Los riesgos de la subcontratación

Privatizar un servicio público no es lo mismo que subcontratarlo a una empresa privada para que lo gestione, aunque a menudo la gestión privada sea confundida con la privatización porque hay un poco de "privado" en ambos. Es importante mantener la distinción si no queremos perder perspectiva y llegar a conclusiones endebles.

En el caso de la privatización, el Estado transfiere íntegramente una actividad pública al sector privado. El Estado no sólo deja de producir y proveer el servicio, también deja de financiarlo a través de impuestos. En el caso de la subcontratación el Estado deja de producir/proveer el servicio, pero permanece como comprador. El Estado subcontrata empresas de titularidad privada para que gestionen un determinado servicio público. Cuando Telefónica o British Telecom fueron privatizadas, por ejemplo, tuvieron que empezar a competir por el dinero de los consumidores. Los beneficios o pérdidas de estas empresas en el mercado abierto son una función de su éxito o fracaso a la hora de servir a los consumidores. Cuando el Estado, en cambio, subcontrata la gestión de los hospitales o la recogida de basuras a empresas privadas, las empresas deben competir entre sí para hacerse con el contrato, pero los contratantes no son los consumidores sino el Estado.

La subcontratación es, por tanto, un sustituto muy pobre de la privatización. La provisión o gestión del servicio es privada, pero mientras sea el Estado el que pague la factura las empresas tienen incentivos para servir al Estado y no a los consumidores, y el Estado es quien define lo que los usuarios van a recibir. El Estado tampoco sabe lo que los consumidores desean en realidad, pues estos no pueden revelar sus preferencias eligiendo en el mercado. En definitiva, con la subcontratación no tiene lugar el proceso competitivo que lleva al descubrimiento de nuevas y mejores fórmulas de servir a los consumidores.

Pero lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno: ¿es la subcontratación de servicios públicos un paso adelante, aunque la solución óptima sea la privatización? A primera vista eso parece, pero un examen más detenido deja entrever que hay luces y sombras.

La principal ventaja de la subcontratación es que la empresa privada tiene más incentivos que la empresa pública para reducir costes (porque así aumentan sus beneficios) y proveer un servicio decente (porque de lo contrario el Estado puede subcontratar a otra empresa). Es cierto que la empresa privada, porque responde ante el Estado y no ante sus usuarios, quizás tienda a reducir demasiado los costes y la calidad del servicio se resienta, pero en general la subcontratación tiene el potencial de ahorrar dinero a los contribuyentes o de procurarles un mejor servicio por el mismo dinero. Los ejemplos de gestión privada de servicios públicos son numerosos y parecen corroborar este punto. Se ha introducido un poco de competencia, y un poco es mejor que nada.

Otro aspecto positivo es que la gestión privada, si se demuestra más eficiente que la pública, puede allanar el camino a la privatización. Los ejemplos actuales de gestión privada pueden emplearse para ilustrar la superioridad de la empresa privada y minar los prejuicios que la gente tiene en su contra. Un aumento de la subcontratación puede abastecernos de más ejemplos (imperfectos, pero elocuentes) de que "el mercado puede encargarse de esto". La otra cara de la moneda es que si no mantenemos clara la distinción entre subcontratación y privatización la gente puede achacar las deficiencias o los fracasos de aquélla a la empresa privada (Blackwater es un caso reciente).

Dando la vuelta al argumento de la eficiencia algunos liberales sostienen que la subcontratación es peligrosa precisamente porque hace al Estado del Bienestar más eficiente, y a la postre más soportable e inmune a la crítica. Pero este razonamiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, sugiere que debemos anhelar el Estado más ineficiente posible. ¿Queremos realmente que la sanidad pública mate a sus pacientes para que la gente vea que la privatización es necesaria? ¿Queremos que la escuela pública haga de nuestros hijos unos analfabetos para que la gente exija un cambio? ¿El fin justifica los medios? En este caso el fin es el liberalismo y el medio es hacer sufrir a las personas para que se den cuenta de que el mercado es necesario. No creo que utilizar a las personas de este modo para un fin político represente en absoluto el espíritu liberal.

El argumento de que la subcontratación es peligrosa porque hace eficiente al Estado sí es válido, no obstante, aplicado a determinados servicios que son injustos o que conllevan injustica. ¿Queremos que el Estado sea más eficiente en la guerra contra las drogas? ¿Queremos que subcontrate la recaudación de impuestos? Bruce Benson, por ejemplo, explica que la subcontratación reduciría los costes de gestionar las prisiones, pero en el contexto actual eso significa que será más atractivo para el Estado recurrir a ellas y que más gente inocente, condenada por delitos sin víctima, puede acabar entre rejas. La solución parece obvia: subcontratemos aquellos servicios que son "inofensivos" e inequívocamente útiles (hospitales, recogida de basuras, aeropuertos) y dejemos a un lado los servicios más cuestionables (policía, ejército, prisiones). El problema es que, aunque sobre el papel podamos separarlos, en la práctica la subcontratación de unos servicios quizás empuje a la subcontratación de otros.

Un riesgo importante son los nuevos vínculos que se crean entre el Estado y los empresarios. La subcontratación alinea los intereses de los empresarios (tanto los que se benefician del contrato como los que podrían beneficiarse) con los intereses del Estado. El liberalismo pierde aliados y el Estado gana socios. La frontera que separa el Estado de la sociedad civil se difumina. Hoy en día ya sucede este fenómeno en cierta medida. La subcontratación podría acentuarlo. Además existe el peligro de que en determinadas áreas la empresas subcontratadas desplacen a las empresas puramente privadas, que al no recibir sus fondos del Estado no son capaces de reducir tanto sus costes para competir (los cheques escolares tienen ese riesgo, por ejemplo).

El balance, en mi opinión, no está claro. Recibir un servicio menos nefasto a cambio de nuestros abusivos impuestos quizás sea una razón suficiente para defender la subcontratación en varios ámbitos. El problema es que la "subcontratación buena" y la "subcontratación mala" pueden venir en paquete.