Usted está aquí

Ondas públicas, libertad cercenada

Como apuntara el economista liberal Murray Rothbard, sin imprentas de propiedad privada no hay libertad de prensa. En un escenario en el que el Estado se atribuye la titularidad de todas las rotativas los periódicos no publican lo que quieren, sino lo que los burócratas toleran. Tal es la situación en España con respecto a la radio y la televisión. Así el artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado.” El espectro, se alega, es limitado, motivo por el cual la Administración pública debe nacionalizar las frecuencias y hacerse cargo de su distribución y gestión. ¿Debe entonces nacionalizar también el suelo y adjudicarlo caprichosamente? Bueno, en cierta medida ya lo hace... Pero, ¿desde cuándo el hecho de que un bien sea escaso es una razón para no someterlo al sistema de precios y no la condición sine qua non para estar sujeto al mismo? La función del sistema de precios es justamente la de asignar bienes escasos de forma eficiente. Los bienes tienen precios porque son escasos. La naturaleza de las frecuencias radioeléctricas no comporta aquí dificultades adicionales. Las ondas serían objeto de apropiación de acuerdo con el clásico principio lockeano del “homesteading” o primer usuario: una frecuencia determinada devendría propiedad de aquél que primero la utilizara. Si un tercero interfiriera en su señal estaría violando su propiedad. De este modo, con arreglo al derecho consuetudinario, un tribunal de Illinois resolvía en 1926 un conflicto sobre interferencias radioeléctricas (Tribune Co. v. Oak Leaves Broadcasting Station).

Las causas, pues, que explican la injerencia estatal son en realidad otras: el afán del poder político por controlar los medios y moldear la opinión pública y la demanda de privilegios por parte de ciertas empresas consolidadas del sector. Es ilustrativo el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (antes la Comisión Federal de Radio), nacida en 1927 con el pretexto de poner orden allí donde ya lo había y utilizada por el lobby de la radiodifusión AM para protegerse de la competencia de la FM y la televisión por cable, y luego por el lobby de la AM y la FM para bloquear el desarrollo de la radio por satélite. Los burócratas de la Comisión, mientras tanto, ejercían la censura denegando licencias y renovaciones a varias emisoras que no eran de su agrado. Cuando en 1934 se incluyó entre sus competencias la regulación de la telefonía y el telégrafo quedó patente que el organismo no se creó como respuesta a la limitación del espectro.

En tanto no se ponga término a la titularidad pública del espectro radioeléctrico y se desmantele el actual régimen de concesiones, el Estado seguirá imponiendo barreras de entrada en el sector y asignando frecuencias a discreción, generando escasez artificial y cercenando la libertad de expresión. Hasta que no se privaticen las ondas los burócratas seguirán arrogándose el curioso derecho de concedernos algo que no les pertenece.