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La teoría del Estado de Miguel Anxo Bastos (V)

En el quinto artículo de la serie que estamos dedicando a la teoría del Estado del profesor Miguel Anxo Bastos veremos que el poder del Estado se basa en ideas.

El poder del Estado se funda en buena medida en la opinión de las personas. Étienne de La Boétie se preguntaba a mediados del s. XVI en su Discurso sobre la servidumbre voluntaria por qué obedecemos. Y obedecemos porque creemos en una serie de ideas, no solo de corte económico, sino sobre todo de tipo social. Y la educación, en ese sentido, resulta fundamental de cara a que las personas vayan interiorizando determinadas ideas. De ahí el interés del Estado en monopolizar la educación, particularmente en lo que a los contenidos respecta, desde la instrucción básica a la enseñanza universitaria. Los exámenes de Estado o reválidas son una muestra de este monopolio. Se trata de exámenes que permiten que el Estado se asegure de que todos los profesores imparten lo mismo (la libertad de cátedra no existe en la práctica, pues los alumnos impedirían que un profesor enseñase algo diferente a lo que se va a preguntar en el examen estatal). Y, en última instancia, el objetivo de estos exámenes es crear ciudadanos, es decir, súbditos del Estado que paguen impuestos sin rebelarse. Esto se consigue a través del currículum. El currículum que se enseña en las escuelas —públicas o privadas— consiste en glorificar al Estado a través de la historia, geografía, filosofía, lengua oficial, religión y ética. Y, por otra parte, el sistema universitario está orientado al Estado: los médicos estudian el MIR para trabajar como funcionarios; en Economía todo está enfocado al Estado; en Sociología solo existe el marco estatal; en Derecho se estudia la legislación del Estado; en Filología solo caben lenguas estatales; y en Literatura los padres de la patria son los autores oficiales. Además, el proceso de selección del profesorado (los maestros son los nuevos sacerdotes, los encargados de predicar la legitimidad del Estado, por eso interesa que haya muchos) consiste en seleccionar a aquellos que mejor repiten los temas que el Estado impone.

Por tanto, la inmensa mayoría de las personas únicamente posee los conocimientos que ha adquirido en la escuela o en la universidad: la legitimación absoluta del Estado, cuya verdadera faz, su naturaleza criminal, se oculta sistemáticamente a los estudiantes.

El Estado clásico, es sabido, contaba con muy pocas funciones: seguridad externa e interna, justicia y obras públicas. Pues bien, esas funciones juntas no alcanzan siquiera el 10% del gasto público en el Estado español. El peso fundamental del gasto lo constituye en la actualidad el gasto social, que además es la principal fuente de legitimación del Estado (el sistema educativo nos hace ver que sin Estado no habría pensiones, educación, sanidad, atención asistencial, vivienda, etc.). Detrás de ello hay una serie de ideas, que sustentan el poder del Estado:

En primer lugar, la idea de igualdad. El Estado nivela la sociedad, quitando la renta a los ricos para dársela a los pobres. Así, con la excusa de la igualdad, a la que muy pocos se oponen, el Estado se hace amo y señor de rentas y haciendas. Pero en realidad se trata de rentas que el político de turno extrae al conjunto de la sociedad para dárselas a los grupos que entiende que es pertinente que las reciban, normalmente a los grupos de presión, que están bien organizados y pueden ejercer influencia sobre el Gobierno.

La igualdad es un concepto matemático no aplicable a las ciencias sociales. No hay ninguna persona igual a otra. Y de esas desigualdades surge precisamente —cuando el Estado no lo impide—la posibilidad de obtener rentas distintas a los demás. Pero el Estado mide la igualdad en igualdad de rentas, no en igualdad de otros factores (edad, salud, inteligencia, fuerza física, habilidades, belleza, etc.). Y es que, para el Estado, no todas las desigualdades son malas (por ejemplo, se beca y se premia a los mejores alumnos, mientras que se castiga a las personas que ganan más dinero). Los teóricos sociales, los filósofos, los que izan la bandera de la igualdad, no suelen ser muy capaces de obtener rentas, de ahí que promuevan igualar lo que ellos no pueden conseguir. Pero lo que se oculta es que no quieren igualar en lo que sí tienen ellos, es decir, en poder político (ahí sí cabe la desigualdad de que unos manden y otros obedezcan).

En segundo lugar, la idea de los derechos sociales. Todos, por el hecho de existir, disfrutamos de una serie de derechos que nos tiene que garantizar el Estado. Pero esto no siempre fue así. Los derechos históricamente han sido negativos (derecho a no ser agredido). Es a partir del s. XVIII con Los derechos del hombre de Thomas Paine cuando surgen los derechos positivos (posteriormente Louis Blanc introduce el derecho al trabajo y ya en el s. XX aparecen los derechos de ciudadanía: educación, sanidad, vivienda digna, etc.). Pero si las personas cuentan con esos derechos, alguien los tiene que garantizar. Y ahí surge el Estado, que se ve legitimado para extraer recursos a la sociedad y de esa manera proporcionar esos derechos. Pero un derecho positivo es un imposible, pues para que pueda ser ejercido hay que utilizar previamente la violencia contra otra persona (frente a los derechos negativos, que pueden ser ejercidos por todos a la vez, los positivos implican que haya siempre un perjudicado). Además, el concepto de derecho positivo es extraño en tanto que no es universal, no se puede aplicar a todas las personas, sino que se circunscribe al ámbito de cada Estado.

Y, por último, la idea de justicia social. Supuestamente existe un ideal de justicia en el mundo y todo lo que no se adecue al mismo es injusto. Hayek lo rebate en Derecho, legislación y libertad: solo se puede predicar la justicia o la injusticia de algo si es consecuencia de un acto deliberado (por ejemplo, no se puede establecer que nacer en una parte del mundo sea justo o injusto, pues es fruto del azar). Bertrand de Jouvenel lo explica en La ética de la redistribución: la redistribución no es de ricos a pobres sino de los generadores de rentas hacia el Estado, que es quien decide posteriormente quién es merecedor de recibir esas rentas (unas rentas que, además, en una parte sustancial, van a parar a las propias castas burocráticas y funcionariales). Y, así, el concepto de justicia social permite crear la idea filosófica de que el Estado es necesario en la educación, sanidad, pensiones o en el cuidado del medioambiente.