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Mi casa no es la tuya

Primero de noviembre, solemnidad cristiana de Todos los Santos en la que se recuerda a los fieles difuntos que disfrutan de la vida eterna. En España, otra excusa más para no trabajar.

Escribo estas líneas en la quietud de mi despacho, con la tranquilidad de que al ser un feriado no sonará demasiado el teléfono. En días como hoy cientos de miles de españoles viajarán dentro y fuera de la península, y muchos de ellos se alojarán en arrendamientos turísticos. Ya se explicó hace unos meses en esta misma casa parte de la problemática reglamentaria de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en relación a estos alojamientos. No vengo ahora a reseñar los proyectos del Gobierno nacional en materia de Ley de Arrendamientos Urbanos ni el choque que supondrán estas acciones con la actividad turística en España. Sin embargo, desde el punto de vista liberal, es interesante asumir una serie de postulados a la hora de enfrentar el debate.

Llevamos unos años conviviendo con nuevas formas de alojamiento de temporada: particulares o empresas que arriendan pisos o habitaciones, los cuales están insertos en bloques de viviendas, para breves periodos de tiempo y a través de plataformas de intercambio o reserva inmediata. La regulación hasta la fecha ha sido dispar, dejándose en manos de comunidades autónomas o incluso ayuntamientos con la consiguiente guerra y descontrol.

Más allá de la situación legislativa que se terminará unificando, es necesario atender a la realidad de los propios pisos. ¿Qué hay de los vecinos? ¿Quién debe adoptar los acuerdos? ¿Cómo se resolverán las externalidades? Centramos el debate en lo ajeno (la regulación) cuando más valdría atender a lo propio (las comunidades). Con la actual legislación sería necesaria la unanimidad de todos los vecinos para permitir arrendamientos turísticos en una comunidad de viviendas. Con ello debemos atender a que cuando se adquiere una vivienda, se conocen (o se deben conocer) los estatutos de la comunidad en la que uno se inserta, para saber si ab initio se permiten alquileres, oficinas o actividades comerciales. ¿Sería justa una dictadura de la mayoría por la que un vecino de un edificio residencial tuviera que soportar un piso turístico junto al suyo, sólo porque hay más síes que noes en una votación? Cuando uno adquiere una vivienda en un edificio residencial no espera residir en un hotel. Todo parece indicar que el ejecutivo socialista tratará de pactar con las comunidades autónomas reformar el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, para requerir mayoría de 3/5 en relación a estos acuerdos. ¿Está dispuesto el Gobierno a alterar la seguridad de los propietarios? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo afectarán los cambios a la libertad y la seguridad de los propietarios?

La protección de la propiedad privada en España es dantesca, requiriéndose meses e ingentes cantidades de dinero para desahuciar a inquilinos que impagan o a okupas de medio pelo. Por ahora parece que la forma de las comunidades de propietarios se mantenía estable, requiriendo acuerdo unánime para reformar el título constitutivo de la finca. Si el Gobierno sigue adelante podría poner a decenas de miles de españoles en la difícil situación de ver convertidas sus comunidades residenciales en hostales y fondas.

Basta consultar un medio de comunicación generalista para comprender que el Gobierno no sólo tiene en su agenda desenterrar al general Franco y plagiar vídeos electorales de Obama o Trudeau. También pretenden destruir lo poco que quedaba de seguridad jurídica para los propietarios de viviendas. Esperemos que no lo logren.