Usted está aquí

La pobreza como excusa

El pasado 10 de marzo se cumplió el primer aniversario del pleno en el que el Parlamento catalán aprobaba 40 resoluciones con medidas concretas contra la desigualdad, 13 de ellas por unanimidad. El pleno, monográfico sobre emergencia social, se convocó a petición de PSC y Catalunya Sí que es Pot. Colectivos sociales de toda índole, incluidas las ONG, elevaron sus expectativas, pese a que la gran mayoría de estas resoluciones carecían de financiación y no pocas estaban sujetas a que en los presupuestos generales de la Autonomía las aprobaran. Pasado este año, las expectativas, como las burbujas, se han desinflado y a más de uno le han estallado.

Diversas organizaciones han expresado esta decepción: que los políticos no han cumplido lo aprobado y prometido, que no se han mejorado ciertos servicios que estas organizaciones consideran esenciales y que las medidas de mayor calado no se han adoptado. Por el contrario, desde el Gobierno catalán se asegura que esto no es así, pues el 80% de las medidas aprobadas están en marcha o se están tramitando.

Especial atención tiene la llamada “pobreza energética”, concepto que empezó a tener calado en Cataluña y que se ha ido extendiendo por toda España. La pobreza energética hace referencia a la incapacidad de personas y núcleos familiares de hacer frente al coste de los servicios de energía y agua, por lo que las empresas de estos suministros, ante el impago, los cortan. Tras la denuncia de varias organizaciones, administraciones públicas y empresas, llegaron a acuerdos de colaboración para establecer protocolos que eviten estos cortes, investigando antes de realizarlos si estas personas no pagan debido a circunstancias ligadas a la pobreza o por otras razones más egoístas. Las principales eléctricas han suscrito acuerdos con ayuntamientos o con las federaciones de municipios y provincias, a las que se puede unir cualquier consistorio que no tenga uno propio, acuerdos por los cuales el pago de estos servicios corre a cargo de las instituciones públicas.

Las organizaciones sociales son pesimistas. Aseguran que no se ha mejorado la renta mínima de inserción, los colectivos vulnerables no han mejorado el acceso al mercado de trabajo, la mesa de seguimiento de los acuerdos del Parlamento catalán no se reúne desde octubre y no se han priorizado las iniciativas. Las ONG catalanas denuncian que existen unas 170.000 familias con todos sus miembros en paro y 100.000 personas no reciben ningún tipo de prestación, incluso que los parados de larga duración que llegan a la edad de jubilación en esta situación se jubilan con pensiones que rondan los 600 ó 700 euros, lo que les deja en una situación de precariedad. La oposición pide celebrar otro pleno de seguimiento para que el Gobierno catalán rinda cuentas y que se tomen medidas para mejorar lo que no está funcionando, aunque en la actualidad, otras cuestiones como el secesionismo sean más “urgentes”.

Que desde la política se analice y tomen medidas para combatir la pobreza y la precariedad social, en un Estado asistencial de corte populista como es el catalán en particular y el español en general, es como poner a la zorra al mando del gallinero. Nunca dejará de haber suficientes pobres, no dejará de haber suficientes necesitados que inviten a montar plenos y redactar medidas, con o sin presupuestos, que justifiquen todo el sistema. En este caso, prima la creación artificial de la necesidad de la política, frente a la eficiencia de las medidas. Es decir, la pobreza es la excusa que permite al Estado crecer y a los políticos vivir. Si el pleno contra la pobreza de hace un año no ha funcionado… pues convoquemos otro, no vaya a ser que empecemos a pensar que son prescindibles.

Entiendo perfectamente las quejas y la frustración de las ONG y de cualquier organización social que aborde este problema, o lo que se percibe como problema, pero deberían dejar de hacer de comparsas de políticos que solo van a lucirse ante los medios de comunicación. Por el simple hecho de tomar la riqueza de unos, organizar plenos y comités, redactar medidas, reglamentos y leyes, no van solucionarse los problemas planteados. Si las ONG abogan también por medidas políticas, tendrán que hacer frente a su ineficacia e inconvenientes. El primero, el malestar del contribuyente, que ve que el dinero que le arrebata el fisco se malgasta en otros asuntos. Si uno de los problemas es la dificultad de ciertos colectivos para insertarse en el mercado laboral, será más útil flexibilizar dicha entrada, colaborando con las empresas, en vez de pedir más presupuesto para pagar a los parados o para mantener a las propias ONG, que siendo no gubernamentales, viven muy cerca de lo que dice el Gobierno. Y es que, paradójicamente, la supervivencia de las ONG, así como de los que viven en la política, pasa por la existencia de pobres que justifiquen la elevada fiscalidad y la redistribución de la riqueza. No es extraña, por tanto, esta alianza.

Voy a pararme un momento en el tema de la pobreza energética. Según datos de las eléctricas, sólo un 1% de los casos de fraude (conexiones ilegales) se realiza por individuos o familias en situación económica precaria. Siendo un fenómeno importante desde el punto de vista mediático, no podemos convertir en norma lo que es muy minoritario.  A la sombra de la pobreza energética, se han camuflado colectivos de okupas y otros delincuentes como los cultivadores de marihuana, que delinquen sin impunidad y que se benefician de la lentitud del burócrata, cuando no de cierta colaboración judicial, pues ciertos jueces se guían más por su ideología que por el espíritu de la ley que aplican. Además, y a un nivel más subjetivo, cabe preguntarse si algunas de estas situaciones son más fruto de la picaresca que de la necesidad, en virtud de ciertas actitudes o informaciones que salen reflejadas en las noticias. La picaresca, tan hispana, es en este caso un hándicap.

No quiero decir con esto que no haya casos reales ni que se les deba ignorar. Todo lo contrario, creo que se debe denunciar estas situaciones que he expuesto por respeto a los que verdaderamente necesitan ayuda y asistencia de otros. También es cierto que no es necesaria para nada la intervención de las administraciones públicas, pues los acuerdos a los que han llegado empresas y afectados, incluso algunos mejores, más individualizados y flexibles, podrían haberse alcanzado sin mediar actuación pública, con la consiguiente ralentización en forma de expediente y burocratización. Las ONG deberían empezar a separarse de las administraciones públicas y acercarse al mundo de la empresa, donde realmente sus clientes tienen un futuro.