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¿Por qué hay que privatizar el agua en España?

Cuando se plantea la necesidad de privatizar el agua saltan todas las alarmas. ¿Por qué debe privatizarse un bien necesario para la vida? La respuesta es sencilla: precisamente porque el agua es necesaria para vivir debe ser privatizada. Ya que el gobierno emponzoña todo lo que toca, mejor será que nos moleste en las áreas menos importantes de nuestra vida.

El caso a favor de la privatización es evidente en el Tercer Mundo. Allí los distintos Estados son incapaces de abastecer a sus poblaciones; no por falta de agua, sino por completa ausencia de instalaciones para transportarla. De hecho, en multitud de zonas de los países pobres, el agua es transportada a través de camiones cisterna privados a un precio ocho veces superior al que los individuos habrían pagado en caso de que se dejara a las empresas construir las redes de suministro de agua.

Los ciudadanos de los países pobres entienden perfectamente nuestra respuesta anterior sobre la necesidad de privatizar el agua. El monopolio público sólo les ha generado sequías y deshidrataciones masivas; por desgracia, la incompetencia del gobierno es tan portentosa que sus errores dan lugar a nefastas consecuencias.

Sin embargo, los beneficios de la privatización pueden no resultar tan evidentes para el caso español. Si ya tenemos las instalaciones y el precio del agua no es descabellado, ¿qué mejoras obtendríamos con la privatización? ¿Realmente merece la pena?

Aun sin pretender ser exhaustivo, la privatización del agua redundaría en nuestro beneficio de tres formas diferentes.

La primera y más evidente es que los usos del agua mejorarían. España es un país con grandes plantaciones agrícolas que utilizan métodos de inundación dado los bajos precios del agua. Esto supone un despilfarro evidente por cuanto muchas de esas plantaciones dejarían de ser rentables en caso de que el precio del agua no estuviera subvencionado por la Administración. Los períodos de sequía y la sobreexplotación y salinización de acuíferos que sufre nuestro país son una consecuencia de un precio del agua demasiado bajo. Si le preocupa nuestro medio ambiente, defienda la privatización del agua.

La segunda mejora tendría lugar en la calidad del agua corriente. Las distintas administraciones del Estado carecen de incentivos para mejorar y mantener un suministro de calidad, hasta el punto de que en algunas ciudades el agua roza los límites de la potabilidad. Dado que los ingresos del Estado no dependen de la correcta satisfacción de nuestras necesidades (sino de la cantidad de impuestos que sean capaces de rapiñar) no se genera una efectiva competencia entre los distintos proveedores de agua que impulse una mejora de su calidad.

Por último, la privatización del agua permitiría una correcta imputación de los precios y de la rentabilidad esperada a los distintos bienes de capital que coadyuvan al suministro de agua. Hoy en día las inversiones en pantanos, salinizadoras, tuberías y trasvases diversos se hacen sin ton ni son. El Estado ignora si estas obras son rentables (y cuál de sus estructuras tecnológicas y trazados es más rentable), precisamente porque no existe un precio del agua que permita calcular su valor presente.

Si privatizáramos el agua nadie nos garantiza que alguna empresa privada ejecutara finalmente el Plan Hidrológico Nacional; eso sí, tendríamos la garantía de que, si se ejecutara, ello se debería a su rentabilidad y por tanto a su necesidad. Es más, en caso de error en la estimación de los beneficios, sería la empresa quien asumiría las pérdidas y no los sufridos contribuyentes.

No sólo el Tercer Mundo necesita reconocer la propiedad privada sobre el agua; España sufre desde hace décadas las consecuencias del estatismo en este campo. Privaticemos el agua: nuestros acuíferos, nuestros estómagos y nuestros bolsillos lo agradecerán.