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Las empresas de la guerra

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La guerra de Irak, desde el punto de vista económico, podría pasar a la historia por un hecho muy peculiar, y es que muchos de los soldados no trabajan directamente para el estado, sino para empresas privadas. Empresas como CACI International, Global Risk International, Control Risks Group, Blackwater… ofrecen todo tipo de servicios en defensa con un amplio abanico de posibilidades. Según un estudio del George Washington University, en Irak hay más de 30 compañías militares de seguridad que operan sirviendo los intereses del gobierno y la gente.

Los grupos hostiles a la propiedad privada critican a estas empresas culpándolas incluso de la guerra en si misma. El fanatismo nubla la razón de estos grupos y no se dan cuenta de que quien ha provocado la guerra de Irak, como cualquier otra, no son las personas individuales, ni las empresas, sino el estado. Sólo el estado tiene la legitimidad de atacar, asesinar y esclavizar a países y naciones enteras. Es más, una de las peculiaridades de estas empresas privadas de seguridad es su amplia oferta: algunas tratan el sector minorista, otras trabajan para grupos de ciudadanos, para ONGs dándoles escolta para llegar ahí donde es más peligroso, e incluso, para defender a los soldados del estado que se ven indefensos ante los mandatos y leyes internacionales de los políticos que los han enviado a ese infierno.

Algunos economistas, por otra parte, han aprovechado esta fuerte aparición de empresas de seguridad privadas para decir que el sector privado es capaz de cubrirlo todo, incluso la guerra. La aparición de empresas militares privadas, o de seguridad a gran escala, no demuestra que las guerras puedan ser privadas, sino que el orden espontáneo del mercado existe y funciona. Demuestran que cuando hay un déficit en la demanda, automáticamente surge una oferta para cubrir ese vacío en el mercado de forma eficiente. Efectivamente, el outsourcing o subcontratación de empresas privadas de seguridad ha sido la respuesta a la ineficiente y costosa forma de hacer la guerra cuando era el propio estado quien se ocupaba de ella.

Vemos que el mercado responde a las necesidades de demanda real, y también, vemos que la guerra sólo puede tener una forma de financiación, ha de tener un coordinador central que acapare el interés y dinero que la haga posible, porque aún usando medios privados el fenómeno de la agresión unilateral y masiva es enormemente caro moviéndose el resultado, además, en un mar de incertidumbre altamente volátil y hostil donde los beneficios no son propiamente económicos —supuesto contrario a la filosofía del libre mercado— sino políticos. En otras palabras, sólo un órgano ajeno al sistema de  financiación del libre mercado puede ser el único capaz de fraguar las guerras masivas. Un órgano que siempre pueda retroalimentarse y tener sufrientes fondos como para continuar con ellas salgan bien o mal. Esta indiferencia total hacia los resultados monetarios es una contradicción directa a la estructura de la economía libre y privada.

Las herramientas usadas por la organización política “supra económica” que comienza y desarrolla el planificador son: los impuestos, deuda ilegítima —en cuanto no endeuda su activo, sino el futuro activo de terceros— y la inflación crediticia; o lo que es lo mismo: su financiación es la extorsión, el robo, y el fraude.

En un estado puro de laissez-faire (literal o virtual inexistencia de medios políticos) la guerra masiva sería una tarea imposible de asumir.

En conclusión, las empresas de la guerra, que bien analizadas son compañías de seguridad–agresión con una alta división del trabajo que responden a una demanda agregada real, sólo son el resultado de una evidencia: que el mercado es dinámico, vivo y se transforma continuamente a través del orden espontáneo. No han nacido para hacer el mal, sino porque el estado omnipotente ha canalizado su gasto en ellas.

Las guerras, así pues, son el resultado único de los políticos y del estado. Si no queremos guerras no hemos de desmontar el libre mercado, sino al estado.

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