Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha presentado su informe Clasificación Anual Sobre la Libertad de Prensa. Sin ser un índice cien por cien infalible, es la mejor herramienta de la que disponemos para analizar la situación de este derecho, íntimamente ligado al de la libertad de expresión, en el mundo y por países concretos.
En 2015 la Clasificación no ofrece demasiadas sorpresas. Como era de esperar, Venezuela retrocede puestos a un ritmo alarmante. A la tradicional política liberticida contra los medios no chavistas se suma ahora la dura represión contra los periodistas que tratan de informar sobre las protestas y la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. En Ecuador las cosas también han ido a peor, al imponer el Gobierno de Correa una norma de rectificación obligatoria que se ha convertido en «una forma de censura institucionalizada».
La única sorpresa es, tal vez, que España mejora dos posiciones y pasa del puesto 35 al 33. Pero esta aparente mejoría no es tal. La moderada escalada en el ranking no se debe a que se haya avanzado en esta materia, sino a que otros Estados han retrocedido a un ritmo mayor. La situación en el más extenso de los países de la Península Ibérica ha ido, según el análisis de RSF, a peor.
Uno de los principales motivos que señala el informe es la conocida como «ley mordaza». Por obra y gracia del ministro del Interior, Jorge Fernández (un hombre que atribuye la caída del Muro de Berlín a la Virgen de Fátima), se restringe la capacidad de informar sobre manifestaciones. Esto afecta sobre todo al material gráfico, puesto que ha pasado a sancionarse fotografiar o grabar a las Fuerzas de Seguridad sin autorización. Se trata de un retroceso evidente. Sin llegar a los extremos venezolanos, sí se comparte con el Gobierno de Maduro el afán de dificultar la difusión pública de imágenes de protestas de todo tipo.
No sólo se ha empeorado en eso. Al margen de lo apuntado por RSF, hay otras prácticas del Gobierno de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría que suponen un serio retroceso. No nos referimos al uso partidista de la radio y la televisión públicas (algo que denuncia RSF), puesto que con Rajoy no es mayor que con Zapatero, Aznar o González. La reducción de libertad de prensa afecta sobre todo a los medios privados.
Desde el Ejecutivo se ha pedido la cabeza de directores concretos de periódicos, y se ha logrado. En concreto, la de tres de los cinco más importantes de España. Los destituidos fueron sustituidos por otros más dóciles. A cambio, se regaló a sus editores una Tasa Google o Canon AEDE que es un nuevo recorte a la libertad. No queda ahí la cosa.
El ministro de Hacienda no duda en lanzar, desde su escaño en el Congreso, sus dardos dialécticos contra los medios que han informado de forma poco favorable sobre él o su ministerio. No sólo eso, Cristóbal Montoro carga contra esas mismas empresas periodísticas por no destacar asuntos que a él le gustaría. Desde que comenzara 2015, sólo ha habido dos sesiones de Control al Gobierno, y en ambas ha hecho lo que no deja de ser una forma de presión.
En realidad, y aunque Reporteros Sin Fronteras no apunte a eso, el actual Ejecutivo es el peor en materia de libertad de prensa desde que terminara la dictadura franquista. Resulta incluso más nocivo que los nefastos gobiernos de Felipe González (de triste recuerdo en este terreno). Se ha empeorado sobre todo en lo referido a los medios de comunicación privados.
Son malos tiempos para la libertad de prensa en España. En ocasiones recuerda demasiado, aunque con formas y métodos más suaves, a lo que ocurre en lugares como Ecuador o Venezuela. Menos mal que todavía no se tiene por costumbre apuntar contra periodistas concretos con su nombre y apellido. No al menos desde el Gobierno; desde otro partido, con aspiraciones de llegar al poder especialmente mimado por ciertas televisiones, sí se hace.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!