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Innovación y desarrollo: de la copia al espionaje

El Imperio romano era el más avanzado tecnológicamente de su época. Sin embargo, fue derrotado por pueblos, que no imperios, llamados bárbaros (…). La tecnología no puede convertirse en una trinchera en la que esperar que se estrellen y frenen todos los esfuerzos de los adversarios. Siempre deben valorarse la moral y la voluntad de vencer, sin las cuales ni la mejor y más exclusiva tecnología es resolutiva, pues nunca dejará de ser un instrumento al servicio de la voluntad humana (Pedro Baños, “El Dominio Mundial”).

En los últimos meses se está hablando mucho de guerras comerciales y de espionaje industrial a cuenta de las negociaciones entre los Gobiernos chino y estadounidense. Sin entrar en el caso concreto, creo que es importante, para un liberal, distinguir la protección de la denominada “propiedad intelectual” a través de un sistema de patentes, de la protección y reacciones frente al robo, ilegal e ilegítimo, de información empresarial.

Desde un punto de vista liberal debería defenderse la abolición de las patentes, por considerarlas un monopolio intelectual sobre un hallazgo privado que permite que el titular de la misma se beneficie de un incremento artificial de la rentabilidad, en claro perjuicio del bienestar de los potenciales consumidores, al estársele reconociendo -al titular de aquella- un privilegio para que explote económicamente en exclusiva el nuevo producto o procedimiento en que consiste la innovación, evitando coactivamente la competencia.

Y es que la implementación de un modelo de monopolio intelectual como el que establece el sistema de patentes, además de impedir el libre flujo de información utilizable, crea una serie de incentivos perversos (como describen Boldrin y Levine) que atentan contra el libre desarrollo,  sin obstáculos, de esa innovación, al permitir el bloqueo de la investigación en los campos patentados (llegándose, incluso, a patentar ideas generales para impedir su desarrollo posterior por otros), incrementando innecesariamente los costes de la innovación y generando claras duplicidades, al obligar a llegar a iguales resultados por distintos caminos. Y todo ello sin obtener ningún beneficio claro en contraprestación.

En efecto, en contra de lo que suele pensarse, la protección de la denominada “propiedad intelectual” no es la garante de la inversión en investigación: la abolición de las patentes no acabaría con una innovación por falta de gente dispuesta a invertir recursos ante la imposibilidad de disponer de un monopolio para explotar los resultados, sino que haría que esa innovación se hiciese de otra manera: el proceso innovador comenzó sin necesidad de ese tipo de protección, y, según muchos estudios, los mecanismos principales para rentabilizar una inversión en I+D están en el secreto industrial y en ser los pioneros en el mercado, no en la protección que brindan las patentes: La transferencia de información no es un proceso fácil (como demuestra la todavía “secreta” fórmula de la Coca-Cola) ni gratuito (exige también desembolsos), ni inmediato, lo que hace que el secreto industrial y la inversión constante en I+D pueda permitir a los innovadores seguir en la brecha y siempre por delante de los copiadores, creando, además, los incentivos para que aumente la preparación general de la gente que facilite el aprovechamiento inmediato de los avances ajenos, y la inversión constante, descentralizada y complementaria; perjudicando, además, a quienes menos innoven, por mucho que copien.

Hay que tener en cuenta, además, que las innovaciones suelen tener un carácter mucho más gradual y descentralizado de lo que se nos enseña, lo que hace que las inversiones en I+D no tengan que ser tan importantes, como se piensa, para que esos avances se produzcan. Los gastos de investigación, en ausencia de patentes, serían, además, mucho menores,  y mejor empleados, ya que los investigadores no tendrían que pagar royalties por las patentes que utilizan en sus investigaciones, y no se producirían duplicidades: en el caso de las farmacéuticas, por ejemplo, no se tendría que destinar ingentes cantidades de recursos para desarrollar medicamentos redundantes (medicamentos con iguales propiedades que otros patentados, pero con las variaciones mínimas necesarias para no estar incurriendo en la vulneración de la patente). En un mundo sin patentes, con la misma inversión de recursos que se da en la actualidad, quienes invierten en innovación estarían muchísimo más adelantados que quienes no lo hacen, ya que la innovación sería mucho más barata (aunque es cierto que no se gozaría de los beneficios que supone la protección de la patente, aunque, como se ha visto más arriba, no son tantos, ni los más importantes para rentabilizar la inversión), lo que supondría un incentivo clarísimo para invertir en innovación. Si a ello le uniésemos, además, la desregulación en otros campos (una parte importante de los costes de innovación en la industria farmacéutica proceden de las imposiciones de los organismos supervisores), las consecuencias serían todavía mejores.

Pero una cosa es utilizar los descubrimientos o hallazgos de terceros que están a la vista o que con trabajo, esfuerzo y recursos uno logra desentrañar sin inmiscuirme en el ámbito privado de nadie, y otra el robo de información empresarial con fines económicos, vulnerando ilegal e ilegítimamente los sistemas de seguridad legítimos establecidos para proteger dicha información. Los liberales no atacan los derechos de patentes porque consideren que las innovaciones “pertenecen a todos” sin distinción, sino porque niegan la legitimidad de un monopolio intelectual artificial que ampara la coacción arbitraria para restringir la competencia y que, además, tiene más inconvenientes que ventajas. La protección de los secretos industriales frente al robo (al margen del uso que pueda darse al resultado del espionaje industrial) sí es una consecuencia necesaria del derecho de propiedad. Pero robar no es copiar ni copiar es robar.

Tal y como describió detalladamente Mihai Pacepa, jefe de los espías rumanos en la época del matrimonio Ceuacescu,  el espionaje industrial sistemático de las innovaciones occidentales fue uno de los objetivos principales de los servicios secretos del bloque comunista durante la Guerra Fría, lo que en muchos casos se hacía a través de sociedades mercantiles pantalla, y de manera ilegal e ilegítima, atentando contra la intimidad y o los acuerdos y contratos suscritos. Cuanta menos propiedad privada y libertad empresarial, menor innovación real, es un hecho.

Las sociedades libres deberían establecer los mecanismos para evitar las intromisiones ilegales e ilegítimas, tanto de nacionales como de extranjeros, en el seno de la vida privada de personas y empresas para proteger, entre otros, los secretos industriales, pero para ello no es necesario restringir la libertad a través de los sistemas de patentes que sólo garantizan incentivos perversos, distracciones y despilfarro de recursos, sin beneficios claros salvo para quienes copian (no digamos ya para quienes roban), que estarán más cerca de los innovadores copiados a quienes innovar les sale muchísimo más caro.

Pero como dice el coronel Baños en la frase entrecomillada al comienzo de este artículo, lo importante es “la moral y la voluntad de vencer”. Aun así, para que haya moral, tiene que haber principios compartidos, y los principios en los que se basan, mal que bien, las sociedades occidentales son los que son… aunque no cejen nuestros intentos para relativizarlos, debilitándolos, a partir, además, de argumentos inconsistentes o no probados.