Cuanto más plana es la tierra más se empeñan los estatistas en reducirla a poblados herméticos. El enésimo coletazo del proteccionismo, el fiscal, resurge con nuevas medidas legislativas en pro del mantenimiento de los contribuyentes dentro del corral gubernamental y las organizaciones estatalistas (OCDE, UE… etc.) comandan las últimas ofensivas para configurar estas medidas.
El surgimiento de los llamados paraísos fiscales –centros financieros internacionales offshore (CFIO), que mueven el 60% del dinero en el mundo– respondieron a la necesidad de proteger los patrimonios ante posibles expropiaciones y elevados impuestos y han entablado una fuerte competencia por atraer inversores extranjeros. Además, las empresas (e incluso los gobiernos) han aprovechado esa actividad financiera carente de cargas fiscales que los bancos allí establecidos realizan para conseguir fondos y capital a reducidos costes. De este modo, se empezó a hacer frente a la fiscalidad o, como felizmente la definiera Jean Babtiste Colbert, a "el arte consistente en desplumar a la gallina de forma que se obtenga el mayor número de plumas con el menor cacareo posible".
Ante estos cacareos cada vez más potentes, los estados han tenido que modificar sus legislaciones para hacer más difícil el aprovechamiento de estos refugios. Así, el derecho positivo interno de los países atacó la huida hacia los paraísos eliminando las deducciones, exenciones, créditos fiscales y otros beneficios a entidades que operan en estos lugares. Paralelamente, las administraciones de los Estados han venido incrementando sus relaciones estableciendo los llamados Convenios de Doble Imposición para repartirse sus soberanías fiscales e intercambiar información de cara a evitar el fraude fiscal.
Tal ha sido el rearme administrativo que, en determinados aspectos, interesa a la propia Administración que las sociedades operen en los paraísos fiscales, porque de ese modo aprovechan las clausulas anti-abuso añadidas en sus legislaciones y les hacen tributar por lo que lo habrían hecho en el infierno fiscal al que pertenezcan.
Pero para ello les es de vital importancia contar con la herramienta imprescindible para todo buen tirano que se precie (y que es clave en fiscalidad): la información. De ahí que en 2001, los antaño "paraísos fiscales" pasaron a llamarse "jurisdicciones colaboradoras o no colaboradoras" según compartían con las administraciones más agresivas información fiscal. Y es que ya sabemos que para el poder, la información entendida como espionaje es vital para su supervivencia.
Por todo ello, es de resaltar que las medidas administrativas sean la respuesta a lo que emerge (así lo ilustra el subtítulo "An Emerging Global Issue" de un importante trabajo de la OCDE contra la competencia fiscal). La actuación gubernamental siempre es respuesta, va a la zaga, va en contra, de lo que surge del actuar de aquellos que comercian y se relacionan bajo el principio de la autonomía de la voluntad, contratos y soberanía individual. E igualmente curioso que el problema surja gracias a cambios tecnológicos y comerciales como Internet y los transportes, elementos que han hecho tanto bien a la humanidad y que tanto posibilitarán en el futuro. Sin embargo, no deja de ser normal si tenemos en cuenta que los que llevan adelante estas iniciativas todavía siguen los esquemas expoliadores de mayores ingresos públicos para sufragar mayores gastos públicos negando la conducta diaria de los que en busca del bienestar material siguen emigrando o trasladando su capital a jurisdicciones de menor extorsión.
Una excusa o falacia bastante utilizada y que pretende tocar la fibra sensible de los ciudadanos es que con mayores trasferencias de información entre administraciones podría combatirse en mayor medida la lacra del terrorismo. No obstante, mucho más fácil sería detectar estas actividades en un mundo en el que no le fuera preciso a la gente decente huir y ocultarse de los gobiernos como si fueran criminales.
Y es que, realmente, para aquellos que usan este tipo de países o, en un plano más abstracto y general, aquellos que compiten fiscalmente con los mastodontes occidentales ofreciendo menor tributación, verdaderamente significa un intento de escapar a sus garras. Una escapatoria que también se analiza con estudios empíricos que intentan justificar las políticas emprendidas y alertar de los efectos negativos de la competencia en impuestos pecando todos ellos, sin embargo, de un análisis estático y de conclusiones encerradas en sus escuetas teorías alejadas de la acción humana y muy próximas a la política.
Nos encontramos, en resumen, ante una colosal batalla entre la globalización y la fiscalidad. O cómo la creciente intensidad de las relaciones pacíficas intentan defenderse de las ansias confiscatorias de los estados.
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