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Orden en el caos, pero orden espontáneo (parte II)

Contra las políticas regulatorias del suelo y a favor de mayor orden espontáneo en el proceso urbanizador.

Hablaba hace un mes, en la primera parte de este artículo, sobre la necesidad de fortalecer dos pilares esenciales, a priori de difícil pegamento, como base para dar respuestas a los grandes desafíos de salud, higiene y sostenimiento de la economía que nos demanda esta crisis. Estas indispensables columnas son la seguridad y la libertad.

El concepto de ‘seguridad’ siempre nos transporta a un imaginario de restricciones, prohibiciones y barreras, que traen consigo de manera inevitable la limitación de ‘libertad’. Pero en la era covid debemos darle otra dimensión a la relación entre ambos términos. La seguridad y la certidumbre frente al virus crecen de manera exponencial a medida que incorporamos mayor flexibilidad y adaptabilidad a nuestras actuaciones, y la flexibilidad requiere de la ruptura de trabas y barreras, por tanto, del aumento de libertades. Concretando, sólo a través de protocolos y herramientas versátiles con capacidad de adaptación rápida a los diferentes escenarios conseguiremos lidiar con los futuros rebrotes y picos de la pandemia con éxito, desechando con este razonamiento la idea de que para obtener más seguridad se debe implementar la prohibición o la restricción. Por tanto, para ganar en seguridad, necesitamos aumentar la libertad.

Y esto es, dentro del espacio concreto del urbanismo y la edificación -que es de lo que me ocupa hablar-, por un lado, dar seguridad a través de protocolos preventivos, de experiencias seguras y de barreras arquitectónicas de garantía que ayuden al usuario a gestionar el miedo y la intranquilidad, y, por otro, ampliar el abanico de libertad a través de reformas liberales y flexibilización del sector –demandas históricas precovid- que actúen, no sólo ponderando conductas cívicas maduras de mayor asunción de responsabilidades individuales, sino como incentivo para dinamizar la economía, activar la motivación y la confianza de la masa empresarial y, de paso, desdeñen la corrupción endémica del sector.

La argamasa para llevar ambos conceptos, seguridad y libertad, a la práctica en armonía es la flexibilidad en la normativa y la versatilidad en los diseños que concebirán las experiencias seguras y de confianza. Y es éste, y no otro, el gran reto: la gestión de la incertidumbre y del miedo. Y para ejemplificarlo, tomo lo ocurrido la semana pasada donde hemos visto a maestros y profesores cuestionar la apertura de aulas en septiembre por falta de medidas. Cierto es que esos protocolos deberían haber estado preparados hace mucho tiempo, coordinados desde el Gobierno central con las CC. AA. e importando, por qué no, modelos relativamente eficaces de otros países que ya se han enfrentado a la amenaza de la reanudación escolar. Pero no es menos cierto que la apertura de los colegios es tan necesaria como que funcionen supermercados, industrias o cualquier otra actividad. Hay que abrirlos con medidas prudentes y protocolos de disuasión de contagios, pero siendo conscientes de que el riesgo nunca va a ser nulo. A mi modo de ver, el Gobierno está haciendo una dejación superlativa de sus deberes y esto provoca un miedo normal en los docentes, que se entiende que tengan. Sin embargo, pienso, deben echar mano de su responsabilidad y si no, dejar paso a otros con más vocación. Son palabras duras, pero la situación es tan crítica que, en ocasiones, es necesario dejar el “correctismo” a un lado. Ellos tienen un deber con su profesión y con su país, como lo tuvieron y siguen teniendo los sanitarios, entre otros profesionales.

He aprovechado este tema de actualidad, la reapertura de colegios, para ilustrar cómo de relevante es el desarrollo de protocolos serios, preventivos y flexibles que aporten seguridad para minimizar el miedo y que sean lo suficientemente versátiles dentro de un marco de libertad para que puedan acogerse de manera rápida y eficaz a los cambios que exige la covid-19. Volviendo al tema de las aulas, hablamos, por ejemplo, de implementar protocolos para habilitar pabellones y otros espacios públicos con el fin de que puedan convertirse en aulas durante las mañanas, y así dotar del suficiente distanciamiento social que no se puede asegurar en los colegios, pero que el uso de estos espacios siga siendo el original durante la tarde, u operaciones similares.

El confinamiento y el nuevo estilo de vida que han dejado los efectos de éste han sacado a flote problemas exclusivamente arquitectónicos derivados de la relación entre el hogar y la ciudad, de los gradientes de intimidad-socialización, del distanciamiento social y del uso de edificios como colegios, hospitales, oficinas, fábricas, restaurantes, etc. Se puede asegurar que gran parte de las medidas de protección y lucha tomadas frente a la covid-19 han sido relativas al modo de ocupar el espacio íntimo, el común y la ciudad, por tanto, todas ellas, cuestiones arquitectónicas y urbanísticas.

A veces los desastres de la naturaleza o las tragedias que causan los hombres suceden para darle la oportunidad a un genio que las repare, como pasó con el terremoto de Lisboa de 1755, que permitió reconstruir gran parte de la ciudad, con ordenamiento racional, o recuperar El Chiado tras el incendio de 1987 gracias al oficio de Álvaro Siza. A lo largo de la Historia, los grandes avances del urbanismo han venido como resultado de grandes crisis epidémicas y sanitarias, la peste, la viruela, entre otras, y siempre ha sido el urbanismo higienista quien ha dado con la solución. No es la primera vez que la arquitectura y el urbanismo se acomodan a nuevas necesidades surgidas de desastres, como los Bulevares de Haussmann de París en 1800 o las British New Towns en 1950, aparecidas con motivo de la reconstrucción de Europa; y donde ambas ya introducen el concepto de salubridad en la arquitectura, entendida, según la OMS, como el estado de bienestar físico, mental y social. Es inevitable que las nuevas formas de trabajo, vida y relación social que se incorporarán a nuestras costumbres, muchas de ellas ya antiguas demandas del hombre contemporáneo, tendrán reflejo en las nuevas propuestas arquitectónicas y todas deben confluir en dar seguridad y certidumbre a los ciudadanos.

Desde estas líneas denuncio que no se está contando con los arquitectos para dar solución a esta crisis epidémica, como sí se ha venido haciendo a lo largo de nuestra Historia. Quiero pensar que es porque directamente no se están implementado protocolos, sólo una suerte de actuaciones improvisadas. Lo segundo, sin duda, más grave que lo primero. Insisto, necesitamos más seguridad.

Son las administraciones las que deben confiar en los profesionales de la arquitectura y apoyarse en ellos para los nuevos encargos y para fortalecer las alianzas público-privadas en cada una de las respuestas a dar a todos estos cambios; deben contar con los arquitectos para diseñar el futuro, no se puede perder más tiempo, hay muchos protocolos que establecer desde cero y mucha regulación que cambiar o dilapidar sin dramatismo ni nostalgias estériles.

Ha tenido que llegar desgraciadamente la covid-19 para desmontar una tela de araña, cargada de burocracia inútil, que condenaba al fracaso muchas iniciativas de desarrollo. La flexibilización del sector y la eliminación de regulación fomentará el impulso de una arquitectura adaptable basada en un pensamiento más individualista donde tome relevancia, a la hora de concebir espacios, la voluntad del propietario, el ingenio del empresario-promotor y la praxis creativa del arquitecto, y no las bizantinas restricciones tomadas por los burócratas desde sus despachos. Más soberanía del propietario unida a la creación arquitectónica independiente. Al final, la pandemia va a ser una oportunidad para aquellos que sepan adaptarse a los escenarios venideros. Las instituciones están obligadas a retirar lastre burocrático, tan costoso como inhibidor para el progreso y el desarrollo. Insisto, necesitamos más libertad.

El problema de fondo es la economía rígida, el exceso de regulaciones, los impuestos altos, el gasto público elevado creciente que se traduce en la consiguiente desmoralización de la función empresarial. Sin un sector privado motivado, no saldremos de esta recesión, y, para ello, es de vital necesidad flexibilizar el mercado ampliando el abanico de libertad.

Parece que algunos políticos ya han tomado consciencia. Almeida y Villacís han trabajado en Madrid sobre el proyecto de viviendas low cost en suelo municipal para pinchar el alto precio del alquiler. No son iniciativas malas, no totalmente privadas, pero vienen a dar una solución a corto plazo necesaria. No dejemos de olvidar que las actuaciones urbanísticas están totalmente cedidas a las comunidades autónomas y los municipios, sobre esto comenté en la primera parte de este artículo.

Otros avances en este sentido los han realizado comunidades como Madrid, Murcia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Extremadura o Galicia, que han cambiado normativa para flexibilizar su control sobre los planes urbanísticos y dinamizar el sector del ladrillo, reformas reglamentarias para aligerar la tramitación de proyectos e iniciativas que, una vez más, es posible que sitúen a la edificación en primera línea de los segmentos productivos elegidos para servir de locomotora a la recuperación económica, al igual que ocurrió a mediados de los años noventa, cuando el ladrillo fue la punta de lanza del crecimiento del PIB. En mi opinión, hoy es muy necesario volver a apostar por él, confiando en que repita su rol de trampolín.

Madrid es la autonomía que más lejos ha ido en la flexibilización y el desahogo de trámites, ha sustituido las licencias de obras por declaraciones responsables. De esta manera, estas licencias que se otorgaban en 12 meses se pueden hacer de inmediato para que tanto los ayuntamientos como particulares no pierdan tiempo ni presupuesto en la espera. Y para ello, se modificará la Ley del Suelo autonómica con la intención de eliminar esa barrera administrativa. Esta medida sin duda agilizará los plazos de manera notable.  

Otro ejemplo de avance son las modificaciones que se han introducido en la recién aprobada Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura. Normativa que, a mi modo de ver, ya era un nuevo freno al desarrollo, además de ser una copia sin sentido de la Ley del Suelo valenciana. Dichas modificaciones vienen a flexibilizar las limitaciones injustificadas en el ámbito rústico. Un retroceso manifiesto que condenaba cualquier opción de desarrollo futuro en esta tierra. Con las rectificaciones, los ayuntamientos otorgarán licencias reduciendo hasta en un año los plazos, así, actividades como casas rurales, industria agrícola, actividades culturales-educativas, producción de energías renovables, entre otras, son permitidos en el medio rural.

Debemos ser conscientes de que la resiliencia ante la pandemia pasa por ponderar conductas cívicas maduras de mayor asunción de responsabilidades individuales, y que éstas contribuirán a garantizar nuestra salud y la del que nos rodea. Debemos asimismo exigir a nuestros gobernantes que las implementen en forma de protocolos de garantía, lo que exige ampliar nuestro espectro de libertad. Por tanto, para doblegar con seguridad al virus, es necesario ampliar la libertad individual y la común de nuestro ordenamiento. Ya lo decía Benjamin Franklin: “Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merecen ninguna de las dos cosas.”

Referencias

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