verán como la crisis se acentúa, al tener costes y períodos de adaptación superiores, y una mayor dificultad para acudir a los mercados financieros.
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