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¿Privatizar el Amazonas?

Hace unas semanas saltó a los medios de comunicación una de esas bombas que levantan la pasión de unos o la indignación de otros. Lula da Silva, una de las figuras clave del progresismo, el que desde las procelosas aguas de la lucha sindical llegó a la presidencia del país más poderoso de América del Sur, anunció sin que le temblara el pulso que tenía previsto privatizar el Amazonas para asegurar su conservación. No sólo eso, el principal grupo ecologista del mundo, el terror de los transgénicos y el amigo del lince ibérico y del desmán de los Pirineos, Greenpeace, estaba de acuerdo. Tal noticia, como no puede ser de otra manera, tiene truco. Realmente no estamos hablando de una privatización; es de nuevo una intervención estatal, pura y dura y nada novedosa.

La intención de Lula da Silva y de su gobierno es gestionar de manera sostenible el bosque distinguiendo el territorio en tres tipos de terrenos, las áreas de conservación, los destinados al uso comunitario por indígenas y pobladores tradicionales y los que se concede en forma de parcelas para la explotación forestal limitada a empresas privadas. ¿Privatización, dónde? El Estado brasileño hace algo similar a lo que suele hacer cualquier otro Estado, que por arte de la confiscación se apodera de todo aquello que pueda tener algún tipo de utilidad. Además, pervierte el término privatización quizá para atraer a cierto sector privado que puede sentirse molesto con el ecologismo más radical y que con esta medida podría tranquilizarse.

Que las empresas encuentran en lo estatal una fuente de dinero del que poder sacar algún pellizco es más que evidente si nos fijamos en cualquier sector público y no hay que irse al Amazonas ni al Congo para buscar ejemplos. Bastaría con echar un vistazo al sector de la construcción español. Decenas de empresas constructoras funcionan como oligopolios locales en torno a determinados concejales de todo signo y color, de izquierdas y derechas, que participan en esta corrupción generalizada. La posesión del suelo por parte del poder público, sea central, autonómica o estatal, y las políticas de vivienda protegida de las tres administraciones, es la razón de su existencia. La continua necesidad de construir vivienda pública para "intervenir en el mercado" termina tomando el dinero de los contribuyentes y alimentando a estos privilegiados que ven en los "concursos públicos" verdaderos cuernos de la abundancia.

El Gobierno brasileño ha trazado una política similar a la española. Primero, se apodera del suelo por decreto, nada menos que cinco millones de kilómetros cuadrados. Segundo, establece una política de protección sobre cada uno de los terrenos. Tercero, establece quienes serán los privilegiados, incluyendo en el lote a los indígenas o pobladores tradicionales, quizá con la idea de calmar al boyante movimiento indigenista que con el apoyo ideológico cubano y el petróleo venezolano ya ha conseguido importantes éxitos en Bolivia y pretende lograrlos en Perú y Ecuador. En cuarto lugar, organiza lo que podíamos llamar concurso público, en el que con seguridad y con la excusa de evitar que piratas y "falsas" ONG’s (otro de los sectores más cercanos a los dineros de los contribuyentes) exploten el bosque y hagan contrabando de madera o de cualquier otro producto selvícola, solamente determinadas empresas y no otras accederán en exclusividad a la tala de la madera tropical. La corrupción existente en Brasil –el presidente Lula Da Silva se ha visto muy afectado por lo ocurrido en su partido–, la inmensidad de la selva y la incapacidad de poseer recursos para vigilar todo lo protegido apunta a un inevitable fracaso de este plan.

Resulta fastidioso ver como una tras otra, cualquier medida proteccionista y estatalista termina en fracaso y su sustituta, no menos proteccionistas y estatalista, sigue el mismo camino del fracaso. La presencia de Greenpeace no deja de ser una espada de Damocles en el cabeza del gobierno brasileño. Recordando además que muchas otras organizaciones ambientalistas están en contra de la medida, el apoyo de la primera será relativo en tanto se cumplan sus expectativas. Cualquier desviación del plan original o de que los resultados no se acomoden a sus previsiones supondrá su retirada y por supuesto, una campaña denunciando todos los males del capitalismo, del libre mercado que ha pervertido al Estado brasileño y ha "privatizado" el Amazonas.