Pese a toda la alharaca y propaganda del gobierno y medios afines, la crisis económica sigue aquí, con nosotros y con los millones de parados que siguen sin trabajo, y los cientos de empresas que cierran. Algunos políticos son conscientes de ello y de que, pese al mensaje oficial, hay que seguir pagando pensiones, nóminas de funcionarios, intereses de la deuda y, bueno, algún que otro caprichito para los compadres.
Todo el dinero necesario, o al menos una parte importante, tiene que seguir saliendo de los impuestos y similares. Esto es, de quedarse con una parte de los resultados de la actividad productiva y creadora de valor. Es más, si consideramos que la deuda pública puede que haya que devolverla en algún momento, es obvio que, de hecho, todos esos gastos que haga el gobierno van a tener que pagarse, tarde o temprano, de dicha actividad productiva. Como, por otro lado, es lógico: de donde no hay, no se puede sacar, y en la sociedad solo genera riqueza e ingresos la actividad privada, generada por los empresarios, y no la pública.
Así las cosas, algunos políticos avispados ya se han dado cuenta de que, con cada empresa que cierra (gracias a los impuestos que nos ponen) y con cada trabajador en la calle (gracias a la regulación laboral que establecen), el tesoro se está agotando. Por tanto, llega el momento de abducir a algunos individuos para que emprendan y traten de culminar sus proyectos, sus sueños, y creen de nuevo unos cuantos cofres del tesoro que vaciar.
Quizá sea la ley del emprendedor el buque insignia de esta oleada, pero no es la única manifestación. Las distintas "ayudas" que dan algunas administraciones territoriales también se pueden enmarcar aquí. Incluso los anuncios de supuesta "desregulación" de sectores que llegan desde la Comisión Europea, como la iniciativa del mercado único de telecomunicaciones.
Sí, todo ello puede facilitar la entrada y la vida al emprendedor, hacer que invierta, que cree riqueza y, por qué no, que incluso se salga de la crisis Y, siendo así, ¿cuál es la trampa?, se preguntará el lector.
La trampa está en los llamados costes hundidos, esa inversión en recursos que ha de realizar el emprendedor para iniciar su actividad, y que normalmente se queda enterrada allí donde se hace, por lo que resulta muy difícil su movilización.
Una vez el emprendedor ha realizado esta inversión, el coste hundido ya no tiene influencia directa en sus decisiones. Como dijo un conocido economista, bygones are bygones, y ya no se puede hacer nada. El empresario tratará de vender el producto al precio que le suponga mayores ingresos, y esa es toda la historia.
Y sería toda la historia si no fuera por el Estado. El emprendedor que ha realizado su inversión está en cierta forma encadenado a ella. Veamos un ejemplo sencillo: me compro una panadería por 10.000 euros con vida útil de 10 meses. Creo que voy a obtener de 1.500 euros al mes por la venta de mercancías, 1.000 para recuperar la inversión, los otros 500 para mi supervivencia. Imaginemos que no obtengo 1.500, si no tan solo 1.200. ¿Dejaré de trabajar?
Es obvio que no: sigo pudiéndome mantener, aunque solo saco 800 para recuperar la inversión. Seguramente no reinvertiré al cabo de los 10 meses, pero por el momento sigo trabajando. Es más, seguiré haciéndolo mientras la panadería me permita obtener el mínimo de subsistencia de 500 euros[1], y ello porque los 10.000 de la inversión inicial ya están perdidos, lo único que cuenta es el futuro.
Pues bien, aquí se ve con claridad el "margen" que puede obtener el gobierno de mi panadería. Una vez realizada la inversión inducida por las promesas de los políticos, esos 10.000 euros quedan atrapados en el dominio fiscal o impositivo, y ya no se pueden escapar de la voracidad recaudatoria. Porque yo seguiré trabajando mientras la panadería funcione y obtenga 500 euros, aunque ello sea el resultado de pagar 1.000 euros vía impuestos al Estado, tras la prevista venta de 1.500.
¿Qué pasará con la panadería a los 10 meses cuando se estropee y yo no tenga dinero para reinvertir? Eso ya no es problema del político, sobre todo si éste prevé que ocurra después de su mandato.
Por si alguien no lo tiene suficientemente claro, que recuerde que según el artículo 128.1 de nuestra Constitución: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Así que, emprendedor que inviertes en España, advertido quedas.
[1] En rigor, aquí habría que hablar de costes de oportunidad, pero es mejor no complicar el ejemplo.
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