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La incoherencia regulatoria del sector eléctrico

En España estamos muy lejos de tener un mercado energético. Libre, desde luego que no; regulado, es dudoso. En España, existe un conjunto de normas y leyes de carácter estatal, regional y local, no pocas veces llenas de contradicciones, que llevan ante los tribunales a quienes las padecen, unido a una fiscalidad cada vez más intensa y cambiante. Si a ellas unimos las políticas energéticas, que dependen del color y la ideología de los Gobiernos, las empresas energéticas tienen que bregar en un caos político y legislativo para dar sus servicios.

Es cierto que esas empresas funcionan casi como un oligopolio en el territorio nacional y pueden llegar a monopolio desde una perspectiva local. También es cierto que los organismos reguladores aseguran que su labor es esencial para incrementar la competencia, pero es muy dudoso que una regulación que se superpone a otra sea la solución. No es una afirmación gratuita, pues es un hecho que la sobrerregulación ha sido la solución desde que se “privatizó” el sector y solo ha dado pie a una electricidad cada vez más cara, llena de impuestos y tasas que solo costean la ineficacia política y no la energía que consumimos. Ningún Gobierno se ha decidido a reformar el sector, sino que han propiciado esta acumulación de normas y decretos, intentando remediar los defectos de estos y, en la práctica, añadiendo otros nuevos.

Este caos regulatorio ha tenido su penúltimo capítulo con la propuesta de la CNMC de reducir las retribuciones a las redes de transporte y distribución que reciben las eléctricas y gasistas[1], ya que, según los reguladores, estas cobran demasiado por el mantenimiento de las redes existentes y la construcción de otras nuevas. De momento, esta propuesta ha generado mucha oposición dentro del sector y una pérdida de capitalización de las cotizantes de unos 4400 millones de euros. Además, esta propuesta es incoherente con otras políticas estatales, en concreto, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Los principales objetivos del PNIEC son la reducción en un 21% de la emisión de gases de efecto invernadero (con respecto a los niveles de 1990), que las energías renovables supongan un 74% de la energía generada en el 2030, con un importante y significativo aporte del autoconsumo[2], y que la eficiencia energética mejore un 39,6%. Estos ambiciosos objetivos, que nos van a cambiar hábitos, circunstancias y modos de vida, se tienen que basar necesariamente en una red de distribución muy eficiente en muchos aspectos.

Recordemos que la energía que consumimos no está almacenada, sino que está siendo generada en el instante y que, para ello, REE tiene un sistema que permite encender o apagar tal o cual central según las necesidades del momento. El gran problema de las energías renovables, en especial la eólica y la fotovoltaica, es que, al depender de las condiciones meteorológicas, que son cambiantes por su propia naturaleza, puede que haya un súbito corte de la generación y se necesite entonces un refuerzo en forma de energía convencional que cubra el déficit. Tampoco se puede producir un exceso de energía, por lo que si hace mucho viento o sol y baja la demanda deben desconectarse las centrales, pero esto es difícil para las renovables y no tanto para las nucleares o térmicas de diferente tipo[3].

La promoción de las energías renovables, la eliminación de otras fuentes por cuestiones medioambientales y presiones de lobbies (como los ecologistas o los empresarios renovables), la aparición de la autogeneración y la necesidad que tienen estos pequeños productores de evacuar la energía que no consumen, así como la potencialmente ingente demanda que generará el cambio a la movilidad eléctrica[4], generan la necesidad de adecuar la red a tales circunstancias, muy alejadas de las que ahora mismo se dan. Las redes que se requerirán tendrán que ser mucho más malladas y eficientes, lo que supondrá hacer un esfuerzo tecnológico y financiero en digitalización de redes, incluso en la creación de una inteligencia artificial que detecte y prevea alteraciones inesperadas de consumo que los actuales sistemas de detección no pueden, haciendo así más eficiente la generación de energía y acoplándola a la demanda.

Es evidente que el PNIEC requiere de una financiación adecuada para conseguir todos esos objetivos y es por eso que la propuesta de la CNMC no tiene ningún sentido, ya que es inevitable que la consecuencia de semejante medida, que afecta también a las gasistas (justo cuando se pretende hacer del gas la tecnología de transición después de desechar la nuclear y el carbón), sea una reducción de la inversión en las redes. Se han hecho varios cálculos de la cantidad de dinero que van a dejar de recibir y las cifras son muy variables[5], según quién lo haga, pero sí es cierto que a la larga supondrá un servicio menos eficiente que repercutirá en el usuario de maneras muy distintas (entre ellas, cortes de fluido, sobre todo en aquellas zonas con redes afectadas por cuestiones como el fraude eléctrico o redes que deberían ser sustituidas por otras nuevas), que se verán en el medio y largo plazo. También se verán frenadas todas estas políticas con trasfondo medioambiental por una cuestión práctica: la falta de financiación y la ausencia de puntos de acceso a la red, por los que ya se pegan muchos proyectos renovables. En definitiva, se pretende hacer pan con unas tortas, incrementando una incoherencia que raya lo delirante.

[1] En concreto esta propuesta supondría una reducción de un 18% en la retribución a las gasistas y un 7% a las eléctricas por la distribución.

[2] La energía fotovoltaica, en la que se incluiría el autoconsumo, prevé multiplicarse por 7.

[3] Esto precisa de una red que se adapte rápido a las situaciones cambiantes. En estas redes se incluyen, además de las líneas áreas (muy antiestéticas para la mayoría) y subterráneas, las costosas subestaciones que transforman la energía de muy alta tensión en baja tensión, para que pueda ser consumida en nuestros hogares, o en alta y media para las empresas.

[4] Evaluación del impacto de la integración del coche eléctrico en las redes de distribución de energía eléctrica.

[5] Se ha mencionado la cantidad de 6000 millones de euros, pero las presiones políticas han hecho que esta cantidad se haya reducido.