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La lucha contra la violencia organizada

Es una inmoralidad la connivencia y la negociación de cualquier Gobierno con la violencia organizada en forma de bandas terroristas, mafias, señores de la guerra o extremistas del más variado pelaje, cuando va más allá de perseguir el castigo ejemplar de sus delitos y lograr su rendición sin concesiones.

Dada la importancia que tiene la violencia para el triunfo de las utopías “colectivistas”, permítanme que reflexione brevemente sobre la inmoralidad de las negociaciones políticas con las organizaciones violentas.

¿Por qué es inmoral la negociación con la violencia organizada?

Los ciudadanos tienen el derecho de exigir del Estado que como mínimo sea capaz de garantizar formalmente y proteger judicialmente de un modo eficaz los cuatro derechos esenciales para el desarrollo de una sociedad civilizada: el derecho a la vida (Art. 15 CE), el derecho a la libertad (Art. 16 y 17 CE), el derecho a la propiedad privada (Art. 33 CE) y el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 14 CE).

Esos derechos individuales son universales, inalienables e inmanentes a la propia naturaleza de un ser humano libre, por lo que quedan por encima de cualquier ordenamiento jurídico organizado con base en una Constitución –o diversas normas y convenciones no escritas, como en Inglaterra— que recibe el consentimiento tácito o explícito de los ciudadanos.

Según esas dos premisas constituyentes, los ciudadanos tienen el derecho de exigir que todas las actuaciones del Estado vayan encaminadas a garantizar la protección efectiva de esos derechos intransferibles, mediante la existencia de un Estado de Derecho que proporcione seguridad democrática.

Seguridad Democrática

Pues bien, observar el proceso de consolidación institucional y de fortalecimiento de la seguridad democrática en Colombia sirve para comprobar cómo triunfan las políticas de lucha continua, tenaz, heroica e inteligente de su Gobierno, primero con Álvaro Uribe y ahora con el Presidente Juan Manuel Santos, contra un grupo narcoterrorista como las FARC.

La auténtica revolución es respetar el sistema de democracia multipartidista y arraigar la sociedad civilizada proporcionando seguridad e infraestructuras que extiendan la protección de los derechos individuales de los ciudadanos a todas las aldeas, pueblos y ciudades del país. Es una condición indispensable para que las personas puedan trabajar con tranquilidad para emprender sus negocios y poder hacer progresar sus familias, sin que ningún colectivo de bárbaros pueda imponer sus utopías mediante el ejercicio de la violencia organizada en forma de secuestros, extorsiones y asesinatos.

Amenazas para la seguridad democrática

Sin embargo, las amenazas terroristas que afronta la seguridad democrática son evidentes desde hace mucho tiempo. El 12 de enero de 1966, la primera Conferencia Tricontinental de La Habana dio origen a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), lo que sirvió para inaugurar el soporte y la colaboración internacionales de los regímenes y partidos comunistas con las organizaciones terroristas que promueven la “colectivización” de la sociedad por medio de la violencia.

Recientemente, el auto de procesamiento de etarras que ha emitido la Audiencia Nacional, en el sumario 75/09 (DP 263/2008), demuestra con documentos y pruebas fehacientes la colaboración terrorista internacional entre las FARC y la ETA.

Incluso las investigaciones policiales aportan datos sobre los apoyos al grupo terrorista ETA desde la “revolución bolivariana” del dictador Hugo Chávez y la protección desde la “revolución castrista” de Cuba. De hecho, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional está intentando procesar a supuestos terroristas que emplean como refugio el oasis caribeño como, por ejemplo, Arturo Cubillas –que tiene el dudoso honor de administrar para el Gobierno de Venezuela los procesos de expropiación— por su posible soporte en el adiestramiento en territorio venezolano de grupos de terroristas de las FARC y de ETA.

Reiteradas y erróneas concesiones

En cualquier caso, contrasta la actual seguridad democrática impulsada desde la Presidencia de Colombia y su lucha sin concesiones frente al narcoterrorismo, con la inmoral actitud negociadora del Gobierno de España.

Como parece inverosímil que un Estado democrático negocie con la violencia organizada, permítanme que señale las últimas concesiones del Gobierno de España.

En primer lugar, podemos observar cómo la estrategia de seguridad frente a la violencia organizada en el ámbito internacional no está actuando para arrinconar a los países y grupos que ejercen la violencia como método delictivo para conseguir fines políticos. De hecho, el Gobierno de España consiente en mantener relaciones diplomáticas “normales” con dictaduras comunistas como Venezuela y Cuba, dando oxígeno a sus políticas totalitarias de aplastamiento de los opositores y quebrantamiento de los derechos humanos más básicos.

Aún peor, con su diplomacia “naif” de alianza de civilizaciones, más propia de un patio de colegio que de una democracia occidental, el Gobierno de España se permite negociar con los grupos terroristas de Al Qaeda en Mauritania y pagar un rescate –de más de 3 millones de euros— para liberar ciudadanos, secuestrados en razón de su temeridad e imprudencia al hacer “turismo de cooperación” en regiones pobres, pero peligrosas, en que proliferan grupos armados y extremismo religioso.

La extorsión consentida y el rescate pagado a esos grupos terroristas sirven para alimentar su violencia con la financiación de futuros atentados y ataques. En el caso del islamismo radical, se financia el terrorismo en lejanos países como Irak o Afganistán –donde todavía trabajan heroicamente [1] [2] los militares españoles para proporcionar un mínimo de seguridad democrática—, pero también en Europa.

En segundo lugar, la estrategia de seguridad frente al terrorismo en España está siendo aún más equivocada, ya que el Ministerio de Interior de España negocia de un modo encubierto con el grupo terrorista ETA desde hace tiempo [3][4][5], en un claro ejercicio de hipocresía política y de evidente ausencia de valores éticos. Esto puede significar que el entorno del terrorismo pueda seguir gobernando en 41 municipios del País Vasco y esté presente en las diputaciones forales, lo que significa nutrir sus arcas con 31 millones de Euros anuales de los fondos públicos para que puedan mirar para otro lado o bien, directamente, ejerzan actos administrativos o “subvencionen” la violencia en contra de los ciudadanos no-nacionalistas de esas aldeas y pueblos.

La negociación inmoral implica que se sigan otorgando beneficios penitenciarios (acercamiento de presos, concesión del tercer grado, reducción de condenas…). También puede suponer que se permita a organizaciones vinculadas al entramado terrorista etarra su participación en las próximas elecciones municipales por medio de una nueva tregua trampa y a pesar de seguir ejerciendo la violencia en contra de la población indefensa.

Menos atentados a cambio de esa negociación para conseguir sus fines, y mayor recaudación por sus actos violentos, según revela el estudio sobre el coste económico del terrorismo del catedrático Miguel Buesa de la Universidad Complutense de Madrid, que ya había realizado un estudio científico sobre las consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco.

Fatal arrogancia de la negociación

En su fatal arrogancia, los políticos sin escrúpulos se creen llamados a salvar un país durante sus mandatos, obcecándose en conseguir réditos electorales que siempre son cortoplacistas, en vez de proseguir con las políticas de presión policial, financiera y judicial que obtengan resultados en el largo plazo, después de décadas de trabajo de muchos Gobiernos de diferentes ideologías, pero con conceptos claros en lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere.

Pretenden apuntarse ellos solos la medalla electoral de erradicar el terrorismo, sin pararse a pensar en los valores morales que transmiten a la sociedad y en los perjuicios que ocasionan a la política contraterrorista de largo recorrido.

Las concesiones políticas en una negociación de “condiciones de paz” con el terrorismo son un error de concepto, ya que, aparte de inmoral, es una actitud débil y meliflua que postra a toda una nación ante las utópicas exigencias del grupo de violentos.

La negociación es, además, estéril ya que “retroalimenta” las acciones violentas al proporcionar objetivos políticos alcanzables a los terroristas y proporcionar esperanzas de rebajar el horizonte penal de los criminales, caracterizados por un perfil psicológico que les permite realizar actos de violencia sin sentir empatía ni sentimiento de culpa por las víctimas, rasgo propio de las personalidades psicopáticas.

Desde ese posicionamiento amoral, intentan imponer sus ideas extremistas a una sociedad por medio de pistolas y bombas, con treguas tácticas para rearmarse y nunca cejando en su empeño por conseguir sus objetivos radicales “colectivistas”, ya sean políticos o religiosos. Por ello, cualquier intento de negociación está condenado a fracaso, salvo que el Estado objeto de la violencia ceda a las pretensiones de los terroristas.

Valores morales y derrota del terrorismo

Los hechos de connivencia y negociación con la violencia organizada, nos permiten constatar cómo la casta político judicial puede acabar perdiendo los valores que son imprescindibles para defender los derechos civiles y derrotar al terrorismo, cuando no se produce la renovación generacional o bien queda distorsionada con gente poco cualificada moral e intelectualmente. Una lamentable situación que se produce por la carencia de democracia interna y de transparencia financiera en los partidos políticos, que son esenciales para la renovación de las ideas y la regeneración en los valores.

En estos casos, la estructura institucional queda rehén de las renuncias morales de la casta político judicial y no se corrigen las fisuras normativas que impiden una lucha noble e inteligente contra la violencia organizada. Una lucha que evite atajos como las negociaciones encubiertas, las hojas de ruta de concesiones penitenciarias, el “ensuciamiento” de las togas con el “polvo” del camino, y la rendición de un Estado frente a la violencia organizada.

Las autoridades políticas con valores morales nunca ceden ante el chantaje terrorista ni ante pueriles estrategias electorales. Asientan sus decisiones en el respeto estricto por los ciudadanos de bien, donde, por méritos evidentes, se incluyen las víctimas del terrorismo.

Y ese respeto significa emplear con profesionalidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener sin excepción a los delincuentes y aplicarles el Estado de Derecho con todo el peso de la ley. Porque la lucha contra el terrorismo es un camino unidireccional que debe contemplar esencialmente el triunfo de la sociedad civilizada mediante la derrota de los violentos y el derecho de las víctimas al resarcimiento del daño ocasionado por los criminales y, de modo especial, en los casos de asesinato.   

Sentimos vergüenza los ciudadanos de bien cuando comprobamos como un asesino de 25 seres humanos, como el etarra José Ignacio de Juana Chaos, puede pasear libremente por las calles de Irlanda del Norte porque se ha beneficiado de una legislación penitenciaria “blanda” y de un Gobierno “benévolo y transigente” con la violencia terrorista, que ha permitido que cumpliese sólo 9 meses de cárcel por cada uno de sus 25 asesinatos.

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