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La mutilación genital femenina como límite a la tutela parental

La mutilación genital femenina (MGF, en adelante) consiste en una práctica que en su mayoría afecta a niñas (entre los 5 y los 14 años; y en países como Mali o Nigeria, antes de los 5) y que engloba básicamente cualquier “procedimiento consistente en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos” (WHO, UNICEF y UNFPA, 1997: 3). En cuanto a su extensión geográfica, la OMS calcula que 200 millones de mujeres y niñas en 29 países diferentes de África, Oriente Medio y Asia han sido sometidas a la MGF, con diferentes variaciones en cuanto a las modalidades practicadas, la edad y su prevalencia entre las mujeres del grupo. Sin embargo, la inmigración ha permitido su diáspora, por lo que también puede encontrarse en Europa, Australia, Estados Unidos, etc.

Tal y como recogen diversos documentos de UNICEF o la OMS, las razones que llevan a determinadas comunidades a mantener la MGF pueden resumirse en cuatro tipos.

  • En primer lugar, la fundamentación de esta práctica por motivos religiosos se debe, en la mayoría de los casos, a la creencia errónea de que se trata de un precepto obligatorio de la religión en cuestión. Errónea porque en ninguno de los libros sagrados de las principales religiones monoteístas aparece alusión alguna a dicha práctica.
  • En segundo lugar, existe la creencia de que los genitales femeninos son antiestéticos o sucios y la MGF se utiliza como medio para higienizar o purificar y embellecer a la mujer.
  • En tercer lugar, la MGF es concebida también como una forma de control sobre la sexualidad de las mujeres, ya que la circuncisión produce una atenuación del deseo sexual.
  • Finalmente, en algunas comunidades se realiza también como parte de un rito de paso de las niñas a la etapa adulta y un proceso de integración social y transmisión del rol de género.

La MGF como norma social

Una norma social es una norma informal de comportamiento tal que los individuos prefieren ajustarse a ella debido a que creen que (a) la mayoría de las personas en su red de referencia se ajustan a ella (expectativa empírica) y (b) que la mayoría de las personas en su red de referencia creen que deberían ajustarse a ella (expectativa normativa) (Bicchieri, 2006: 11), y no hacerlo afectaría a su reputación, por lo que se trata de un ejemplo de comportamiento interdependiente. Las normas sociales siempre son condicionales, ya que nuestra preferencia por obedecerlas depende de nuestras expectativas de cumplimiento colectivo. De la misma forma que las normas descriptivas las normas sociales se basan en la creencia de que los demás siguen la norma. Sin embargo, en las últimas la influencia normativa es fuerte y juega un papel crucial para impulsar el cumplimiento. Nos importa que la mayoría de las personas en nuestra red de referencia crea que debemos comportarnos de una manera específica por razones cualesquiera.

La MGF se considera una parte importante de la identidad cultural y de género de las mujeres de muchas comunidades y sus familias, que puede proporcionar orgullo, sentimiento de mayoría de edad y de pertenencia a dicha comunidad. El coste de rechazarla no es asumible en muchos casos por las familias, que no llegan a plantearse tal posibilidad[1]. De hecho, las niñas que no se someten a ella son consideradas promiscuas y sucias y no consiguen casarse. Y, por otro lado, cuando se practica por motivos religiosos, las niñas no circuncidadas son rechazadas y no pueden participar en rituales colectivos. La MGF puede considerarse una norma social puesto que aquellas personas que la practican son conscientes de la existencia de dicha regla de comportamiento y de que les vincula a ellas. Además, eligen ajustarse a ella porque esperan que una parte importante de su entorno lo haga también. Y, por último, porque creen que la mayoría de personas de su entorno piensa que deben someterse a ella y puede sancionarlas si no lo hacen (UNICEF, 2013: 17). Determinar si la MGF es una norma social es importante porque, si lo es, es difícil para las familias detenerla sin intervención externa. Donde una norma social está asentada el miedo a la exclusión social por no cumplirla puede ser más fuerte que el miedo a cualquier tipo de sanción legal.

La teoría de señales honestas costosas nos permite explicar cómo funciona esta norma social. Los emisores necesitan ofrecer garantías de la honestidad de su señal para que esta sea fiable y útil para el receptor. Los individuos se comunican emitiendo señales que pueden ser honestas, en tanto en cuanto son útiles para el receptor. Las señales costosas son honestas porque resultan difíciles de falsificar (Zahavi y Zahavi, 1997: 24). El emisor honesto puede permitirse algo que resulta prohibitivo para el tramposo. La sumisión a la MGF es una señal honesta que expresa la voluntad de participación en una comunidad determinada, sobre todo porque es muy costosa, pues implica una lesión irreversible en los genitales de quien la sufre.

Por otro lado, en ciencias sociales un equilibrio es una situación en la que ningún agente se beneficia de una desviación unilateral. Someterse a la MGF es un equilibrio puesto que el hecho de que una sola familia decida no tomar esa decisión no mejora su situación, sino todo lo contrario, puede suponer un problema a la hora de encontrar marido, en tanto en cuanto el resto de mujeres sí está circuncidada. Ahora bien, eso no implica que si entre todos concertasen un curso de acción distinto podrían mejorar su situación sin pagar el coste de un desvío unilateral. Esa desviación multilateral puede resultar en la aparición de un nuevo patrón agregado de comportamiento. En este sentido, la ley puede ser un arma de doble filo. Por un lado, si las personas continúan viendo a otros someterse a la MGF y continúan creyendo que los demás esperan de ellos que lo hagan, la ley puede no ser un criterio suficientemente fuerte como para detenerla, pues el coste de la señal se incrementa por la ilegalidad. Por el otro, entre los grupos que la han abandonado, la legislación puede ser una herramienta para fortalecer la legitimidad de sus acciones o un argumento para convencer a otros de hacer lo mismo. Por lo tanto, igual podríamos pensar en alguna otra intervención exterior que no fuese por la vía de la legislación, sino de la conciencia social y la educación sobre los riesgos de la MGF.

La MGF como límite a la tutela parental

El reto que plantea la MGF para la tolerancia estriba en la discusión sobre si hemos de permitir que se lleve a cabo, aunque nos parezca una aberración, por el hecho de respetar una práctica cultural con la cual todavía muchas comunidades están de acuerdo (la narrativa que se ha impuesto desde el discurso políticamente correcto). O si bien no podemos tolerar bajo ningún concepto que se destruya la integridad física de una persona sin su consentimiento. Además, cuando analizamos el caso de la MGF nos encontramos con un problema que no está presente en otras prácticas lesivas que afectan a personas adultas (i.e. piercings o cirugía estética), y es que esta tiene lugar mayoritariamente en niñas, lo cual supone una dificultad a la hora de hablar de consentimiento, ya que son los padres quienes toman la decisión por sus hijas, que como menores tienen limitada su capacidad de obrar.  

Las limitaciones de la capacidad de obrar de las niñas se fundamentan en la necesidad de proteger jurídicamente a la persona que no es suficientemente madura para defender sus intereses. Esta limitación es suplida por sus padres, que tienen sobre ellos la patria potestad. La patria potestad es un régimen legal de guarda que hace referencia a los derechos y deberes que la ley concede a los padres sobre sus descendientes o los bienes de estos y encierra un triple contenido: personal, patrimonial y de representación. Esta suele terminar cuando el descendiente alcanza la mayoría de edad o se emancipa. La cuestión que aquí atañe, por lo tanto, es si los padres deben tener una capacidad de decisión absoluta sobre sus hijos, o bien si la patria potestad tiene límites. Y en caso de tener límites, si debe ser el Estado o cualquier otro organismo quien interceda en defensa de los menores.

En primer lugar, este estatus no hace a los padres propietarios de sus hijos stricto sensu, sino que debe conferirles el tutelaje de los menores hasta que estos adquieren la madurez suficiente para tomar sus propias decisiones.

En segundo lugar, dicho tutelaje debe ejercerse siempre en el interés de los menores, o al menos no en contra, y tenemos fuertes razones para creer que los padres tienen el mayor conocimiento e incentivos para hacerlo. Por ende, la intervención de cualquier otro ente o persona debe ser excepcional y motivada por una causa de fuerza mayor. Sin embargo, en este caso parece que no está claro cómo se concreta, si el mejor interés para las menores es que se sometan a la MGF o no. De hecho, los padres que someten a sus hijas a la MGF entienden que actúan en el interés de la menor, para protegerla y asegurarle una buena vida futura –llegar a la edad adulta, ser pura o encontrar marido-. Esas razones culturales son las que llevan a los padres a pensar que actúan en su beneficio. No es la lesión en sí su finalidad, sino adecuarse a las tradiciones que les permiten ser parte de una comunidad. Pero sabemos que las complicaciones físicas y los problemas psicológicos que sufren dificultan la justificación del cumplimiento de esta tradición.

En tercer lugar, en principio una lesión a la integridad física solo puede justificarse mediante el consentimiento libre y válido de quien la sufre, y este tipo de consentimiento no puede darse en el caso las menores de edad. Además, existen también diferencias en la gravedad de las lesiones. No es lo mismo un corte de pelo o la colocación de pendientes en recién nacidos, que son alteraciones leves y reversibles, pese a que sean no consentidas, que la mutilación (irreversible) de sus genitales sin motivos higiénicos o de salud. Pues esta decisión no atiende a ningún criterio de necesidad, proporcionalidad o idoneidad médica, aunque se perciba como necesaria para la aceptación social en sus circunstancias concretas. Es simplemente un coste, y muy alto, asumido por las familias, y que pagan las niñas, como miembros de esa comunidad.

Los liberales nos enfrentamos a un dilema moral: por un lado, asumimos que, al ser niños, su consentimiento no es maduro y por lo tanto no puede ser válido; y, por el otro, porque no pretendemos decir a los demás qué importancia deben otorgar a qué cosas. Parece claro que en el caso de aquellas personas que no pueden ejercer sus derechos -menores o incapacitados-, como lo es el de autopropiedad, estos deben ser protegidos de cualquier injerencia externa. ¿Pero esto debe ser así siempre, sean cuales sean las consecuencias de esa intervención?

[1] Es interesante ver cómo son las mujeres mayores las que, pese a haber sufrido los dolores en el momento de la mutilación y las secuelas a lo largo de su vida adulta, son las primeras instigadoras. Nos da alguna pista.