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La monarquía que no tenemos

El último día de 2012, la reina Isabel II del Reino Unido otorgó el título de princesa a la posible hija de su nieto Guillermo a través de una Patente Real. Esta carta remitida al Parlamento británico invalida un decreto del rey Jorge V y se adelanta a los legisladores que plantearon eliminar la preferencia de los varones en la sucesión. Con esta medida extraparlamentaria, su Graciosa Majestad hace valer una de sus prerrogativas dentro del entramado constitucional que la costumbre y la historia han ido modelando en contraposición al modelo positivista continental.

La Constitución española no deja un margen de maniobra similar al Rey de España, ya que define hasta quién y cuándo recibe la dignidad de Príncipe de Asturias como heredero. Los graciosos padres constitucionales desconfiaban de los legisladores ordinarios que les seguirían, por lo que redactaron la Carta Magna más extensa que hemos tenido en nuestra historia dotándola de la suficiente ambigüedad para admitir varias interpretaciones en algunos puntos, como en el caso de la función moderadora y de arbitraje que le atribuye al Rey. 

La autoridad del monarca se hizo notar de forma práctica tras la intentona golpista del 23-F, aunque parece que desde entonces sus funciones se han limitado a representar y personificar al Estado sin entrar en otros asuntos que tal vez habrían requerido el ejercicio de su auctoritas.

Incuestionada durante años, la autoridad de la Corona se tambalea, cercada por escándalos familiares y se cuestiona como parte de un régimen corrupto que saquea al contribuyente para mantener los privilegios de una casta de políticos y burócratas.

Frente a la monarquía hay quien propone la república como alternativa sin entrar en ninguna otra consideración. La legitimidad histórica de la Corona puede entrar en conflicto con la legitimidad democrática, pero también puede erigirse como una garantía constitucional adicional a los desmanes de los políticos iluminados de turno. Nunca a través de una potestas o injerencias en el gobierno, sino a través de una auctoritas ganada con el tiempo; y que se supone de aquellos que no se someten a los vaivenes de las opiniones del momento sino que guardan cierto sentido histórico que legar a sus herederos en la forma de una dinastía de la que ellos solo son el nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro.

Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, nuestra norma fundamental no es una carta otorgada sino que es el resultado de la soberanía nacional; el pueblo como sujeto previo se dio una Constitución para, en teoría, protegerse del poder del Estado. Ya Aristóteles advirtió del peligro de que la democracia degenerase en demagogia y la monarquía en tiranía; el gobierno de muchos se impone como una tiranía sobre las minorías y el gobierno de uno solo sobre todos los demás. De ahí la necesidad de un sistema constitucional con garantías para controlar a los poderosos, ya sea uno solo, unos pocos o una mayoría. Desde la antigua Grecia hasta hoy, para llegar a un sistema que en palabras de Winston Churchill es "es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás" y que no es posible sin el equilibro de poderes de Montesquieu. La ficción de la distribución de poderes de la Constitución española que nos debe proteger a modo de pesos y contrapesos falla en el continuo partidos políticos-parlamento-gobierno-justicia. La monarquía puede funcionar como un contrapeso siempre y cuando no haya una conjunción de intereses con ese poder temporal que haga de la Corona un peso adicional con el que también tengamos que cargar.