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Perdona nuestras ofensas

Cuando se rompe un cristal, es imposible restituirlo en su forma original, con su prístina transparencia, aunque se logren juntar todas las piezas. Hay normas sociales con las que ocurre exactamente eso: una vez se rompen es muy difícil la vuelta atrás. Eso ocurre con varios ámbitos de la vida en sociedad en los que entra el Estado. Cuando lo hace es un escándalo, a pesar de que lo justifica por motivos económicos, de guerra, de salud pública y demás. Pero luego amplía su actuación, y lo que era un escándalo acaba siendo algo normal, y al final pocos son los que piden al gobierno que retire su mano muerta.

En España llegó a haber una gran libertad en el ámbito moral, especialmente desde la instauración de la democracia. El Estado entraba a dirimir cuestiones conflictivas en el ámbito moral, pero porque estaban referidas a los derechos de las personas, como el divorcio o el aborto. El caso de la campaña “póntelo, pónselo” fue algo distinto, aunque se podía justificar desde el punto de vista de la salud pública. Pero se puso de parte de una opción entre las varias que tienen las personas de conducir sus asuntos.

A mediados de enero, varios autobuses que circularon por el País Vasco y Navarra pasearon 150 carteles en los que se veía el dibujo de cuatro niños desnudos. El dibujo ilustraba perfectamente el reclamo: “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo”. Hazte Oír, la organización de activismo católico, ha respondido con un autobús en el que imprimía el mensaje: “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. A lo cual añadía: “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.

La campaña del autobús de HO ha causado un gran revuelo. Más allá de la referencia biológica (todos hemos estudiado el sistema reproductor en el colegio), la referencia a que si eres hombre, o mujer, no puedes dejar de serlo se ha entendido por muchos como una negación de la transexualidad, como un mensaje que frustra las aspiraciones de miles de personas en esa situación, e incluso como un delito de odio. De hecho, Hazte Oír ha sido denunciada por cometer un delito de odio. El juez entendió que no se daban los supuestos que encajan con ese delito, pero sí un delito de menosprecio.

Hay una diferencia esencial entre la campaña en el País Vasco y la de Hazte Oír: la primera es de un organismo público y la segunda es de una organización privada. Sobre la primera recae la duda de si todos los ciudadanos que han sufragado la campaña, con fondos extraídos coactivamente, la aprobarían o no. En el caso de HO, la campaña la han sufragado con sus propios medios, y utilizando medios legales.

En todo este debate subyacen varias cuestiones. Una de ellas es la generalidad de las normas. El ideal de una sociedad libre sólo es compatible con la igualdad; idealmente con la igual libertad, que es la igual coacción para todos, y sólo puede ser igual si está totalmente ausente. La coacción es siempre al servicio de ciertos objetivos políticos, y éstos no se pueden cumplir por completo si se encuentra con un ámbito en que las leyes son generales y se pueden aprovechar de esa igualdad grupos sociales que tú no quieres que actúen. Por eso la aplicación de los delitos de odio es más pronto cuando es contra ciertos grupos sociales que contra otros. Por eso el Ayuntamiento de Madrid entiende que en los autobuses se pueden mostrar anuncios de unas organizaciones, pero no de otras. Antonio José Chinchetru, en un reciente comentario, ha hecho ver la hipocresía que hay a este respecto.

Otra cuestión es la de los delitos de odio. El derecho, que surgió como la sanción de los mejores usos, que se adoptaban para evitar los conflictos sociales, se ha convertido en un conjunto de normas arbitrarias, desligadas de los derechos inherentes a la persona, producidas en la maquinaria política, y sujetas, por tanto, a la ideología dominante.

El delito de odio no es más que la última vuelta de tuerca del viejo delito de opinión. Pero es una vuelta muy totalitaria, porque prohíbe los mensajes que generen odio. El odio no es ni siquiera una opinión; es un sentimiento, que una persona que esté en desacuerdo con un mensaje puede albergar, o no. El odio es un hecho que es infranqueable para la ley, que necesita pruebas objetivas. Por eso hay un terreno para la arbitrariedad, y para que tanto las administraciones públicas como los propios jueces actúen en función de la moda ideológica del momento.

Por otro lado, quien lanza un mensaje es incapaz de controlar las reacciones que éste pueda causar en cada uno de los receptores. Y cualquiera de éstos puede alegar que entiende que es fruto del odio hacia él o hacia cualquier grupo que él defina, pertenezca o no a él. En la práctica, cualquier mensaje que suponga una oposición a una idea o a otro grupo, puede ser denunciado por cualquiera como un delito de odio. El delito de odio es la privatización de la censura total, la entrega a los ciudadanos más intolerantes de un instrumento de censura. Las ideas sólo se pueden combatir en su propio ámbito, el de las ideas.