La falacia del consenso

Los momentos de crisis en algunos casos impulsan medidas desesperadas. Desgraciadamente, algunas de ellas no son tanto para cambiar el statu quo y adecuarlo a las circunstancias, sino para mantener el que se posee, aferrarse a la posición y negar que el mundo que era, ha dejado de ser. Una de esas medidas desesperadas puede ser, dependiendo de cómo se afronte, el famoso consenso: un acuerdo entre la mayoría o los principales grupos sociales y políticos por el cual se aúnan voluntades, se apartan peleas y rencillas y se actúa a una, con el objetivo de conseguir una mejora objetiva. Sin embargo, más importante que el objetivo en sí, es el camino que se emprende para conseguirlo y ahí es donde radica el éxito o el fracaso.

Los círculos cercanos al presidente Mariano Rajoy están preocupados por cómo están desarrollándose los acontecimientos. Las políticas económicas del Gobierno, basadas en un incremento de la presión fiscal y una serie de medidas que no cambian el peso de la Administración y de lo público, y que siguen asfixiando al contribuyente, no están teniendo los resultados esperados, si es que se esperaba un resultado distinto al que se está produciendo. Semejantes medidas resultan asombrosas si tenemos en cuenta que el programa electoral del PP iba en el sentido opuesto: un descenso de los impuestos y un adelgazamiento de la Administración, en especial una racionalización del peso de las Comunidades Autónomas.

Tan nerviosos se hallan que, pese a tener una cómoda mayoría absoluta en las Cortes y poder acometer gran parte de las reformas sin tener que buscar mayorías parlamentarias con otros partidos, Moncloa se está planteando mantener una serie de reuniones con los principales «agentes sociales»: CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, para abordar la situación económica, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la reforma de la Administración y ciertos asuntos europeos que afectan a la política nacional.

Por otra parte, el Rey se ha declarado favorable a propiciar pactos y consensos entre las instituciones para afrontar la situación económica de España, con un PIB en grave decrecimiento y un número de parados que ya supera los 6,2 millones y cuya previsión más optimista apunta a que seguirá incrementándose. El monarca quiere volver a su papel moderador de la batalla política que se está produciendo en estos momentos.

Por lo que vemos, el mantra del consenso se ha instalado en las principales instituciones políticas españolas, así que la pregunta es evidente: ¿solucionaría algo?

Nada de lo anterior, y con los antecedentes en la mano, invita a pensar que un acuerdo común entre las principales instituciones políticas revirtiera la situación económica y social española. Como antes he apuntado, aunque con matices, la semilla de la recuperación está en una parte del programa electoral popular: la reducción de los impuestos y la racionalización de las Administraciones Públicas. Ambas medidas ayudarían a mejorar la economía de los ciudadanos, permitiéndoles ahorrar y consumir, y a reducir la burbuja estatal, el verdadero cáncer que aqueja a la economía y la sociedad española. A ello habría que unir un descenso del clientelismo que soporta el Estado: sólo 13,8 millones de trabajadores del sector privado mantienen el sistema, y eso en un país que tiene en torno a 47 millones de habitantes, donde muchos viven del y para el Estado, procediendo sus sueldos, pensiones, subvenciones, ayudas y prebendas del asfixiante sistema impositivo.

Pensemos primero en el diálogo que propone Moncloa. La CEOE o Cepyme son grupos empresariales más cercanos a una visión gremial de la economía que la ligada al libre mercado. Intentarán defender aquellos «derechos» que han conseguido en estos últimos años, aunque puedan estar dispuestos a hacer algunos «sacrificios».

Qué decir de los grandes sindicatos, cuya visión económica está más cercana al marxismo clásico que a otra visión menos intervencionista, además del hecho de que viven por y para el presupuesto público. Podría pensarse que otros sindicatos podrían tener una visión más realista y menos ideológica, pero los sindicatos mayoritarios se han encargado de que estos sindicatos menores no tengan un papel relevante para cualquier Gobierno, sea del partido que sea.

Si a eso unimos que el PP es un partido en el que domina una visión socialdemócrata de la economía, que está más preocupado en el corto plazo y en las siguientes elecciones, la idea de un giro de 180º de la economía española no parece realista, más bien un acuerdo en el sentido contrario.

La iniciativa del monarca no es mucho mejor. La institución de la Monarquía no pasa por su mejor momento. Las acusaciones de corrupción ligadas a parte de su familia y al comportamiento de él mismo han llevado a la peor imagen de la Corona desde su restauración. Volver a su papel de mediador entre partidos suena más a chiste que a algo serio. En la transición pudo funcionar, ahora es dudoso.

Miremos a los partidos. Además de lo dicho del PP, el PSOE pasa actualmente por un proceso de descomposición. No hay un líder claro, Rubalcaba está muy gastado y angustiado, el PSC es en realidad un partido distinto del PSOE, y las encuestas muestran a los socialistas hundidos, pese a que la imagen de los populares es también lamentable. IU se ha movido hacia un marxismo decimonónico, más acorde con la visión chavista o castrista de la sociedad-economía que con una versión más moderna. Cree Cayo Lara que es ésa la razón de su éxito, negándose a ver que éste depende del fracaso socialista.

Los partidos nacionalistas van a lo suyo, en este caso a la independencia de sus respectivos colectivos, y están más preocupados de sacar lo máximo de este proceso de descomposición que de lograr que el conjunto de los españoles viva mejor. UPyD acaba de aterrizar y, seamos realistas, no deja de ser una escisión del PSOE. El resto de partidos tiene muy difícil conseguir representación en tanto tengamos esta ley electoral, cuyo cambio depende, paradójicamente, de los que más se benefician de ella. Unamos a lo anterior los grandes casos de corrupción que afectan a todos, en mayor o menor medida, y que amenazan con descubrir las cloacas del régimen, y que todas estas instituciones dependen del sistema (es decir, más clientelismo). ¿Qué consenso puede sacar el monarca de todo ello? Antes de acometer cualquier medida que les perjudique a unos u otros, incluyendo a la Monarquía, llegarán a pactos de silencio, pactos que les permitan seguir como hasta ahora. Los cambios positivos serían mínimos por una cuestión práctica, por una cuestión de Estado.

El consenso es, por sí mismo, una falacia y sólo cabe desear que algún corpúsculo del partido gobernante se haga en algún momento con las riendas y tome las medidas adecuadas. Si no es así, lo normal es que sigamos en esta senda hasta tocar suelo y luego, de alguna manera, rebotemos hacia arriba, pero no sabría decir cómo y en qué condiciones. Ánimo, que la Fosa de las Marianas es profunda, ¿o debería hablarse de la Fosa de los Marianos?