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Opinión pública y círculos viciosos

Quien esté familiarizado con el concepto de guerra justa sabrá que cualquier conflicto bélico debe tener una justificación. Sin él, ningún Estado, monarca, presidente o líder está legitimado para iniciarlo. Algunas veces, estas justificaciones son una serie de intereses de diferentes naturalezas, otras es el miedo y no pocas veces, se mezclan asuntos de honor. Roma se enfrentó a Cartago por el ataque a su aliado Sagunto, que sirvió a los romanos para justificar la que se convertiría en la segunda guerra púnica. Napoleón, en su labor por unificar Europa bajo su liderazgo, provocó el miedo de otras potencias que vieron, no sin razón, sus propios intereses amenazados. Rusia, desde la época de Pedro el Grande, independientemente del nombre o el régimen que haya tenido, enarbola cuestiones de honor, respeto y liderazgo mundial para iniciar o inmiscuirse en conflictos bélicos, al igual que China. Si los ciudadanos deben dar sus vidas y poner en peligro sus propiedades por una causa, que al menos sea justa, acorde a ciertos principios éticos o los intereses generales del grupo, Estado o nación.

Este proceso que he descrito someramente es el mismo que usan las democracias modernas con su potente estado de bienestar. Cualquier política pública tiene que tener una justificación. Y como en la guerra, las tres razones que Tucídides expone, interés, miedo y honor, pueden adoptarse para justificar las políticas del estado de bienestar. Puede ser en interés del legislador, de un partido, lobby o, algunas veces, de los habitantes del país; puede ser por el honor o la dignidad de una minoría o grupo; puede ser por el miedo (real o inventado) a la pérdida, a que algo no se haga realidad o que se llegue a una situación moralmente inaceptable.

No es tan fácil adoptar una política pública, sobre todo si es demasiado novedosa o rupturista, pero esa dificultad puede ser minimizada por la propia naturaleza del sistema. El Estado, según sus necesidades, articula una serie de instituciones que se terminan convirtiendo en herramientas del legislador. Para que una política pública tenga justificación, se necesita una opinión pública favorable que impulse su instalación y que termine formando parte del propio Estado, haciendo más difícil su erradicación, salvo que la naturaleza del Estado cambie bruscamente.

Un Estado totalitario o autoritario no necesita esa opinión pública a favor, pero a largo plazo es mejor tenerla, así que articula mecanismos para implantar ideas oficiales y perseguir las que no lo son; básicamente, desarrolla herramientas de propaganda y de represión. Las democracias también las crean y pueden ser tan autoritarias como las que se implementan en las dictaduras, pero raramente tan descaradas, así que se sustituyen por una educación pública muy controlada, un periodismo que tiende a estar cerca del poder en vez de ser su eterno vigilante, la creación de medios públicos de comunicación y un mundo cultural que ejerce de político, regado con suculentas subvenciones. ¿Que necesitamos una política medioambiental, una sobre reescritura de un pasado incómodo o redefinir los roles de géneros o minorías? Pues escuelas, medios de comunicación oficiales o semioficiales, e incluso artistas comprometidos se dedican meses, años si es necesario, a insistir en esos temas. No es raro que en este proceso, que suele tener un importante componente ideológico, se creen necesidades allí donde no las había y se olviden otras más reales.

Otro instrumento esencial para los gobernantes y Estados son las instituciones que dedican su tiempo a los informes y estadísticas. Sin ellos, el político no tendría datos y dosieres sobre los que justificar la implantación de estas políticas. Especial importancia tiene la estadística, una mala descripción del pasado basada en magnitudes cuantificables que el político convierte en predicción de futuro. Las encuestas son, quizá, más perniciosas, ya que convierten en generales opiniones particulares y temporales, no pocas veces sesgadas a través de preguntas capciosas, que tamizadas por herramientas estadísticas, terminan convirtiéndose en cosas como intención de voto, principales preocupaciones de la ciudadanía u opiniones sobre cómo se ven los líderes políticos.

El resultado de todo esto es la creación de círculos viciosos que funcionan a largo plazo. Un político, partido o grupo de políticos, incluso un grupo de presión, considera que una política o medida es esencial para el futuro. A través de los instrumentos que tiene el Estado, informa primero y se genera una opinión publicada que favorece una opinión pública. Así se fuerza una inclusión en la educación pública, que favorece la aparición de una mayoría de personas a su favor o una minoría con el suficiente poder de influencia, la cual genera, con el tiempo, estadísticas e informes que justifican la política o medida que se buscaba.

Cierto es que todo este proceso es más complicado de lo que he expuesto. En cualquier momento, algo puede interferir. Hay procesos que son antagónicos y que tienden a anularse entre sí, enfrentando grupos y consumiendo recursos, eso sí. Los políticos pueden ser expulsados de sus puestos antes de que se implanten esas políticas; sin embargo, otras llegan a buen (o mal) puerto. Las políticas medioambientales actuales no tienen mucho que ver con las de hace treinta años y se ha tardado en construir una opinión pública adecuada. Las pensiones, la sanidad o la educación públicas llevan con nosotros décadas, así que cualquier cambio, si se percibe positivo, es fácil de adoptarse, pero las políticas de género o la actual descarbonización, incluso la muy reciente demonización del plástico, apenas llevan unos años con nosotros y a lo mejor es más complicada su instalación. En todas ellas, ha habido este proceso que ha terminado en justificaciones o incluso partidos que han cambiado de opinión en relativamente poco tiempo.

Un ejemplo reciente es el Ecobarómetro del Instituto Balear de Estudios Sociales y las empresas Hidrobal y TIRME. Según el estudio, la masificación de coches es el principal problema medioambiental del archipiélago balear, seguida del deterioro de las playas, el derroche de agua, la masificación de personas y la baja calidad del agua potable. Esta situación no es baladí, es paralela a una serie de denuncias por parte de algunas fuerzas políticas y sociales, principalmente ecologistas, sobre el turismo que consideran exagerado y desregulado, y que, sin embargo, es tan importante para la economía balear. En definitiva, se plantea un antagonismo entre medioambiente y economía, entre la calidad del ecosistema y un sistema más o menos capitalista.

Este Ecobarómetro sirve para que se pueda implantar una regulación más intensa de la que existe sobre el turismo y, como consecuencia de ello, sobre la economía balear. Si observamos modelos políticos que se han seguido en situaciones similares, es factible que se limite el paso de coches o se les ponga alguna barrera medioambiental y se refuerce la política fiscal elevando a los impuestos, en especial a los turistas, que podrían tener que pagar una tasa por estar en la región o pasar una noche en el hotel. Esto debería engrosar las arcas públicas, que dedicarán el dinero a instalar éstas y otras políticas.  Y no creo que haya un excesivo rechazo, porque después de unas cuantas décadas de inculcar en los habitantes de las islas estas ideas (estén o no basadas en alguna realidad), es normal y razonable que terminen tomando peso, incluso siendo mayoritarias en la opinión pública y que se acepten sin pocas críticas. Y una vez que se ha conseguido, ahí están los políticos para cumplir lo que los ciudadanos piden.