Usted está aquí

Hacienda o el antimercado

En múltiples ocasiones, la legislación tributaria hace referencia al valor normal de mercado. La administración acude a este concepto cuando los precios por los que surgirá el hecho a gravar son inferiores "a los de mercado" y por ende, menor la tributación. Así, cuando la recaudación podría ser inferior y la tarjeta de crédito de los políticos corre riesgos de engordar un menos, la "ley" prevé que se tribute no por lo que realmente se acordó, sino por lo que hipotéticamente se habría acordado entre "sujetos independientes en condiciones normales de mercado". Lo que ellos llaman "valor normal de mercado".

Sin embargo, ¿hasta qué punto esta idea económica utilizada por la administración para definir lo que es el valor de mercado está fundamentada? ¿Podemos conocer esa entelequia? ¿Con estadísticas? Se trata de una argucia bañada con apellidos rotundos ("de mercado") carente de toda base científica y que no son sino precios administrativos fijados arbitrariamente, creados y usados a conveniencia para hinchar las bases imponibles y para que la Agencia Tributaria pueda cumplir con el automatismo ciego y no sujeto a la voluntad de los ciudadanos de recaudar siempre cuanto más mejor.

La administración dispone en su magnificencia que sólo considerará valores de mercado aquellos fijados entre partes independientes en condiciones normales de mercado. ¿Independientes? Si suponemos que por independientes no quiere decir que ni se conozcan ni se hablen ni hayan tenido ningún tipo de relación, sino que cada uno posea autonomía con respecto al otro, ¡es la propia administración la que incumple su definición! Ya que al imponer un precio establecido mediante estudios o estadísticas está anulando a las verdaderas partes contratantes (sobre las que se cierna en cada caso) a la vez que las está considerando inválidas para fijar su propio precio de intercambio voluntario que sí sería de mercado.

Todo precio de mercado responde a la interacción de las preferencias de los sujetos implicados y no es de recibo que los funcionarios quieran imponer unas preferencias estandarizadas a unos individuos que no tienen nada que ver. En cada operación se plasma la elección entre los partícipes que han actuado y, de este modo, el precio de mercado no es más que una relación de intercambio histórica y, por consiguiente, no extrapolable. Es decir, yo no puedo equiparar la operación que realizó Óscar y Luis con la que realizó Iraida e Inés. Son sujetos diferentes que expresaron una elección, un acto empresarial distinto, según sus gustos y necesidades en aquel determinado momento.

Por tanto, no se puede objetivizar ni hacer medias aritméticas de aquello subjetivo para luego aplicarlo a todos bajo la bandera... ¡del valor de mercado! Y aunque se tratara de empresas del mismo grupo o vinculadas, nos encontraríamos en el mismo escenario: el mercado. En ese caso se trataría de empresas que se aprovechan de una estructura organizativa a la que han llegado a través de medios pacíficos de cara a reducir costes de todo tipo y fiar precios a voluntad. Por lo que no se les puede imponer un valor o precios diferentes a los que podrían llegar contando con esa organización empresarial que es de mercado.

No se puede imprimir sobre el papel aquello que dependerá de cada cual. Ni separar determinadas actuaciones llevada a cabo en el mercado y considerarlas extrañas a él. La invención de precios considerados por la administración tributaria como "normales de mercado" para sustituir a los verdaderamente de mercado (fijado entre partes) es una tergiversación teórica que, a diferencia de los auténticos precios de mercado, no busca satisfacer las voluntades de los ciudadanos implicados sino expropiar parte de la propiedad de los individuos coaccionados.

En definitiva, es una errónea idea económica aprovechada por la administración para fijar ad hoc un precio administrativo-tributario sobre el que extraer vitalidad a los negocios, justificada con informes estadísticos y demás estudios con información empresarial objetivizada que no puede captarse en su totalidad a menos que se desnaturalice. Una desnaturalización que recuerda a los sistemas soviéticos en los que primaba más el capricho del comisario que el hambre del pueblo, y que en tiempos venideros va a cobrar relevancia cuando se introduzcan los llamados "precios de transferencia" (precios por los que tributar fijados para las relaciones internacionales entre empresas vinculadas).

Por desgracia, parece que cuando se habla de sistema fiscal se entre en otro mundo que nada tiene que ver con la realidad. Como si éste fuera la parcela o el corral del estado al que siempre, al final, se cede y se justifica como la necesaria carga que debemos soportar para que todo el tinglado funcione y no sobrevenga la anarquía.

El socialismo cayó, precisamente porque se arrogó la facultad divina de establecer los precios de mercado sin mercado (sin propiedad) y, por tanto, sin cálculo económico. La administración tributaria y el sistema fiscal de occidente continúan por la misma senda de la imposición y ejecutando día tras día y con energías desenfrenadas lo que antaño no era sino una muestra de fatal arrogancia y despotismo. Pero en este caso, no se trata de esclavizar en su totalidad al pueblo, sino de extraer la savia del comercio libre. Ahora el vampiro no caerá por su propio peso. La economía continuará soportando el yugo y los ciudadanos continuaremos trabajando para el estado… gratis y sin opción. Esperemos que el desprendimiento se acelere.