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La energía, cuestión de interés… ¿general?

La política energética europea es eso: una política pública en la que gobiernos y Estados marcan las líneas estratégicas y en la que las empresas, privadas, públicas o híbridas, llevan a cabo lo que estas líneas sugieren u ordenan[1]. Cualquiera que analice someramente el sector no podrá negarlo, salvo que su ceguera ideológica se lo impida. Las grandes inversiones, la generación y transporte del fluido eléctrico, del combustible, del crudo o el gas están marcados por normas muy concretas, por decisiones entre líderes mundiales.

Que las empresas del sector tienen a menudo grandes beneficios es un hecho, y que en algunos casos son poco eficaces, cuando no ineficaces, también; de cualquier manera, su poderío financiero y su capacidad de gestión nada tienen que ver con el libre mercado, sino con el intervencionismo económico, con la planificación estatal, con los intereses de unos pocos, generalmente lobbies que se mueven bien dentro del sector. Los intereses y necesidades de los ciudadanos europeos no son lo principal en tales decisiones. De hecho, algunas veces las propias políticas energéticas europeas contradicen las líneas maestras de la Unión, sin que nadie o muy pocos se echen las manos a la cabeza ante tan flagrantes contradicciones.

Un ejemplo que sustenta esta última afirmación es el caso del gasoducto Nord Stream, que parte de suelo ruso, Viborg, y llega a suelo alemán, en Greifswald, a través del Mar Báltico, sin pisar tierra. A finales de 2015, la empresa estatal rusa Gazprom y varias empresas europeas acordaron duplicar el gas transportado por dicha infraestructura, a través de dos nuevos ramales paralelos a los construidos en 2011 y 2012 y que proporcionaban a los europeos 55.000 metros cúbicos anuales.

Este gas incrementaría la dependencia de la UE sobre el gas ruso, lo que realmente llama la atención, pues en los últimos meses ha caído la demanda de este hidrocarburo. Gazprom refuerza su papel como el mayor proveedor de la Unión Europea, contradiciendo una de las líneas de la planificación energética comunitaria, la de evitar la dependencia, favoreciendo la diversificación; además habría que ver si se incumple uno los compromisos medioambientales: la reducción de la quema de hidrocarburos. Así pues, la necesidad de esta infraestructura estaría en entredicho por éstas, pero también otras razones más técnicas, como el coste relativamente alto comparado con uno terrestre; en definitiva, no parece que sea por el interés de los ciudadanos europeos, así que surge la pregunta: este despropósito energético, ¿a quién beneficia?[2]

En primer lugar, la gran beneficiada es la Federación Rusa, que consigue varios objetivos inmediatos, el primero de carácter financiero, en el que se asegura una salida al gas del Campo de Yuzhno-Russkoye a un precio más bajo, pero una salida, al fin y al cabo, y un ingreso en las necesitadas arcas de la Federación. El segundo es incrementar la dependencia de Europa del gas y el petróleo ruso, evitando además que la estructura pase por países conflictivos, como Ucrania, con la que está en guerra (no declarada, pero sí de facto apoyando a los separatistas), y otros países del Este de Europa que estuvieron bajo el dominio de la Unión Soviética y que ahora guardan un diplomático rechazo a su vecino y, sin embargo, enemigo ruso. Hay que tener en cuenta que la Federación Rusa ha usado la interrupción del servicio de gas en múltiples ocasiones como chantaje para conseguir fines estratégicos en la zona. Robert L. Larsson, director de la Swedish Defense Research Agency, ha contabilizado en 55 las veces que ha usado esta amenaza para conseguir coercitivamente diversos objetivos. Así que, por una parte, los rusos pueden seguir amenazando a los países del Este sin cortar el suministro a Occidente, y en caso necesario, amenazar al propio Occidente si fuera necesario. Los países del Este perderían los ingresos que ahora reciben por el tránsito del gas (los llamados peajes) y, en especial, Ucrania se vería seriamente afectada, pues su posición pasaría a ser irrelevante.

La otra beneficiada, pero a costa de sus vecinos, sería Alemania. Al recibir directamente el gas sin que pase por los países bálticos o por Polonia, dichos países podrían recibir una parte, pero desde suelo alemán, que lo repartiría a un precio algo mayor del que posiblemente pagarían de llegar de manera directa a través de gasoductos terrestres y mucho más cortos[3]. Esta situación incrementaría el poder teutón en la UE, un poder al que, desde el anuncio del Brexit, sólo puede hacer frente Francia, algo que no parece que vaya a ocurrir; al contrario, los intereses de ambos países dentro de la UE, de momento, van de la mano. Pero los países periféricos no ven con buenos ojos este incremento del poder alemán, en especial los polacos, que viven entre dos enemigos tradicionales.

La unidad de la Unión está paradójicamente en entredicho después de la crisis de los refugiados, el incremento de las acciones terroristas que han puesto en duda el concepto y la institución del espacio Schengen y el voto afirmativo a la salida de Gran Bretaña. Este nuevo episodio no ayuda a que la situación se aclare, sino más bien todo lo contrario.

Además, la propia Alemania tiene problemas energéticos ligados al cierre de su programa nuclear. Aunque las necesidades energéticas fueran menores, los alemanes siguen demandando mucha energía y el gas ruso es una solución a corto plazo, pero a costa de incrementar la desunión en la UE, a la vez que se ponen en duda algunas de las líneas fundamentales de la política energética europea[4]. No sería la primera vez que Alemania socializa sus problemas en la UE.

Como se puede extraer de este breve análisis, una vez más, los intereses de los europeos no se contemplan como prioritarios, si acaso el de los alemanes, pero a costa de otros. Se anteponen a ellos intereses ideológicos, electorales, de lobbies empresariales, de grupos que forman parte de un Estado clientelar y, sobre todo, de los intereses de gobiernos, alguno de ellos tan autoritarios como el ruso.




[1] En el caso español, un ejemplo significativo es el caso de Gas Natural Fenosa y las numerosas centrales de ciclo combinado que construyó a instancias del entonces ministro socialista Miguel Sebastián en la época de gran demanda y que ahora están paradas por la baja demanda. Rafael Villaseca, CEO de la energética, pide ahora una compensación de 400 millones de euros, pues tiene una serie de instalaciones de generación infrautilizadas, que fueron construidas por decisión política.

[2] Como consecuencia, se dejó en suspenso, para consternación de los países mediterráneos y de los del Cáucaso, el gasoducto que debía cumplir una misión similar pero sin entrar por Alemania y que ayudaría a las economías mucho más necesitadas de Grecia, Italia y Balcanes, además de diversificar el suministro.

[3] Serían estos países los que deberían pagar los peajes a Alemania y no al revés, perjudicando así sus economías y pagando un notable sobrecoste que un gasoducto terrestre más barato habría evitado.

[4] Recordemos que el South Stream habría supuesto, a priori, un beneficio para Grecia, Italia, los países de los Balcanes, Chequia y Eslovaquia, que habrían recibido el gas directamente, siendo Alemania la que habría pagado peajes, y no al revés.