Usted está aquí

Liberales contra la inmigración

Puede parecer chocante, pero es cierto que hay cierto debate dentro del movimiento liberal respecto de la inmigración, y hay liberales, libertarios si se refieren a sí mismo en inglés, que quieren que el Estado imponga límites a la llegada de nuevas personas a un territorio. No es que no tengan razones para defender su posición, y no voy a negar en este punto que sean suficientes. Lo chocante no es eso, sino que parece estar en colisión con el resto de ideas sobre la (in)conveniencia e (in)justicia del recurso a la coacción masiva por parte del Estado.

Esta sensación la tiene también David Hathaway, que ha escrito un breve libro titulado E unum pluribus. Immigration: Individual vs. National borders. El libro está dedicado a sus colegas libertarios partidarios del control de la inmigración. Pero por algún motivo que no logro entender, nunca los cita. No cita siquiera su nombre. Se refiere a ellos sin dar pistas, aunque en la minúscula bibliografía sólo cita cuatro referencias, dos de Hans Hermann Hoppe, una de Ron Paul y otra de Murray Rothbard. Hoppe, claro está, es el centro de sus críticas, aunque sólo lo cita para darle la razón, y señalar acto seguido que si siguiese el mismo razonamiento en materia de inmigración no pensaría como lo hace. Aunque, de nuevo, tenemos que suponer que las críticas van encaminadas hacia él.

El principal argumento de Hathaway es que todo el mundo tiene derecho sobre su propiedad, y nadie tiene derecho sobre la propiedad ajena. De modo que un ciudadano puede contratar a una persona aunque provenga de otro país, y un tercero no puede medrar en esa relación, que es voluntaria. Y si uno acepta ese principio, defender que un organismo que tiene poderes exorbitantes, que reclama el derecho de decidir sobre la vida y la propiedad de los demás, medre en la vida de los ciudadanos para obtener un objetivo “social” como elegir quién accede y quién no a un territorio se hace muy complicado. De modo que Hathaway lo tiene fácil.

Por ejemplo, señala que hay liberales que temen al gran Gobierno federal (escribe en el contexto de los Estados Unidos), y proponen la creación de naciones más pequeñas, quizás más compactas socialmente, que impondrían barreras a la llegada de nuevas personas. Pero en una sociedad libre esa norma sólo es posible si todos la aceptan todo el rato. Si un miembro de esa sociedad, o varios, decide alojar o contratar extranjeros, ¿cómo se lo va a impedir el resto?

El autor lo expresa así: “¿Cómo concluimos que una sociedad anarcocapitalista con muchos propietarios elegiría de forma unánime dejar fuera a personas de otro país si hay propietarios que quieren que vengan?”.

Sólo puede hacerse por medio de un proceso político, es decir, por medio de la creación de un Gobierno que actúe en nombre de “la sociedad” en su conjunto y se sobreponga a los deseos de cada uno de los ciudadanos. Por eso dice Robert Higgs, citado en este ensayo, que “la analogía entre la casa de uno o cualquier otra propiedad privada y el territorio de un Estado nación no es sólo fallida, sino que es estúpida”.

Otro argumento es que los inmigrantes hacen uso de las infraestructuras y otros bienes públicos que han sido sufragados con los impuestos de los naturales del país, y sólo ellos pueden utilizarlos. Esta afirmación tiene varios problemas. El primero es que esos bienes públicos se han creado con el dinero extraído a lo que Hathaway llama “ganado fiscal”, decididos en un proceso en el que las preferencias de la sociedad sólo tienen una influencia indirecta: su destino, su uso, sólo puede recaer en el proceso político. Luego el argumento supone someterse a esa decisión “colectiva”, o como dice el autor “asume la inevitabilidad de los impuestos”.

Lo mismo cabe decir del estado de bienestar. Es preferible abrir las fronteras a los inmigrantes aunque ello suponga una presión sobre el mismo. El estado de bienestar no contribuye a mejorar la sociedad; todo lo contrario. Una de las consecuencias del mismo es que allí donde el mercado favorece la armonía entre naturales y extranjeros, las ayudas públicas generan conflicto. Cuando no había estado de bienestar en los Estados Unidos, entraban miles de trabajadores procedentes de todos los países, y eso no suponía ningún problema, pues quienes llegaban aportaban al resto del país algo muy valioso: su trabajo y su empresarialidad. Las ayudas públicas convierten al inmigrante en alguien que quita del resto, y hace que una parte de la sociedad le vea con recelo. Ya no hay armonía, sino conflicto. Es mejor que entren y comenzar a desmantelar el estado de bienestar.

Pero hay otros argumentos a favor de restringir la inmigración, que también se consideran aquí. Las personas que acuden a un país y proceden de otro tienen una cultura propia, y el choque cultural podría generar conflictos, o podría hacer que la cultura original remitiese o desapareciese. Hathaway hace una reflexión según la cual las culturas que ofrecen valor a propios y extraños no desaparecen, lo cual puede ser cierto pero parece ser una materia cuya complejidad desborda las pretensiones del ensayo.

Y queda, por último, la violencia. Hathaway se ríe de la idea de que haya liberales que piensen que “los de fuera en nuestra “nación” sean una mayor amenaza que la del Estado haciendo uso de su fuerza”. Es ingenioso, pero por desgracia no estamos ante la tesitura de acabar con el uso de la fuerza por el Estado, y elegir entre éste y la inmigración es una falsa dicotomía.

Los argumentos del autor son menos completos de lo que podrían ser, quizás porque no cita a los autores que quiere criticar. Pero en conjunto ofrece un ensayo con motivos suficientes como para mostrar las incoherencias de quienes se oponen al uso de la fuerza por parte del Estado en todos los ámbitos menos en este.