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Los contribuyentes acuden al rescate de las inmobiliarias

En un momento de crisis económica como es el actual, muchos ciudadanos contemplan boquiabiertos el desesperado intento del Gobierno por tratar de rescatar a las empresas que se ven abocadas a la quiebra, en concreto aquellas que pertenecen al sector de la construcción. No deberían extrañarse tanto. A poco que conozcan cómo funciona en realidad el negocio inmobiliario en España, se percatarían de inmediato que la corrupción y el pago de favores son los ejes esenciales que dominan las relaciones existentes entres promotores y autoridades locales, autonómicas e, incluso, estatales.

El elevado grado de intervencionismo público que reina en el ámbito urbanístico es la causa esencial de la podredumbre y el mal olor que desprenden los lazos político-inmobiliarios en este país. Y es que, todo proyecto, obra pública, edificio residencial o reforma inmobiliaria ha de pasar, obligatoriamente, por el despacho administrativo de turno. Es decir, por la aprobación de la autoridad política pertinente.

Tras más de diez años de crecimiento exponencial, el negocio del ladrillo en España ha generado suculentos beneficios económicos para ambas partes. Los promotores se han enriquecido hasta niveles exorbitantes gracias a la burbuja inmobiliaria, al tiempo que los ayuntamientos y los gobiernos regionales se frotaban las manos viendo el caudal de ingresos fiscales proveniente de la venta, transmisión y construcción de pisos y suelo (tanto urbano como rural).

Y eso ciñéndonos exclusivamente a la vía legal. Es decir, sin contar los sobres y maletines que se intercambiaban diariamente en el seno de los despachos públicos, a cambio del ansiado permiso o concesión que permitiera la recalificación de un terreno que, hasta ese momento, tan sólo podía emplearse a modo de patatal.

Sin embargo, la fiesta del ladrillo ha llegado a su fin tras el pinchazo de la burbuja crediticia. El sector de la construcción se derrumba a nuestro alrededor. Ante esto, la Administración Pública ha acudido al SOS lanzado por el sector aprobando todo un paquete de medidas destinadas a rescatar a sus socios y amigos. Sin embargo, será usted quien, finalmente, pague la factura de este particular Plan Marshall made in Spain.

En este sentido, la Administración Central prevé inyectar, por el momento, cerca de 25.000 millones de euros (2,5 por ciento del PIB) en el mercado residencial, a través de avales crediticios otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para la concesión de hipotecas destinadas a VPO y préstamos a los promotores de vivienda protegida. A ello, se suman, como mínimo, otros 12.000 millones de euros extra para impulsar obra pública.

Y ello, sin contar los planes específicos de rescate que han puesto en marcha la mayoría de gobiernos regionales. El último caso es el de Castilla-La Mancha. En concreto, la Junta se ha comprometido a comprar el stock de pisos que acumulan las inmobiliarias que no sean vendidas antes de un año. Tal barbaridad se traducirá, sin duda, en un abultado coste para las arcas regionales, cuya cuantificación será difícil de precisar. Cómo no, los principales promotores manchegos aplauden la propuesta. ¿Será casualidad que muchas de estas empresas participan activamente en el accionariado de algunos grupos de comunicación a nivel regional? No sean ustedes mal pensados. La Junta lo hace por el bien de la economía autonómica. La única pega es que, además de tener que cumplir puntualmente con el pago de sus hipotecas, serán los contribuyentes manchegos e, incluso, los hijos de éstos, quienes, finalmente engordarán las cuentas corrientes de los constructores gracias a sus impuestos. Qué poca vergüenza, qué gran despilfarro...