Este miércoles, 4 de marzo, se reúnen en Madrid los principales representantes de los gobiernos y Estados de España, Francia y Portugal: Mariano Rajoy, François Hollande y Pedro Passos Coelho, en una cumbre a la que también asistirá el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para impulsar las interconexiones energéticas entre la Península Ibérica y el resto de Europa.
Aunque hay mucha falsa literatura sobre la conexión eléctrica entre Francia y la Península, ésta no es especialmente importante y la mayoría de la electricidad que se consume en la Península se produce en las centrales de generación que hay en ella. El pasado día 20 de febrero se inauguró una nueva línea eléctrica entre España y Francia, con presencia de Mariano Rajoy y Manuel Valls, más conocida como línea MAT (Muy Alta Tensión), que permite duplicar la capacidad de intercambio energético entre ambos países hasta los 2.800 MW, cifra que, a pesar de todo, seguiría siendo baja y para 2020 y 2030 se quiere incrementar en un 10% y un 15% respectivamente en términos de demanda.
Hay quien llega a hablar de un «aislamiento» de la Península, pero se me antoja excesivo, ya que España ha buscado en el gas del Norte de África su principal fuente de energía y no en las centrales nucleares francesas y del resto de Europa. Aunque es cierto que las interconexiones reducen el peligro de apagón, cosa diferente es que la nueva política diseñada en Bruselas quiera potenciar los mercados (es un decir) energéticos dentro de la Unión, dejando aparte a terceros países, sobre todo los problemáticos, quizá influida por los conflictos con Rusia y su gas, que alimenta la Europa más oriental, o los conflictos con Estados islámicos, cada vez más radicalizados o inestables, como es el caso de Libia, país que Francia desestabilizó con ayuda de la OTAN. En este sentido, la búsqueda de petróleo en aguas territoriales europeas y la potenciación del fracking, incluso contra los deseos del poderoso lobby ecologista, explicarían éstas y otras decisiones europeas.
Durante los últimos años, ha habido un menor consumo, fruto de los efectos de la crisis, lo que ha hecho evidentes los excesos que se cometieron durante la planificación socialista, como la potenciación irreflexiva de las renovables o construcción de ciclos combinados para una demanda siempre creciente. Todo ello ha venido a confirmar que el keynesianismo económico, si acierta es de chiripa, no porque el planificador sea especialmente inteligente o previsor. Los políticos, por su propia idiosincrasia, son animales «optimistas», que muestran ante el votante lo buenos que son y lo mucho que van a hacer crecer el país, la gran demanda energética que va a haber que cubrir y las ingentes inversiones creadoras de empleo que se van a tener que acometer.
En España, esto se tradujo en el boom renovable y la promoción de los ciclos combinados que iban a consumir el barato gas argelino. El resultado ha sido diferente, las previsiones irresponsables no se han cumplido y hoy los ciclos combinados languidecen sin actividad y las eléctricas ruegan al Gobierno que se les permita «hibernar» estas instalaciones para no perder tanto dinero, mientras que los pícaros renovables ven cómo sus expectativas de ingresos no se cumplen y no pueden pagar los créditos irresponsables en los que se metieron para sustituir sus girasoles por placas solares de dudosa eficiencia. Y en este caso, la gran cantidad de centrales paradas demuestra que las burbujas no sólo son inmobiliarias. En España hay instalados en torno a 100.000 megavatios de potencia, más de la mitad de lo que se necesita.
Volviendo a las interconexiones, hay agentes que consideran que éstas favorecen a los mercados franceses, ya que hoy por hoy, entra más energía desde Francia a España que la que sale de ésta hacia el resto de Europa septentrional. Pero lo cierto es que, si se pone en funcionamiento parte de lo que está parado, se podría dar la vuelta a la tortilla y, si el precio es el adecuado, que España empiece a vender energía fuera y así rentabilizar infraestructuras en el resto de Europa.
Pero como no es oro todo lo que reluce, llegaríamos a una paradoja: los españoles estarían subvencionando con sus recibos la energía renovable que se vendería fuera de España, ya que parte de lo que pagamos va dirigido a los productores de renovables, simplemente por serlo. En definitiva, que el dinero de los bolsillos españoles pasaría a los franceses.
La política energética que nos dejó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero es una rémora que el Gobierno de Mariano Rajoy Brey no ha acometido con la contundencia que debía, como tantas otras cosas, y en los últimos tres años se ha limitado, en la medida de lo posible, a tapar el agujero del Estado y lo ha hecho a costa de consumidores y empresas. La política popular ha conseguido reducir el déficit eléctrico, mientras que el cliente, el contribuyente paga uno de los recibos más caros de Europa.
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