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La Comisión Europea y sus augurios de pacotilla

Esta historia comenzó hace unos años, allá por 2016. Fue entonces cuando el operador móvil Hutchison 3G UK, más conocido por su marca Three Mobile, decidió fusionarse con otro de los operadores presentes en el mercado inglés, a saber, O2 UK, filial en aquel mercado de Telefónica. A estos efectos, hizo una oferta de compra por unos cuantos miles de millones de libras, que le pareció satisfactoria al potencial vendedor.

La cosa debería de haber sido sencilla: alguien quiere comprar algo que alguien quiere vender, se ponen de acuerdo en el precio, y fin de la historia, y, por tanto, de este artículo. Por supuesto, no fue así. Resulta que tal adquisición por Hutchison suponía que pasaría a tener una cuota de mercado considerable, al reducirse el número de competidores en Reino Unido de 4 a 3. Y, en esas circunstancias, el tratado de la Unión Europea (UE) exige que la Comisión Europea dé su visto bueno a la operación, para asegurar que la mayor concentración en el mercado no perjudica a los consumidores.

La Comisión Europea analizó la fusión y decidió prohibirla puesto que, según ella, la estructura resultante en el mercado de telefonía móvil haría que los precios de los servicios subieran y que la calidad de los mismos se redujera, ambas cosas en perjuicio de los ciudadanos ingleses. Recuérdese, en 2016.

¿Qué posibilidades tenían H3G y O2 UK tras la prohibición? Pues poca cosa, seguir separados y poco más. Por supuesto, la decisión de la Comisión Europea, como la de todos los organismos administrativos, podía ser recurrida ante la justicia, en este caso el Tribunal de Justicia de la UE, pero la vida debía seguir y ninguna de las partes podría quedarse a esperar la sentencia sin más. Así que, debieron de pensar, ¿para qué recurrirla?

El caso es que Hutchison decidió hacerlo, pese a lo inefectivo del resultado. Sí, ya sé que lo ético y moral era y es denunciar estas decisiones arbitrarias, pero las empresas han de ser eminentemente prácticas para sobrevivir en el mercado, y es raro que tomen decisiones de las que no esperan beneficio.

Llegó 2020, y con él el coronavirus y el confinamiento y quizá el destrozo definitivo del estado del bienestar. Y entre tal avalancha de noticias económicas y de otra índole, quizá muchos lectores pasaron por alto la sentencia sobre este caso, que se produjo hace unas semanas.

En efecto, cuatro años después, el Tribunal da la razón a H3G y le dice a la Comisión que esta operación nunca debió ser prohibida. Por supuesto, ya nada pueden hacer ni H3G ni O2 UK (inmersa desde hace poco en otra operación de fusión, en este caso con Virgin UK), ni siquiera parecen tener posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Quien quiera hacer un cálculo de las pérdidas que la decisión de la CE supuso para los accionistas de Telefónica solo tiene que ver la diferencia entre el precio pactado con H3G para O2 y el valor que se le dará de cara a la fusión con Virgin.

¿Por qué ha anulado el Tribunal de la decisión de la Comisión? La respuesta ideal sería que porque se ha dado cuenta de que el antitrust, el derecho de competencia, es un poder administrativo arbitrario y que no hay motivos en teoría económica para oponerse a una compraventa libre entre dos partes.

Evidentemente, no ha sido por esto, ya quisiéramos. Lo que le dice el Tribunal a la Comisión es que no ha sido capaz de demostrar que los efectos negativos de la fusión (esto es, subidas de precios, pérdida de calidad, reducción de la innovación) tenían una gran probabilidad de materializarse. Vamos, que lo que ve el Tribunal a partir de la decisión de la Comisión (1000 páginas la contemplan) es que esos efectos podrían pasar o podrían no pasar.

En otras palabras, que la Comisión Europea, por muy Comisión y muy Europea que sea, no puede predecir el futuro. Y como no puede predecir el futuro, no debería haber prohibido esta operación entre particulares. Desde otro punto de vista, lo que le exige el Tribunal a la Comisión si quiere tener éxito en futuros intentos, es que prevea bien el futuro, que demuestre que su apreciación del futuro va a pasar, al menos con gran probabilidad.

Y con esto, debería quedarle claro a la Comisión que ella no es quien para prohibir transacciones entre particulares con la excusa de que ello provocará una subida de precios o, como está de moda últimamente, que se va a reducir la innovación. Sí, como lo oye el lector: no contenta con predecir cómo van a evolucionar los precios tras una operación de concentración, la CE desde hace un tiempo pretende prohibirlas o condicionarlas, prediciendo cómo va a resentirse la innovación.

No acaba aquí la historia. Ahora resulta que, tras tan tremendo fiasco, la CE sigue inasequible al desaliento, y propone que se la den nuevos poderes en el ámbito de antitrust. Quiere poder regular a las grandes plataformas de Internet (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft) para anticipar los problemas de competencia antes de que se produzcan. O sea, les ha dicho el Tribunal que no son capaces ni de prever cuánto van a subir los precios de telefonía móvil en Reino Unido como consecuencia de una adquisición, y sí van a ser capaces de anticiparse las cosas que quieran hacer los agentes más innovadores del planeta. Toma ya.

Si no fuera tan desesperanzador para el futuro de la innovación en Europa, sería para tirarse al suelo de la risa.