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Policía política

Los recientes atentados terroristas en Barcelona y Cambrils han puesto nuevamente de manifiesto la incapacidad de los Estados, entidades que detentan el monopolio de la violencia, para hacer frente al fenómeno yihadista. Pero no solo es que la anquilosada y rígida estructura militar y policial estatal lo tenga muy complicado para evitar que un loco atropelle a los viandantes en una concurrida calle de la segunda ciudad del país, sino que padecemos el añadido de que esa estructura se mueve en gran medida por motivaciones políticas (cuestión al margen es el heroísmo que individualmente los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad demuestran).

Hemos visto cómo las cúpulas policiales de unos y otros han antepuesto los intereses políticos de sus amos a la seguridad de las personas. Los Mozos de Escuadra, para evitar intromisiones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y demostrar así que pueden ser la policía de un Estado independiente, hicieron caso omiso a las advertencias que les hizo llegar la policía belga sobre la deriva radical en la que había caído el imán de Ripoll, futuro cerebro de los atentados, durante su estancia en el municipio flamenco de Diegem. Recordemos que para cuestiones de terrorismo la competencia recae sobre la Policía y la Guardia Civil, de ahí que sea verosímil pensar que los Mozos no compartieran esa información para impedir que Madrit se inmiscuyera en asuntos catalanes.

El mismo razonamiento podría aplicarse a otra cuestión no menos grave. El día anterior a la matanza de Las Ramblas explosionó una casa en Alcanar. La juez de Amposta que se personó en el lugar de los hechos para realizar una inspección ocular alertó a los mossos que se encontraban con ella de que el casi centenar de bombonas de butano que allí había constituía un indicio de terrorismo. La respuesta de los policías autonómicos catalanes, que defendían la hipótesis de que ese chalet era un laboratorio de droga, fue la siguiente: «Señoría, no exagere». Pero tras el fatídico atropello no les quedó más remedio que reconocer que detrás de esa explosión se encontraba una célula terrorista ideando los atentados.

Razones políticas han sido también las que han llevado a la Generalidad de Cataluña a fomentar sin disimulo alguno una inmigración no castellanohablante, musulmana, en su mayor parte, con la aspiración de construir la nación a partir de la inmersión exclusiva en el catalán, sin interferencias del idioma enemigo. No puede extrañar, en ese sentido, que Cataluña ocupe el dudoso honor de ser uno de los territorios de Europa que más radicales islámicos alberga.

De la contraparte de los Mozos de Escuadra, las tristemente célebres cloacas de Interior, poco más se puede añadir. En lo que respecta a este asunto, amparadas en una escalofriante razón de Estado, montaron, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, la Operación Cataluña. Y una de las derivadas de ese tinglado político que buscaba desactivar el separatismo catalán a través de una red de espionaje y amedrentamiento fue el boicot a los Mozos de Escuadra, privándoles de acceso a información relevante en relación a la lucha antiterrorista.

Otro punto en el que no se ha incidido lo suficiente es la inmensa cobardía del Gobierno de España, que le ha llevado a no querer asumir el coste político de desplegar el Ejército en las calles catalanas en una situación real de máxima alerta terrorista. No es que los militares vayan a ser la panacea, pero cierta labor disuasoria sí podrían ejercer. Sin embargo, una vez más prima el cálculo electoral sobre el interés y la seguridad de la sociedad.

En definitiva, si alguna justificación tiene el Estado es la de proteger nuestras vidas. Pero a cada momento se demuestra que lo único que mueve a quienes detentan el poder es su propio interés personal: medrar políticamente.